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independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos o educativo, cultura, nivel educativo,
edad o religión. Por ello, es deber de los Estados Parte actuar con la debida diligencia para entre otras cosas
prevenir la violencia contra las mujeres. 14
La Convención que fue suscrita en 1994, fue ratificada por México el 12 de noviembre de 1998, siendo este
texto jurídico uno de los que más ha influido en las políticas y regulaciones internas de los países, adoptando
el enfoque recientemente de que la violencia contra de las mujeres es una violación a sus derechos humanos,
y que los Estados deben de velar por la integridad de las mujeres.
La Convención define la violencia contra la mujer como: “Cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado”.
Ampliando dicha definición, establece que: “se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia
física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada
por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes,
dondequiera que ocurra”.
En el capítulo III Deberes de los Estados Artículo 7o habla de que “los Estados Partes condenan todas las formas
de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas entre otras a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente”:
a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades,
sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con este obligación;
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer;
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las
medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar
o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique
su propiedad;
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la
persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
Este artículo en todos sus incisos, marca claramente cuáles serán los procedimientos que deben de adoptar
los Estados Parte para prevenir la violencia, para la Convención, el concepto de atención se incluye dentro del
de prevención, bajo la premisa de que hay una prevención secundaria y terciaria, que interviene una vez que
ha ocurrido la violencia para atender sus secuelas y daños buscando la reparación, en ese sentido en México
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