Infrorme 2005-2006 - CONAVIM

debe estar al servicio del derecho y de la justicia; no debe ser utilizada paraargumentar intereses, culpar o absolver dejando de lado la legalidad.Muchos de los peritajes utilizados en el fallo de una sentencia carecen detécnica jurídica y no existe un cuestionamiento a fondo por parte de losjuzgadores. Tampoco se cuestiona la manera tan casual en que aparecentestigos, sobre los que no consta una debida identidad y cuyas declaracionesson utilizadas para armar una consignación.En este sentido el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra laDroga y el Delito (ONUDD), sobre su misión en Ciudad Juárez advertíaya estos vicios:Se ha examinado ya la excesiva discrecionalidad con que son evaluadaslas pruebas incorporadas a las causas, la deficiente ejecución de la funciónde garantía de la validez de las mismas, y la insuficiencia en la práctica deaquellas diligencias que pueden incorporar al proceso elementos probatoriosde carácter objetivo. Estas últimas –pruebas médicas, científicas,periciales, etc.– incorporan elementos de criterio que excluyen o minimizanel riesgo de error judicial. Los procesos se construyen en Chihuahua,sin embargo, fundamentalmente, sobre la autoinculpación de los procesados,y sobre la inculpación de co-procesados y testigos... las confesionesson preferidas a los dictámenes periciales.En las sentencias de homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez que estaComisión ha tenido la oportunidad de analizar, lamentablemente no seaprecia que la ciencia se utilizara a favor del derecho y la justicia; el PoderJudicial tampoco ha representado un real contrapeso a las violaciones queposiblemente se cometieron en la averiguación previa. Se observó que laspericiales ofrecidas y desahogadas en la etapa de investigación, lejos derepresentar una aportación científica clave para llegar a la verdad histórica,estaban encaminadas a justificar una hipótesis del Ministerio Público.Esto llama a la necesidad urgente de que el estado de Chihuahua cuente conun Instituto Autónomo de Servicios Periciales, con una colaboración activade las escuelas, universidades, centros de salud e investigación especializados.Desde sus primeros pronunciamientos públicos, la Comisionada resaltóesta necesidad y ha manifestado reiteradamente esta preocupación ensus posteriores encuentros con la Procuradora General de Justicia delEstado de Chihuahua, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia delEstado, diputadas y diputados locales. Mientras los servicios pericialesdependan del Poder Ejecutivo o del Legislativo, correrán el riesgo deatender a criterios políticos.Acerca del tema de la tortura, del Segundo Informe de Gestión se reproducenlos siguientes fragmentos:La Comisión para Juárez considera que el combate a la tortura no sólo se debedar desde los órganos de procuración de justicia. Es elemental que se impulsetambién desde el Poder Judicial y que los jueces y magistrados la denuncien,que conozcan y soliciten la aplicación del Protocolo de Estambul. Sus razonamientosen torno a la tortura deben ser apegados a lo establecido por lostratados ratificados por el Estado mexicano, sin dañar la dignidad de lapersona, ya que es el Estado el que tiene que hacer justicia mediante el derecho.Tercer Informe de Gestión47