Así no va más - Derecho - Universidad Nacional de Córdoba

juicio del valor agregado que éstos pueden aportar a lo largo de las tres etapas, en términos de valiosos
insumos y argumentos en pro de mejorar la calidad del debate entre los diversos grupos políticos en
el seno del parlamento. Una reforma político-electoral constituye esencialmente un proceso de alta
sensibilidad e importancia política, caracterizado por duras y complejas negociaciones.
La experiencia comparada aconseja, asimismo, que todo proceso de reforma político-electoral
tenga brújula para no perder su norte y dé respuesta, directa y coherente, a los problemas y debilidades
que se desean subsanar. Para ello es necesario que dicho proceso se enfoque desde un punto
de vista estratégico, desagregándolo en, al menos, las siguientes preguntas:
1. El porqué de la reforma, es decir por qué se la necesita, cuáles son sus causas y las razones
principales que la justifican. En este primer punto debe atenderse lo que no funciona, lo que se desea
cambiar. Los insumos principales para dar respuesta al interrogante provienen del diagnóstico.
2. La segunda pregunta guarda relación con el para qué de la reforma, es decir con precisar
de manera clara sus objetivos. En este segundo punto se centra la atención en lo que se quiere obtener
de la reforma.
3. El tercer paso se relaciona con la coherencia de la reforma, es decir con la necesidad de
que exista correspondencia entre los objetivos que persigue y los métodos y medidas que se proponen
para alcanzarlos. En este tercer punto la atención esta puesta sobre qué reformar.
4. El cuarto demanda la necesidad de identificar y evaluar los efectos positivos, pero también
los no deseados, de las reformas que se proponen. Es decir, la importancia de realizar una evaluación
global, integral de la reforma propuesta, y no sólo focalizada en los aspectos positivos de las medidas
recomendadas. Recién a partir del tercer paso (propuestas) se estará en condiciones de precisar el
rango y profundidad de la reforma por implementar, es decir, si la modificación propuesta puede llevarse
a cabo vía proyecto de ley o si exige reforma constitucional.
Iniciar un proceso de reforma con una postura a priori a favor o en contra de una reforma constitucional,
sin haber realizado primero un diagnóstico profundo, seguido de un cuidadoso análisis estratégico
como el antes descrito, constituye un grave error que corre el riesgo de terminar anclando
las posiciones (al inicio mismo del proceso de negociación) a una lógica excluyente y perniciosa (a
favor o en contra de la reforma constitucional) que suele dificultar, en grado considerable, las futuras
negociaciones. En esos casos se incrementan las probabilidades de que el proceso de reforma fracase,
a menos que el grupo favorable a la reforma constitucional obtenga mayoría parlamentaria suficiente
para imponerla; pero aún así, la reforma se percibirá por el sector “perdedor” y por un sector de la
población como una reforma impuesta y, por ello, su legitimidad y sostenibilidad en el tiempo se
verán permanentemente amenazadas.
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