Edición 12 de Mayo de 2015

Diario Co Latino
20 OPINIÓN
Oscar A. Fernández O.
Martes 12 de mayo de 2015
La Rebelión Fiscal de los ricos
“No estoy preocupado por el déficit fiscal.
Es lo suficientemente grande para cuidarse sólo”
Ronald Reagan.
La evasión fiscal de las grandes empresas nacionales
y transnacionales, es un tema apremiante para la
financiación del desarrollo posterior a 2015, ya que
los fondos públicos son de vital importancia para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los países
pobres como el nuestro, sostiene Naciones Unidas
(2015) La agenda reconoce la necesidad de una mayor
cooperación fiscal teniendo en cuenta “que hay límites a
cuánto los gobiernos pueden aumentar sus ingresos de
forma individual en nuestro mundo interconectado”.
Sin embargo, cualquier sistema fiscal que grave a los ricos
con impuestos elevados se expone a tener problemas.
Al menos esto es lo que argumentan constantemente
los políticos que defienden los intereses de la gente
pudiente. Según su argumento, cuanto más alto es el tipo
impositivo de las rentas altas mayor es el incentivo de los
ricos para gastar tiempo y energía inventando vías para
evadir los impuestos.
En el año 1990, la Asamblea Legislativa de El Salvador
(cuando todos los órganos del estado se dirigían desde
la ARENA de Cristiani) aprobó una ley de saneamiento de
los bancos estatales, los cuales habían quebrado debido a
que no recuperaron muchos de los préstamos otorgados a
grandes empresarios. La ley incluía la creación del Fondo
de Saneamiento Financiero (FOSAFI), con recursos del
Banco Central de Reservas (BCR) En otras palabras, el
gobierno puso sus propios recursos para oxigenar a los
bancos estatales antes de privatizarlos. El monto de dinero
liberado de la mora bancaria fue de 3,525 millones de
colones, que al tipo de cambio de ese año (5 colones por
un dólar), equivalían a 705 millones de dólares. Más tarde
estos bancos en manos de la oligarquía, serían vendidos
a las transnacionales financieras, operaciones en las
cuales dejaron de pagarse cientos de millones de dólares
que quedaron en los bolsillos de estos especuladores y
agiotistas.
No bastando tales crímenes contra el pueblo
salvadoreño, en aquella época dorada de ARENA,
se produjeron cualquier cantidad de fraudes al erario
nacional, despojándolo de su capacidad financiera, para
que esta actividad pasara exclusivamente a manos de
las empresas privadas. Quebrar al Estado y restarle
capacidad de afrontar la difícil problemática social que se
ha producido por la aplicación de ensayos económicos
que solo han incrementado las ganancias de los grandes
capitales, produciendo un incremento de la desigualdad y
la pobreza sin antecedente, ha sido obra de un plan bien
orquestado.
Además de la infracción a la ya debilitada fiscalidad del
país, se propaga el mito neoliberal (y que los gobiernos
conservadores y neoliberales como los de ARENA han
aplicado constantemente en sus políticas públicas) es
que la bajada de impuestos a las personas más pudientes
de la sociedad (lo que a nivel popular se conoce como los
ricos y súper-ricos) beneficia a toda la población, pues
dicho acto discriminatorio a favor de las rentas superiores
estimula la economía y facilita el crecimiento económico y
la producción de empleo. Se supone que el dinero que se
ahorran los ricos y súper-ricos (al pagar menos impuestos)
lo invierten, y, como resultado, crecen la producción y el
empleo. La realidad registra todo lo contrario.
Tal mito (en realidad, dogma) del pensamiento neoliberal
se repite constantemente en los medios de información
y persuasión económicos, a pesar de que la evidencia
científica no avala ese supuesto. Infinidad de estudios
sobre este problema nos arrojan datos totalmente
contradictorios con estas mentiras, pero a pesar de ello
se sigue martillando sobre lo mismo, pues responde
al pensamiento económico-político dominante y
desacreditarlo es una herejía.
Los impuestos indirectos gravan a toda la población y son
regresivos porque afectan mayormente a los que menos
tienen, mientras que los impuestos directos gravan la
renta, y por definición debieran ser progresivos, en la
medida en que tributen más los de mayores ingresos,
como ocurre en los países de mayor desarrollo.
El problema de fondo es que aparte de su estructural
injusticia, el sistema tributario salvadoreño está
enfrentando crecientes limitaciones para generar los
recursos que demanda la provisión de servicios como la
seguridad pública, la salud, la vivienda y la educación.
Aunque hay consenso de que la actual estructura tributaria
es insostenible en el tiempo, se trata de un debate que se
oculta, tal como se barre la basura bajo la alfombra. El
programa de gobierno del FMLN, es el único que propone
una reforma tributaria de carácter progresivo, fundada en
criterios de equidad, capaz de financiar las crecientes
exigencias del gasto social.
La falacia política de ARENA que cada día se vuelve
más evidente y menos defendible, se expresa en que
mientras amparan que los ricos y súper-ricos evadan
impuestos (o que no se les cobren) se resisten a dar sus
votos en la Asamblea Legislativa para el endeudamiento
estatal que tiene como único objetivo precisamente,
afrontar la problemática de la disminución de la pobreza
y el desarrollo social, que pudieran enfrentarse con una
adecuada recaudación fiscal.
En El Salvador todos somos iguales ante la ley, reza
el principio liberal burgués, pero hay unos más iguales
que otros – como en la rebelión en la granja, de George
Orwell - El sistema tributario no sólo sirve para recaudar
recursos para resolver la demanda social legítima, sino
también para distribuir el ingreso. De la forma en que
se construye el sistema tributario depende la calidad de
la democracia en cada país: “dígame como tributan los
ciudadanos y le diré qué tipo de sociedad democrática
es”, y no puede haber ningún pacto social o compromiso
solemne que no visualice un cambio radical del absurdo
sistema de reparto de las cargas públicas, que desde
hace cientos de años nos empequeñece.
En El Salvador, partiendo de que el Derecho es una
superestructura del modelo económico imperante, es
decir está hecho para asegurar el acaparamiento de las
riquezas, es fácil entender que las Leyes Fiscales durante
todo este tiempo, apuntan a facilitar este objetivo, incluso
estableciendo como legal lo que en otras legislaciones
más democráticas serían delitos, como por ejemplo
no pagar los impuestos o sustentar mecanismos para
evadirlos.
En una nueva sociedad con un nuevo Derecho, el sistema
tributario debe dirigirse a que paguen los que tienen más
que, por lógica, se aprovechan de los bienes sociales,
despojando así a las mayorías de la riqueza producida
socialmente. Mientras no logremos terminar con esta
brutal brecha, la democracia electoral seguirá siendo un
continuo fraude.
La alharaca que han desatado los “grandes empresarios”
porque sus empresas han sido señaladas como deudores
del pueblo salvadoreño, sólo evidencia que ellos
siempre que se trate de realizar cualquier intento
de redistribución del ingreso nacional mediante
impuestos se mostraran grandemente indignados.
Esta historia es vieja, pero se radicalizó con la llegada
de los neoliberales al poder bajo el clima ideológico
del llamado capitalismo salvaje. Los neoliberales lo
quieren todo, ¿recuerdan? Exigen que los gobiernos
reduzcan los gastos y que bajen los impuestos. El
Estado es para ellos una carga cuando se trata de
contribuir a los gastos sociales, pero es divino cuando
acude al rescate financiero de las empresas en quiebra
o cuando garantiza el pago de los sustanciosos
intereses de los bonos de la deuda.
Es urgente pues, por parte del pueblo salvadoreño,
esquilmado y explotado a más no poder --lo que nos
ha llevado a ser una de las sociedades más desiguales
del mundo- acabar con esta inmoral rebelión fiscal
de los ricos y luchar por una reforma fiscal que haga
justicia a las mayorías populares del país.
La rebelión de los ricos adquiere valor político cuando
estos pocos, que además son los que crean opinión a
través de sus “medios de comunicación”, no ocupan
los servicios públicos de salud, educación, pensiones
o seguridad pública, buscando alternativas privadas
que, por su nivel de renta, pueden cubrirse.
“O los ricos comienzan a pagar impuestos o se
enfrentarán a una revolución”. Sostuvo el prestigioso
columnista conservador de The Wall Street Journal,
Paul B. Farell (2014), planteando que la brecha entre
el 1% de los “súper ricos” y el 99% restante de la
población en EE UU no había sido tan grande desde
la Gran Depresión de 1929, y que solo el “engaño” o
el “espejismo” que lanza esta clase privilegiada desde
sus diversas tribunas, ya sean políticas o mediáticas,
impiden a la gente darse cuenta de que estamos a
punto de vivir otro colapso como el de hace casi un
siglo.
El actual modelo económico y social refleja una
configuración que acentúa la concentración de poder
y la discriminación. Se necesitan políticas fiscales que
ayuden a reducir las desigualdades, sostienen nuevas
corrientes progresistas anti-neoliberales. Los gobiernos
tienen que hacer frente a las desigualdades, garantizar
la equidad de los sistemas tributarios, haciendo que
los ricos contribuyan de manera más justa, pues sus
intereses, no deben prevalecer sobre el resto de la
población.
América Latina y el Caribe continúan siendo las
regiones más desiguales del mundo. Los más ricos
acaparan en promedio el 50% de los ingresos totales
de la región, mientras que los más pobres quedan sólo
con el 5%. Si las tres personas más ricas del mundo
gastaran 1 millón de dólares por día cada una, serían
necesarios 200 años para acabar con todo su dinero.
Eso no ocurre únicamente en los países más ricos. En
México, Carlos Slim, el más rico de todos los latinos
y el segundo hombre más rico del mundo, podría
pagar sólo con sus ingresos de un año los salarios
anuales de 440.000 trabajadores. Este escenario
desalentador impone una constatación de que la
creciente desigualdad es el mayor desafío social para
los gobiernos y pueblos de todo el mundo, en especial
para los latinoamericanos.