La inversión en debate - Diseño Gráfico Ribeiro

edilicia de las escuelas hasta la provisión de
materiales, el perfil de los docentes y la
provisión de servicios alimentarios; 2)
procesos, tanto curriculares, como pedagógicos
y organizativos, y resultados educativos,
es decir, la trayectoria de los alumnos
a lo largo del sistema educativo, en
qué medida repiten, promocionan o
abandonan la escuela y 3) los resultados
obtenidos por cada una de las escuelas en
las evaluaciones nacionales de la calidad
educativa.
Entre las conclusiones del trabajo, Veleda
mencionó la existencia de una gran disparidad
entre las provincias, lo cual justifica
el interés de la perspectiva comparada, y
que también hay una gran discontinuidad
dentro de esas jurisdicciones. Explicó que
si bien al comenzar la investigación creían
que iban a encontrar ciertos patrones, no
pudieron llegar a esa conclusión por la
gran disparidad, lo cual habla de una falta
de coherencia y de planificación en las
políticas.
Como desafíos hacia el futuro, entre otros,
indicó que es importante despejar las desigualdades,
no sólo educativas sino también
las estructurales entre las provincias,
para lo cual sería necesario hacer una revisión
del sistema de coparticipación federal.
Agregó que habría que repensar los
circuitos educativos según los mapas de
pobreza; es decir, que las políticas urbanas
empiecen a entablar diálogos con las políticas
educativas.
Diego Gorgal, a su turno, aclaró que el
aspecto de seguridad que iba a tratar era
aquél vinculado con los jóvenes. Después
de repasar la evolución del delito en los
últimos años, dijo que el segmento de
población joven tiene una tasa de victimización
mayor que el resto, por lo cual una
forma de análisis del fenómeno tiene que ver
con los jóvenes como víctimas de delitos en
general, y como víctimas de delitos específicos,
como pueden ser la prostitución infantil,
el tráfico de niños, etc.
El otro aspecto del problema, es en la
condición de victimarios de los jóvenes.
Apuntó que, entre 1999 y 2001, se duplicó
la cantidad de adolescentes en conflicto
con la ley penal que fueron internados en
la provincia de Buenos Aires, lo que da un
indicio claro de la gravedad del problema.
Opinó, además, que la seguridad es
una cuestión pública que se ha insertado
en la agenda de la gobernabilidad de
la Argentina.
Luego dio a conocer resultados de un
«El cambio en la matriz
energética mundial es
inevitable; el hidrógeno es
el vector energético capaz
de reemplazar a los
combustibles fósiles,
y la Patagonia puede jugar
un rol destacado
en este proceso»
(Sergio Raballo, Capex).
estudio cualitativo sobre la población joven
penalizada, hecho para obtener una
matriz de valores y patrones de comportamiento.
De allí surge que los jóvenes cometen
su primer delito antes de los 18
años (el Estado recién interviene a partir
de los 18 años; la mayoría proviene de
familias fracturadas y con evolución intergeneracional
descendente en la ocupación
laboral; tienen nivel de escolaridad incompleta;
sólo el 1% de los menores internados
tiene el secundario completo; la
vinculación con el mercado de trabajo es
bastante irregular; el motivo que prevalece
para delinquir no es la subsistencia o la
suplencia de un trabajo formal, sino el
consumo de bienes y la mayoría tiene
acceso al consumo de alcohol y drogas.
También subrayó que en la Argentina
todavía no está instalado el fenómeno de
pandillas, que se conoce en otros países, y
que hay una nueva lógica de la violencia,
la cual no es ejercida como un medio para
conseguir un fin, sino que está internalizada
y es expresada en cada delito criminal.
Frente a este panorama, Gorgal sostuvo
que debe discutirse un nuevo Estatuto de
la Minoridad pues el actual régimen legal
ya no es sostenible. Aclaró que no se trata
de reducir la discusión a la edad de la
imputabilidad, porque eso sería un grueso
error, sino de definir el régimen asistencial,
por un lado, y el régimen penal por el
otro. Separados y no unidos, dijo. Y definir
un régimen de responsabilidad penal
especial, de manera que el Estado pueda
tener distintos elementos para actuar antes
que el joven cometa un delito. Estimó,
también que se debe pensar una nueva
gama de sanciones y hacer que sean efectivas.
La exposición de Alejo Ramírez tuvo por
objetivo explicar qué se está haciendo, y
desde qué lugar se puede colaborar, para
combatir la exclusión juvenil, un fenómeno
que no atañe solamente al Estado.
Señaló que, desde hace tres años, la Dirección
de la Juventud está trabajando junto
a organismos, como el INDEC, y han
llegado a determinar que el epicentro de la
exclusión está dentro de los jóvenes de 18
a 25 años.
“La realidad de la juventud siempre es
peor que la del resto de la población. Los
jóvenes son más pobres, están más desocupados
y más excluidos que el resto de
la población”, argumentó. Agregó que
para atacar esa realidad, se creó el Programa
Incluir, que busca solucionar la problemática
de un millón de jóvenes que está
en esa franja de edad. Dijo que este año se
está trabajando en las provincias con mayores
indicadores de necesidades básicas
72 noviembre de 2004