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72MANUAL DE DERECHOS HUMANOSLos Estados deben fijar la responsabilidad individual por el delito de tortura, para susempleados o funcionarios, e igualmente para particulares que actúen bajo la aquiescenciau órdenes de aquellos.Se prohíbe expresamente eximir de responsabilidad por obediencia debida y, paraprevenir la tortura, la Convención formula la necesidad de lograr un correcto adiestramientode los integrantes de las fuerzas armadas y policiales.La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de PersonasFue adoptada por la Asamblea General de la OEA celebrada en Belem do Pará (Brasil)de 1994.Señala que para configurarse una desaparición, debe existir una privación de la libertaden cualquier forma; esa privación debe haber sido realizada por agentes del Estadoo personas o grupos de personas que actúen con su aquiescencia o autorización;posteriormente debe haberse negado información o reconocimiento de la detenciónefectuada y, por ende, la persona encontrarse en situación de imposibilidad de haceruso de recursos legales y garantías procesales.No puede alegarse obediencia debida como eximente para casos de desaparición forzadade personas; y la acción penal y la pena por el delito de desaparición forzada sonimprescriptibles según la Convención.Igualmente la desaparición no se considerará delito político a los efectos de la extradición;es decir que será un delito extraditable; los Estados están obligados a cooperarentre sí para buscar, identificar, localizar o restituir a los menores que hubiesen sidotrasladados a otro Estado como consecuencia de la desaparición forzada de suspadres.La Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contrala MujerLa Asamblea General de la OEA de Belem do Pará (1994), adoptó la Convención Interamericanapara prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer. Estaseñala la responsabilidad directa del Estado (cuando este comete la violencia a travésde sus funcionarios), y la responsabilidad indirecta (cuando la violencia es privada odoméstica y el Estado la consiente o no la castiga).