Agosto 2012 - Universidad Anáhuac México Sur

la receta imperial de llenar de empresas de todos los ramos la actividad
del gobierno, manejadas con gran corrupción, emitió una ley del trabajo
cuya definición del salario nada tiene que ver con la realidad y en los
primeros años movió a buena parte de su gabinete llevando a López Portillo
a la Dirección de Comisión Federal de Electricidad primero –la corrupción
a cargo de la familia– después como Secretario de Hacienda y
Crédito Público y finalmente otorgándole su apoyo para que le sucediera
en la Presidencia de la República en 1976. Al iniciar su periodo presidencial
López Portillo, espera fortalecer la programación creando la Secretaría
de Programación y Presupuesto.
Segregó de Hacienda todas las funciones del presupuesto
de egresos del Gobierno Federal, y nombró primer titular
de Programación al Lic. Carlos Tello Macías. A partir de este cambio,
Hacienda administraría únicamente las atribuciones otorgadas en la
Ley de Ingresos de la Federación que se expide anualmente, quedando
bajo la titularidad del Lic. Rodolfo Moctezuma Cid. Antes de esta separación
la contabilidad federal se llevaba totalmente concentrada en una
dirección de Hacienda. Fue un desatino ordenar, según una circular enviada
en los últimos días de diciembre de 1976, que a partir del primer
día de enero de 1977, cada Secretaría de Estado debía atender su propia
contabilidad. Se trataba de consignas impuestas por el imperio continental
mientras se terminaba de asolar a los países latinos con la fatal
persecución al socialismo popular. Como aprendices estos Secretarios
en breves meses descubrieron mutuamente su impotencia ante el complejo
e incomprensible plan a pesar de que el harvariano Tello Macías
exhibiera posgrados. Las discusiones públicas entre ambos solo condujeron
a que en breves meses fueran relevados de sus cargos.
Estos sucesos resultaban trascendentes dentro de los
cambios profundos que sufrió México para ser incorporado
al nuevo régimen neoliberal en el que muchas empresas descuidarían
los objetivos sociales. Para establecer su posición al respecto, en
1979 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, durante el periodo
de Daniel de la Garza, encargó a los Contadores Juan Salles y Daniel Álvarez,
coordinados por el autor de estos segundos, la ponencia oficial
de la Convención Nacional de ese año para promover un saludable ritmo
de desarrollo técnico de la contabilidad gubernamental, al considerar
que en ese entonces la contabilidad y las técnicas que utilizaban los
Contadores se encontraban en procesos de cambios, rectificaciones, ensayos
–que parece no tienen fin– asumiendo que para la contabilidad
gubernamental el proceso podría ser moderado no obstante su atraso,
aplicando los suficientes recursos humanos, pedagógicos y materiales.
Pero si los programas se consideraron un instrumento básico para la
apropiada administración del desarrollo, la contabilidad gubernamental
debía informar detalladamente sobre ellos, desde la asignación de recursos,
pasando por el control del avance físico-financiero hasta el logro
de sus objetivos sin reprobables desviaciones presupuestales, de manera
que permitieran medir la eficacia y la eficiencia con que se administra
el gasto público, cuidar y actualizar permanentemente los objetivos.