Edición 12 de Mayo de 2015

Martes 12 de mayo de 2015
Diario Co Latino
OPINIÓN19
La maternidad es un
Julia Evelyn Martínez
derecho, no es obligación
Cualquier análisis de la maternidad debe partir
de una doble perspectiva. Por una parte,
la maternidad debe ser considerada como
una función biológica, vinculada a la procreación,
el embarazo y el parto. En segundo lugar, debe ser
considerada como una práctica social, que hace
referencia al conjunto de actividades relacionadas
con el cuidado cotidiano de vida de hijos e hijas, que
puede ser realizada tanto por la madre biológica
como por otras personas (hombres y mujeres) con
la capacidad y la voluntad de proporcionar estos
cuidados.
Desde la perspectiva que se vea, la maternidad
es una experiencia compleja, que cuando se vive
de forma integral, planificada, y segura, puede
transformarse tanto en un medio para la realización
personal, como en un medio para garantizar la
sostenibilidad de la vida. En el otro extremo,
cuando la maternidad se experimenta como una
obligación y/o como el resultado de la violencia
machista, puede convertirse en una fuente de
sufrimiento y de opresión para las mujeres.
El sistema internacional de derechos humanos
reconoce que las mujeres tenemos derechos
reproductivos que deben ser reconocidos y
protegidos por los Estados. Estos derechos
reproductivos incluyen nuestro derecho a decidir
entre procrear y no procrear, el derecho a decidir
cuándo procrear, el derecho a recibir información
y acceso a métodos seguros y eficaces de control
de la fertilidad, y el derecho a recibir servicios
gratuitos de salud cuando decidamos interrumpir
un proceso de gestación en marcha.
De acuerdo a esta normativa internacional, ninguna
mujer debería ser obligada a ser madre en contra
su voluntad, pero tampoco debería negársele a
las mujeres este derecho. Ninguna mujer debería
ser esterilizada sin su consentimiento. Ninguna
mujer debería ser señalada por la sociedad por
disfrutar de su vida sexual y no querer (o por no
poder) ser madre. Ninguna mujer debería ser
obligada en contra de su voluntad a interrumpir un
embarazo, sin importar las razones que tenga para
ello. Ninguna mujer debería estar encarcelada por
haber interrumpido un embarazo que no deseaba.
Ninguna mujer debería enfrentarse a la tragedia
de quitar la vida a un recién nacido que no podrá
cuidar o que no quiere cuidar.
Desafortunadamente, en las sociedades
organizadas bajo el régimen del patriarcado, la
maternidad deja de ser un derecho y se transforma
en una obligación, la cual que se impone con más
o menos crueldad, dependiendo de la clase social
a la que pertenezcan las mujeres y/o dependiendo
del nivel de autonomía de los Estados frente a las
influencias culturales, religiosas y políticas de los
agentes del patriarcado.
En Nigeria, la secta Boko Haram ha impuesto el
secuestro, violación y el embarazo forzado de niñas
y mujeres como un arma de guerra mediante la
que pretende imponer un Estado Islámico basado
en una interpretación ultra- fundamentalista del
Corán. Solo el año pasado, el Fondo de Población
de la ONU reportó la existencia de 16, 000
embarazos forzados en las zonas bajo control
de Boko Haram. Más recientemente, el ejército
nigeriano logró la liberación de 700 rehenes
, entre las cuales se encuentran 217 mujeres
embazadas como resultado de las violaciones
reiteradas a las que fueron sometidas. Ninguna
de ellas tiene la posibilidad de abortar, porque lo
prohíben las leyes nacionales, impuestas por los
poderosos sectores del fundamentalismo católico
de ese país africano.
En El Salvador, debido a la penalización
absoluta del aborto promovida en 1997 por los
grupos vinculados al fundamentalismo religioso
y/o moral, las mujeres y niñas de los sectores
populares que sobreviven a violaciones sexuales
perpetradas por miembros de pandillas, y que
enfrentan embarazos producto de estas brutales
violaciones, se les obliga a continuar con
ese embarazo. En consecuencia, solo tienen
tres opciones: cometer un delito abortando en
condiciones inseguras, suicidarse, o seguir
adelante con un embarazo forzado. Todo esto
ocurre en un país que forma parte del Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
pero que paradójicamente se niega a aceptar
las recomendaciones de este mismo Comité en
el sentido de revisar la legislación existente para
permitir al menos la interrupción de embarazos
en situaciones de violación sexual, y de riesgo de
muerte para la madre.
En Paraguay, que cuenta con una Constitución
que autoriza el aborto únicamente en casos
en los cuales la vida de la madre se encuentre
en peligro, el Gobierno del presidente Horacio
Cartes acaba de negar a una niña de 10 años
el derecho a abortar, porque en opinión de las
autoridades “la vida de la madre no corre peligro
de continuar este embarazo”. La niña pesa 34
kilos (menos de 74 libras), tiene una estatura de
1,39 metros, y su embarazo es el producto de
violación reiterada cometida por su padrastro.
La solicitud de interrupción del embarazo fue
interpuesta por la madre de la niña, quién en
respuesta a esta solicitud fue encarcelada bajo el
cargo de “complicidad y descuido de obligaciones
de protección a la menor”.
Estoy convencida que amor maternal y el
cuidado maternal puede hacer mucho por salvar
a este mundo de la catástrofe hacia la cual nos
conducen el capitalismo y el patriarcado. Pero
esto no se logrará mientras la maternidad se
imponga a las mujeres como una obligación, y
no se asuma como lo que es, es decir, como un
derecho que debe ser libremente ejercido.
@arpassv
¡DEMOCRATIZANDO
LA PALABRA!
Rechazo creciente
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
condenó ayer las amenazas de la Fiscalía General
de la República y de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP) contra los medios digitales La
Página y Transparencia Activa, respectivamente.
La Fiscalía, a través de la Unidad de Investigación
Financiera, envió la semana pasada una carta al director
de La Página donde pide que “cese y desista” de publicar
“información confidencial” sobre el juicio penal contra el
ex presidente Francisco Flores. La nota amenaza con
“tomar las acciones legales correspondientes”, si la
orden no es acatada en un plazo de 24 horas.
La Página había informado que la Fiscalía no presentó
informes financieros solicitados por el Juzgado Séptimo
de Instrucción y publicado críticas de los querellantes
particulares sobre la negligente actuación fiscal,
información que no es confidencial.
Por su parte la ANEP instó a sus afiliados a arremeter
judicialmente contra Transparencia Activa. El presidente
de la gremial empresarial, Jorge Daboub, ofreció apoyo
jurídico a los empresarios que se “sintieran ofendidos”
por la publicación de la lista de morosos con el fisco.
Transparencia Activa publicó la lista de 12 mil personas
naturales y jurídicas que tienen deudas tributarias,
revelada por la Dirección de Impuestos Internos del
Ministerio de Hacienda. La lista de morosos está
encabezada por grandes empresas salvadoreñas y
extranjeras, sobre todo aerolíneas, bancos, telefónicas
y distribuidoras de electricidad.
La APES advirtió que las amenazas de la Fiscalía contra
La Página y de la ANEP contra Transparencia Activa
constituyen graves violaciones a la libertad de prensa y
de expresión consignados en la Constitución y tratados
internacionales (Declaración Universal de Derechos
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, Convención Americana sobre Derechos
Humanos).
La amenaza de la Fiscalía contra La Página, además,
violenta la sentencia de la Sala Constitucional que
revirtió la reserva en el juicio contra el ex presidente
Flores y determinó que éste es un caso de interés
público.
El Procurador de Derechos Humanos también se
pronunció sobre ambos casos, denunciando el atropello
contra la libertad de prensa y exhortando a la Fiscalía y a
la ANEP que no atenten contra este derecho fundamental
de la democracia. Próximamente se pronunciará la
Relatoría de Libertad de Expresión OEA.
Ni el Fiscal General ni los tristemente célebres directivos
de ANEP se esperaban este rechazo social creciente
contra sus amenazas hacia medios de comunicación
que contribuyen al cumplimiento del derecho de
información de la población.
Asociación de Radios y Programas Participativos
de El Salvador
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