Edición 12 de Mayo de 2015

Diario Co Latino
4 NACIONALES
Fiscal Martínez debe ser separado
Abogados querellantes
del proceso contra
el expresidente de la
República, el arenero Francisco
Flores, insistieron ayer en la
necesidad de que el fiscal general
de la República, Luis Martínez,
sea separado del proceso judicial
que se le sigue al exmandatario
porque tiene conflicto de
intereses y está obstaculizando la
investigación.
Según la abogada Bertha María
de León, de la Fundación para la
Aplicación del Derecho (FESPAD),
el fiscal está escondiendo
información para favorecer al
exjefe de Estado. Por ejemplo,
dice (el fiscal) que no se puede
sostener el delito de lavado de
dinero, pero no explica de quién
es la responsabilidad de que no
se pueda argumentar, señaló.
El fiscal lo que tiene es un
juego de palabras insostenible
técnicamente, sostuvo la
querellante. “El papel de la
fiscalía, como lo hemos venido
denunciando, ha dejado mucho
que desear, no solo en el tema de
las asistencias internacionales...
que se plantearon desde el
requerimiento y no fueron
realizadas oportunamente”, se
quejó.
La abogada agregó que la
fiscalía hasta estos últimos
meses ha estado presentando
documentación que estaba en
su poder desde el año pasado, y
que eso es cuestionable porque
los atrasos de la fiscalía tienen
efectos en el sentido que a partir de
esas asistencias podían haberse
solicitado otras diligencias si
las hubieran presentado con
mayor prontitud, pero que, a la
inversa, lo hacen justo al filo del
vencimiento del plazo.
De León dijo que incluso la fiscalía
presentó un sobre proveniente
de Bahamas que ya venía roto
y que nadie se hace cargo de
Martes 12 de mayo de 2015
del caso Flores, insisten querellantes
Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Publicación de los deudores de impuestos responde a un mandato legal
@DiarioCoLatino
Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, querellantes en el caso del ex presidente Francisco Flores. Foto
Diario Co Latino.
eso. Ahora la abogada dice que
el ministerio público tendría que
volver a solicitarlo, pero que ya es
decisión de la FGR, y para eso se
tardarían otros tres meses.
“El fiscal general, aduciendo
una supuesta sanción de los
Estados Unidos, se ha negado a
presentar primero el Reporte de
Operaciones Sospechosas, tan
famoso es, y se prohíbe que se
mencionen sus siglas; se niega
a devolver el FinCen ,que tenía
información que podía sostener el
delito de lavado”, argumentó.
La abogada querellante dijo
que hasta este momento la
embajadora de Estados Unidos,
Mari Carmen Aponte, aún cuando
el juez le ha solicitado que le
envíe la sanción escrita que se
hizo al país por haber divulgado
la existencia del documento, no lo
ha hecho.
“Hasta ahora, el fiscal Luis
Martínez alega que tiene la sanción
(impuesta por Estados Unidos),
pero no la muestra”, comentó la
querellante quien aclaró que se
puede procesar al expresidente
de la república Francisco Flores
por el delito de lavado de dinero,
pero la fiscalía tiene que presentar
la documentación al respecto.
El Reporte de Operaciones
Sospechosas no es un documento
que se puede ocultar para siempre.
“El artículo 22 sobre el lavado
de dinero establece que si esta
documentación es requerida por
un juez en el marco de un proceso
penal, tiene que ser entregada
porque sino pierde la naturaleza,
estar recopilando información si
no se va utilizar nunca. El fiscal
se niega a entregarlo, (lo) que
no permite cambiar(el delito) a
lavado de dinero”, manifestó.
Tal como se ha llevado a la fecha,
el proceso presenta anomalías,
según la abogada.
De León dice que se ha
obstaculizado el esclarecimiento
del caso, lo no necesariamente
implica que tenga que haber una
condena, sino más bien que se
conozca lo que pasó. No obstante,
afirmó que es conocido que el
fiscal Martínez ha trabajado para
la familia Flores y debería mejor
separarse del cargo.
Para Ramón Villalta, de Iniciativa
Social para la Democracia (ISD),
lo que se está viendo es que
muchos casos se están cayendo
por la mala actuación de la
fiscalía y no puede ser que en
el trascurso del tiempo no hayan
aprendido lo suficiente para darse
cuenta que deben cambiar y que
están cometiendo errores.
Villalta señaló, además, el hecho
de que hay una serie de nombres
que se repiten tanto en el caso
de Francisco Flores como en el
proceso de CEL/ENEL y también
en la reciente lista de deudores
de impuestos al Estado. “Como
que aquí hay y ha habido una
línea de cómo sustraer, de cómo
aprovecharse y tener el control
de la institucionalidad para el
beneficio particular”, denunció.
Es debido a estas situaciones
que se hace necesario una fiscal
transparente y sin compromisos
con grupos de poder, según el
querellante del caso Flores.
“Lo que estamos viendo es
la necesidad de poder tener
un fiscal que realmente cumpla
con la obligación constitucional
de investigar debidamente los
delitos, que no esté arguyendo
hechos o situaciones como
las de amenazar, como lo ha
estado haciendo, para acallar ya
sea a medios de comunicación
o, en este caso, también a los
querellantes”.
Villalta desafió al fiscal y le
dijo que no puede intentar
callarlo para que no hable de
la existencia del documento, y
de los movimientos financieros
sospechosos atribuidos al
expresidente. “Aunque a él
no le guste que se mencione
el informe de inteligencia
financiera conocido como Fin-
Cen, existe, y ese informe
existe porque el fiscal lo presentó
y fue el primero que lo dio a
conocer, por lo tanto, no puede
venir a decir a mi que debe de
dejar de hablar de la existencia
de ese informe”, el cual puede
tener algunos elementos para
argumentar el delito de lavado
de dinero contra el expresidente,
afirmó.
El gobierno no ha incurrido
en alguna ilegalidad al
publicar los nombres de las
personas naturales o jurídicas que
adeudan impuestos al Estado,
aseveró el secretario Técnico y
de Planificación de la Presidencia,
Roberto Lorenzana.
Y es que durante una entrevista
televisiva transmitida en
Televisión
de El Salvador, el funcionario
recordó que las reformas al
Código Tributario avaladas por
la Asamblea Legislativa en 2014,
establecen el marco legal para la
publicación de los deudores.
De acuerdo a Lorenzana, estas
reformas “dejaban establecido
que los nombres de los deudores
deberían ser publicados en un
plazo determinado, por tanto, lo
que hizo el ministro de Hacienda
fue solo
cumplir con la ley.
En tanto, recordó que el gobierno
emitió el año pasado un decreto
de amnistía tributaria el cual
establecía facilidades de pago
a aquellos contribuyentes que
quisieran acogerse al mismo
y solventar su situación con el
Estado
“Muchos empresarios se
acogieron al decreto de amnistía,
desgraciadamente ese decreto lo
declaró inconstitucional la Sala de
lo Constitucional”, lamentó.
El secretario también cuestionó
las críticas hechas por algunos
empresarios ante esta publicación,
asegurando que muchos de
estos utilizan “subterfugios
legales” para poder evadir sus
responsabilidades con el fisco.
Ante esta situación, informó que
el gobierno realiza esfuerzos por
evitar la evasión y elusión de
impuestos.
“Muchas de las utilidades (algunas
empresas) las reportan fuera
del país, o sea que algunas de
estas empresas cobran acá, pero
facturan como que estuvieran en
el exterior. Nosotros no tenemos
control de la renta internacional,
entonces, simplemente evaden
impuestos acá, y posiblemente
ni pagan acá ni pagan en otros
países”, explicó.
Según el listado publicado, la
suma pendiente de pago de
12 mil 519 personas naturales
y jurídicas asciende 372.6
millones de dólares. Más del
63% de los casos son de
grandes contribuyentes, que
tienen una deuda superior a los
de $237 millones.