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En general, la sociedad invisibiliza los aspectos positivos de los y las jóvenes, y por el contrario,resalta los aspectos negativos y configura “estigmas” o “etiquetas” que distorsionan la magnitud realdel problema. La incidencia de la delincuencia juvenil en el tramo entre 14 y 17 años en ladelincuencia total del país es menor al 10% y en su mayoría se trata de infracciones a la leycalificadas de delitos menores o simples delitos, es decir, no se trata en su mayoría de accionescalificadas de mayor gravedad como los crímenes, aun cuando por su naturaleza caen en lacategoría de Delitos de Mayor Connotación Social. Adicionalmente, la proporción poblacional que deeste tramo etario se encuentra en una situación delictual, alcanza sólo el 3,5%. Es decir,aproximadamente el 96% de las y los jóvenes sujetos de derecho de esta ley, tienen niveles desociabilización normales, contrarios a tendencias delictuales, y se identifican con valoreselacionados con el esfuerzo y la integración social al considerarse como trabajadores, sociables ytranquilos.Estos antecedentes nos ayudan a poner en perspectiva la aplicación de la ley y sus alcances. Escomún leer en la prensa grandes expectativas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana,una vez que la ley comience a regir. Sin embargo, hay que tener presente, que los y las adolescentesno son los principales infractores y que la Ley 20.084 es un sistema legal penal diferente al régimenaplicable a los adultos y por lo tanto, en su aplicación, debe contemplar principios que se adecuen ala etapa de desarrollo en que se encuentra el adolescente, respetando las convenciones y tratadosinternacionales, el interés superior del adolescente, rescatando el énfasis en la reinserción social, laexcepcionalidad de la privación de libertad y un sistema especial de penas.La incorrecta aplicación de la ley puede desnaturalizar sus dos pilares básicos, por una parte, suénfasis en la línea de promoción de derechos a través de un sistema de garantías y por otra, suénfasis en la línea de la reinserción social o reinserción socio-educativa, ambas con el propósito decontribuir a des-estigmatizar a los y las jóvenes e integrarlos nuevamente a la sociedad, para evitarque se vea mermado su desarrollo integral como parte de una comunidad y entorno.Los datos provenientes de las distintas entidades gubernamentales, refuerzan la idea que dentro dela población objetivo de la Nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, existen dos caras dela moneda o polos distintos en el plano de la integración funcional. Una juventud que “sueña” con unfuturo próspero en el ámbito profesional y laboral, que confía en la labor que desempeña el gobierno,que cree que en el futuro el país será mejor. Y otra juventud, que es una minoría, pero de igual modoes clave para la integración social, que experimenta tropiezos en los ámbitos de la integraciónfuncional (educación y trabajo), pero que de igual modo ansía mayores oportunidades. Estos jóvenesson parte de los desafíos que enfrenta el país en términos de desarrollo humano y el cumplimientode los tratados internacionales, firmados e incorporados a nuestra legislación interna, como es laConvención de Derechos del Niño.Al respecto, el nuevo sistema de Justicia Penal para Adolescentes propone una serie de garantías yderechos que están en estrecha comunión con los principios de la Convención de los Derechos delNiño (Art. 40). La ley se vincula con estos principios a través de lo siguiente: “El poder garantizar eldebido proceso a los y las adolescentes infractores, lo que hace que la ley obligue a los actores delsistema a tratar con dignidad a los adolescentes y a resguardar su integridad personal; tendrán elderecho a ser informados de los cargos que se les imputan, y de los derechos y deberes que estostienen; podrán conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones; presentarpeticiones ante la autoridad competente, obtener una respuesta pronta y solicitar la revisión de susanción en conformidad con la ley y denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechosante el juez; podrán contar con la asesoría permanente de un abogado; recibir visitas periódicas enorma directa y personal al menos una vez por semana, cuando se trate de adolescentes sometidosa una medida privativa de libertad; tendrán acceso a servicios educativos y el resguardo de la