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Programa Observatorio de JuventudSentido y ObjetivosEn nuestro país, instituciones gubernamentales como el INJUV, académicas y de la sociedad civilrealizan investigaciones e intervenciones sobre juventud. No obstante, no existe realmente un sistemaintegrado de información sobre juventud, que logre hacer dialogar las diversas fuentes, perspectivasteóricas y aportes metodológicos, lo que dificulta una lectura integrada de la situación, posición ycondición de las y los jóvenes chilenos.Por ello, el Programa Observatorio de Juventud, creado en el año 2003, tiene como objetivo dar unsalto cualitativo en el conocimiento generado sobre juventud, en la comunicación efectiva de éste y enla promoción de su actualización.Concretamente, este busca desarrollar un mecanismo institucional que dote de continuidad a laproducción y difusión de información sobre juventud chilena, y que integre los conocimientos generadosdesde las distintas instituciones, de manera tal de aportar coherencia al conjunto de las actividades deinvestigación que se desarrollan tanto en el Estado como en el sector privado.El Programa Observatorio de Juventud se desarrolla a partir del Departamento de Estudios del InstitutoNacional de la Juventud (INJUV), y se ejecuta a través de un una red de organizaciones privadas –nacionales e internacionales, así como en coordinación de otras instituciones públicas.Los objetivos del Observatorio de Juventud son:• Aportar información y conocimiento actualizado, continuo, oportuno y confiable sobre la realidad juvenil,en sus dimensiones de inclusión/exclusión en los sistemas funcionales (situación), prácticas de la vidacotidiana (condición), producción cultural y orientaciones motivacionales de los y las jóvenes (posición).• Aportar información actualizada, continua, oportuna y confiable sobre la calidad de la oferta institucional(normativas, programas e instituciones) dirigida a la población joven.• Sugerir orientaciones de políticas públicas basadas en el análisis de la información generada sobrejuventud.• Analizar la información generada desde una perspectiva prospectiva que permita establecer lastendencias que en el futuro adoptaría la juventud de nuestro país.• Identificar temáticas relevantes y contingentes a ser abordadas en materia de juventud.• Promover e integrar la perspectiva de juventud en el Estado.

Actividades Realizadas por el Observatorio de Juventud• “Actualización del sistema integrado de análisis de la realidad juvenil y la oferta pública de juventud”:a) Estudios específicos de profundización en temáticas juveniles.b) Actualización y difusión del Programa Georeferenciado en Juventud: Injumap II.d) Creación y Producción trimestral de la Revista del Observatorio de Juventud.e) Creación y Producción trimestral de la Revista del Observatorio de Juventude) Elaboración de investigaciones cualitativas en juventud.• “Generación de redes de información sobre juventud y difusión de la perspectiva de juventud”:a) Realización de Seminarios Nacionales e Internacionales sobre Juventud.b) Realización de encuentros de discusión y difusión de estudios en juventud.c) Mantención de un Centro de Documentación (CEDOC), en las dependencias centrales de INJUV,con posibilidades de consulta de los catálogos y material de trabajo en la página web de la institución.La Revista del Observatorio de JuventudEl objetivo de la revista es la discusión sobre las condiciones, calidad de vida, subjetividad y perspectivade derecho de los y las jóvenes chilenos, así como la profundización y la difusión de las políticas eintervenciones sociales dirigidos a este segmento de la población. . En términos generales, la revistaanaliza temáticamente algún área, aspecto o dimensión de la vida juvenil que está presente en laagenda pública sobre juventud, proponiendo una lógica de discusión permanente frente al tema. Deeste modo, la publicación plantea desafíos y dilemas de la política pública haciendo hincapié enperspectivas futuras relacionadas con la realidad juvenil.

Indice4516263241526372PresentaciónJuan Eduardo FaúndezNueva Justicia Penal Adolescente:Las dos caras de la moneda. Una mirada desde el perfil generacional.Francesca CamelioMaría Cristina EscuderoLey de Responsabilidad Penal Adolescente:A la luz de la Convención Internacional de Derechos del NiñoRoberto Vergara¿Responsabilizar, Culpabilizar o Exculpar?:Notas sobre la noción de responsabilidad y sus implicancias en la subjetividadAlejandro Reinoso MedinelliLey de Responsabilidad Penal de Adolescentes:¿más derechos? ¿más represión?Julio Cortés MoralesLey de Responsabilidad Penal Adolescente y la Opinión de las Culturas Juveniles PopularesLizandra Muñoz GallosoInfancia y Juventud Transgresora de Ley y con Problemas de Conducta, en Seis Comunas dela Araucanía, Desde el Año 1979 al 2005.Amelia Gaete T.Raquel Lara R.Adolescentes Infractores de Ley, Tratamiento en Drogas y Ley de Responsabilidad JuvenilJennifer Conejeros S.Lorena Soto R.Normas de Publicación

PresentaciónDesde el 8 de junio de este año, nuestro país cuenta con un nuevo marco de penalización de delitoscometidos por jóvenes entre 14 y menores de 18 años. Este nuevo escenario nos plantea un desafíoen materia de abordar el trato hacia los adolescentes tanto de los infractores como de las posiblesvíctimas.Es por ello que consideramos que el enfoque que debemos tener sobre los y las jóvenes debe serdesde la perspectiva de reconocerlos como sujeto de derecho, al que se le aplica un sistema que porun lado les entrega garantías de un proceso racional y justo, y por otro, la posibilidad de reinsertarsesocialmente.Ante la adecuación de la legislación chilena a las normas internacionales establecidas en la Convenciónde los Derechos del Niño, las instituciones involucradas en el nuevo sistema penal para jóvenes, tienenla responsabilidad de actuar acorde al objetivo final de la misma, velar por la plena reinserción socialde los y las jóvenes penalizados y la excepcionalidad de las penas que lo priven de libertad.Por lo mismo, es primordial que ante esta nueva ley, no se caiga en la estigmatización de los adolescentese invisibilización de la gran mayoría de acciones positivas de los jóvenes, pues los datos indican quelos menores de 18 años son responsables de un porcentaje menor de las cifras de delincuencia existenteen el país y por ello es imprescindible tener en cuenta que los y las jóvenes merecen un trato dignoacorde a la etapa de desarrollo en la cual se encuentran.La presente publicación aborda una serie de aspectos que sirven para contextualizar el escenario enel cual se aplica la nueva legislación, orientada a hacer responsables a los adolescentes de lasinfracciones penales que cometen, como el perfil de la generación objetivo, el marco jurídico queestablece la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las disyuntivas a la hora de aplicarlas sanciones.Sin embargo es imprescindible entender que a la hora de hablar de jóvenes nos situemos en un contextopositivo, pues tanto los medios de comunicación como otros sectores de la sociedad tienen a instalaral sujeto juvenil como un personaje peligroso, responsable de una serie de actos negativos y las cifrasoficiales nos presentan un sujeto con una visión muy positiva tanto de sí mismo como de sus pares yde los anhelos a futuro.Es así que esperamos que esta publicación se constituya en un aporte a todas las instituciones públicasy privadas que de algún modo estén involucradas en la aplicación de esta nueva legislación.Juan Eduardo FaúndezDirector Nacional

Nueva Justicia Penal Adolescente: Las dos caras de la moneda.Una mirada desde el perfil generacional 1 Francesca Camelio 2María Cristina Escudero 3El presente artículo tiene por objeto reflexionar acerca de la realidad de la delincuencia juvenil enChile y el carácter del perfil generacional de los y las adolescentes entre los 14 a 17 años, quienespasan a constituirse como “sujetos de derecho” a la luz de la implementación del Nuevo Sistema deJusticia Penal Adolescente.Para dichos efectos, nos concentraremos en dos aspectos que consideramos fundamentales en laaplicación de la Ley: La primera de ella es determinar la magnitud del fenómeno de la delincuenciajuvenil, para lo cual analizaremos las estadísticas provenientes de fuentes gubernamentalesrespecto de la población adolescente infractora de ley entre los 14 a 17 años. En segundo lugar,daremos cuenta de las características de los y las adolescentes, a quienes se les aplicará la nuevaley de Justicia Penal Adolescente bajo un punto de vista generacional, con el propósito de ampliar lamirada y de conocer cómo son los y las jóvenes de hoy, evitando las etigmatizaciones de las cuálespueden ser víctimas, con motivo de sus nuevas responsabilidades en la sociedad. Para elloutilizaremos los resultados preliminares de la V Encuesta Nacional de Juventud.I. AntecedentesEl pasado 08 de junio del 2007, a pesar de las vicisitudes y de una larga espera que duró alrededorde una década, comenzó a regir en el país un Nuevo Sistema de Justicia Penal Adolescente(Ley 20.084) para todos aquellos adolescentes que sean mayores de 14 y menores de 18 años quehubiesen infringido la ley.La necesidad de contar con un sistema especializado para adolescentes queda expresado en elmensaje presidencial del 02 de agosto del 2002, el que señala que “contempla una reformulación delas leyes y políticas relativas a la infancia y adolescencia de modo de adecuarla a los nuevosrequerimientos jurídicos y sociales del país y, en especial, a los principios y directrices contenidos enla Constitución de la República y la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentosvigentes en Chile” 4 .La promulgación de la ley se da en un contexto nacional en que era necesario reemplazar el“sistema tutelar” que vulneraba en gran medida los derechos de los y las adolescentes, por unmodelo de “responsabilización”, que a diferencia del antiguo sistema, se adecua a la especificidadde la etapa de desarrollo en que se encuentra el adolescente entre los 14 a 17 años, procurandoresguardar los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño, que contempla entre susprincipales aspectos,el “interés superior del niño y/o adolescente”, donde la excepcionalidad de las1 Este artículo, actualizado y editado, está basado en una Ponencia preparada por el Departamento de Estudios y Evaluaciónen conjunto con la Subdirección Nacional, para ser presentada en Concepción y Valparaíso en el Seminario Regional sobreLey de Responsabilidad Penal Adolescente. Panel de Aspectos Criminológicos. Organizado por el Ministerio deJusticia-SENAME, el año 2006.2 Socióloga del Departamento de Estudios y Evaluación, Instituto Nacional de la Juventud. Diplomado en Redes para elMejoramiento de la Calidad de Programas Dirigidos a Jóvenes. Instituto de Estudios Avanzados, IDEA-USACH. Egresada delMagíster en Gobierno y Sociedad, Universidad Alberto Hurtado.3 Subdirectora del Instituto Nacional de la Juventud. Abogado y Magíster en Estudios Latinoamericanos. Universidad deGeorgetown.4 En Ley Nº20.084, Justificación

penas privativas de libertad y la reinserción social se constituyen como los pilares básicos del NuevoSistema de Responsabilidad Penal Adolescente.Por otra parte, ante la emergencia de un discurso comprometido con la seguridad pública de “nodejar impunes” los delitos cometidos por los y las adolescentes, los antecedentes 5 muestran que amedida que se fue avanzando en una versión definitiva de la ley, las penas se fueron endureciendo,en particular, para aquellos delitos considerados graves (violación, parricidio, homicidio, robosreiterados con violencia y en lugar habitado, entre otros). Por ejemplo, el Proyecto de Ley en el año2002 bajo mensaje presidencial, endureció las penas de internamiento para los delitos consideradosgraves a cinco años, como periodo máximo de privación de libertad en el caso de los y lasadolescentes de entre 14 a 15 años y a diez años para aquellos entre 16 y 17 años 6 , yposteriormente, cuando el proyecto llegó al Senado, se reemplazó el catálogo de delitos elaboradoespecialmente para los menores por la aplicación de las sanciones contenidas en el Código Penal,agregando una rebaja de la condena en un grado al mínimo.Según un importante periódico del país 7 en el endurecimiento de estas penas habría incidido unsentimiento de temor generalizado obedeciendo más bien a presiones de algunos sectores de lasociedad, más que a los hechos de la realidad: “En el 2002, a pesar que los indicadores nomostraban un aumento significativo de los delitos cometidos por adolescentes, la sensación detemor se había incrementado” 8 . Esto habría incidido en la discusión que finalmente llevaría alCongreso a aprobar una Ley más severa en la determinación de penas.Es en este sentido, que el siguiente capítulo tiene por objeto ilustrar el problema de la delincuenciajuvenil como parte de la delincuencia del país, distinguiendo las percepciones ciudadanas de aquelloque muestran los datos estadísticos concretos.II. Magnitud del problema: Una caracterización de la población adolescente infractora de ley.De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por Carabineros de Chile 9 , en nuestro país, se haproducido un aumento de aprehensiones 10 en los adolescentes entre los 14 a 17 años de edad, loque podría llevar a concluir que existe un incremento de la delincuencia juvenil. En este sentido sehace fundamental dimensionar esta problemática en su real magnitud y contexto, caracterizando ydescribiendo el fenómeno de acuerdo a ciertas variables claves como la edad, sexo, tipo de delito,entre otras, con el objeto de llevar a cabo un análisis posterior respecto de los alcances del nuevosistema de Justicia Penal Juvenil.5 Véase en De Ferari, Luis Ignacio. “Quince años de espera... Hacia la creación de un sistema de reemplazo: Notas sobre lagénesis y desarrollo de la ley sobre responsabilidad penal de adolescentes”. En UNICEF, 2006. Justicia y Derechos del Niño,Nº8. Andros. También en . “El difícil parto de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”. Jueves 17 de mayo de 2007.Publicación Bicentenario Chile 2010.6 Anteriormente al Proyecto de Ley de 2002, hubo un Ante Proyecto de Ley de 1998 que fijaba los tres años como periodomáximo de privación de libertad.7 www.lanacion.cl “El difícil parto de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”. Jueves 17 de mayo de 2007. PublicaciónBicentenario Chile 2010.8 Idem.9 Véase en Libertad y Desarrollo. Nº817-27 de abril de 2007. Nueva Institucionalidad Penal Adolescente: ¿TransantiagoJudicial?10 Las aprehensiones de Carabineros corresponden a las detenciones por flagrancia o por orden de un tribunal, pero nonecesariamente son formalizadas como imputados posteriormente. Unidad de Reformas Judiciales, Ministerio de Justicia,2006.

En el próximo capítulo llevaremos a cabo una mirada del perfil generacional de los y lasadolescentes, potencial sujeto de atención de la ley 20.084, a la luz de los resultados preliminaresde la V Encuesta Nacional de Juventud 17 , con el objeto de tener presente los rasgos que loscaracteriza y en consecuencia, determinar el énfasis que debiera tener la ley en su implementación.Un sistema especializado como el que ahora entró en vigencia, exige que los jueces y funcionariosdel poder judicial estén capacitados con respecto a este grupo etario, no sólo en las normasobjetivas a aplicar, sino en los elementos diferenciadores con respecto a la población adulta.III. Perfil generacional del sujeto de la ley: La otra cara de la moneda.La delincuencia y la seguridad ciudadana son problemas que deben ser tratados integralmentemediante diversas herramientas de políticas públicas. La Ley 20.084, en cuanto a sistema penal ymecanismo de “responsabilización”, es sólo una variable más que tiende a contribuir en este sentido.Sin embargo, la ley tiene otros objetivos y principios como la rehabilitación y la reinserción social,que sin ser exclusivos de este sistema penal revisten un carácter especial dada la etapa dedesarrollo de los sujetos a quienes se les aplica. La ley 20.084 genera un sistema penal distinto paralas y los adolescentes con respecto al tratamiento que se les da a los adultos en igualescircunstancias. Es en este sentido donde cobra relevancia generar aportes hacia a una perspectivade juventud que de cuenta de quiénes son los y las adolescentes entre 14 a 17 años, sujetospotenciales de atención de la Ley 20.084, en términos de sus reales intereses, aspiraciones yproblemas concretos.Al respecto, la V Encuesta Nacional de Juventud nos abre la posibilidad de comprender la realidadjuvenil y sus condicionantes, de tal manera que la aplicación de la nueva ley considere estadimensión y se termine la tentación de identificar al joven como un sujeto peligroso por sí mismo einfractor de ley. En otras palabras, la V Encuesta Nacional de Juventud, nos muestra que los y lasadolescentes, a quienes se aplicará esta ley, son en su mayoría sujetos con altas aspiracionespersonales y que buscan oportunidades dentro de las reglas dadas por la misma sociedad en la queviven, apartándose de las concepciones de carácter negativo que el resto de la población lesadjudica casi de forma espontánea.En este sentido, al consultar a los y las jóvenes respecto de los rasgos que más los representan,estos tienden a autoidentificarse principalmente en torno a valores como “trabajador” (37,3%),“solidario” (31,5%) y “sociable” (30%) (Véase figura 6). Las características menos mencionadasfueron los atributos negativos, tales como “consumista” (5,6%) y “pesimista” (2,8%). Otros atributosmenos mencionados fueron; “bueno para el carrete”, “participativo” y “solitario”.La autodefinición de los y las jóvenes entre 15 y 29 años varía de acuerdo al rango etario, el sexo yel nivel socioeconómico, por cuanto es posible identificar ciertos grupos 18 .Un grupo está compuestopor aquellos jóvenes de sexo masculino, de estrato socioeconómico más bajo, pero de rango etariomás alto, es decir, hombres entre 18 y 29 años, quienes tienden a identificarse con el atributo de“trabajador”. Pareciera ser que para estos últimos esta categoría forma parte de una “condiciónsocial” o “situación de vida adquirida”. Esto podría estar ligado con ciertos valores tales como elesfuerzo, que dista mucho del estigma “del joven pobre delincuente” que emerge cuando aparece eltema juventud, seguridad ciudadana y delincuencia.17 Encuesta administrada a una muestra de 6.340 jóvenes de ambos sexos, representativa, a nivel nacional y regional, de untotal de 4.000.392 jóvenes entre 15 a 29 años, según CENSO 2002, proyectado a junio de 2006.18 Esta clasificación también se encuentra en el Segundo Informe Nacional de Juventud, INJUV 2006, pp. 39-42.

Un segundo grupo está compuesto por los más jóvenes, entre 15 a 17 años, de sectores másacomodados de la población, quienes se identifican con atributos de carácter lúdico y refuerzanalgunas ideas impulsoras de “cambio social”, como las categorías “soñador”, “idealista” y “crítico”.Si se observa, a diferencia del primer grupo, este se caracteriza por estar compuesto por segmentosque en su mayoría tienen una menor “carga de responsabilidad”, tanto de carácter etario, comosocio-económico familiar.Un tercer grupo está compuesto por características asociadas al “carrete”, que se da en mayormedida en los hombres (15%) y en los más jóvenes, (15.4%), es decir, al igual que en el grupoanterior, entre aquellos con una menor carga de responsabilidad social, sobre todo entre aquellosjóvenes que tienen entre 15 y 17 años. En este grupo también pudieran entrar los que seconsideran “desordenados”, donde los hombres alcanzan un 19% y las mujeres un 12%, y los másjóvenes duplican al grupo de mayor edad (de 18 a 29 años). Las mujeres en tanto, se inclinan por elatributo de “solidario”. Lo mismo ocurre en los niveles socioeconómicos más bajos, quienes enmayor medida se identifican con la categoría de “tranquilo”.Un último grupo está conformado por los atributos de “prácticos” y “realistas”. Aquí los hombres seven en mayor medida representados como prácticos (16%) y realistas (26%) respecto de lasmujeres (13% y 24% respectivamente). Es de destacar que por el contrario a lo que sucede con elsegundo y tercer grupo, representado por los “idealistas, críticos, soñadores” y los “buenos para elcarrete y desordenados”, esta imagen aumenta junto con el incremento de la edad, es decir, en elrango de entre los 18 a 29 años.Figura 3 - TABLA ¿QUÉ PALABRA TE REPRESENTA MEJOR?Total MuestraEdad Sexo Nivel Socio-economicoTotal15-17 18-29años años Hombre MujerABC1 C2 C3 D ETrabajador (a)Solidario (a)Sociable37%32%30%18%35%32%43%30%29%39%26%28%36%37%32%36%23%30%34%26%32%39%33%31%37% 42%36% 33%29% 25%Tranquilo (a) 28% 29% 27% 27% 28% 19% 23% 27% 32% 35%Soñador (a) 25% 32% 23% 21% 29% 24% 22% 24% 26% 31%RealistaOptimistaCrítico (a)25%24%24%22%24%7%26%24%11%26%25%26%24%24%21%26%24%16%28%25%14%24%27%9%24%23%7%21%18%8%Idealista 18% 18% 19% 20% 16% 24% 22% 18% 16% 13%Desordenado (a) 15% 23% 13% 19% 12% 12% 15% 17% 16% 15%Práctico 14% 10% 15% 16% 12% 23% 21% 13% 10% 10%Bueno (a) parael carreteParticipativo(a)Solitario (a)ConsumistaPesimistaNo responde12%16%10%15%9%10% 13% 9% 11% 10% 11% 9% 9% 12% 10%9% 9% 9% 8% 9% 3% 8% 8% 10% 14%6% 4% 6% 5% 6% 8% 6% 6% 5% 4%3% 2% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 2% 7%1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1%9%11%Fuente: Resultados preeliminares V Encuesta Nacional de Juventud12% 12% 12%

A la luz de estos datos, podemos señalar que la autodefinición que realizan de si mismos los y lasjóvenes y adolescentes, refleja que prevalece hoy en día entre estos una imagen pragmática quedesea integrarse en la estructura social y al mundo adulto a través del trabajo. A este tipo deintegración le denominamos “integración funcional”, prevaleciendo en esta caracterización aquellossectores socioeconómicos más pobres y de mayor rango etario. Por su parte, los y las jóvenes demás temprana edad se identifican con ser solidarios, sociables y tranquilos.Según lo señala el Segundo Informe Nacional de Juventud (INJUV, 2006; 41), se trata de una nociónde juventud, que es construida desde ellos mismos, y que “se distancia absolutamente de la nociónde juventud como problema que se consolida en los años `90 y que asocia a la juventud con“conductas desviadas”, como el consumo de alcohol, drogas y delincuencia”. Esta categoría juvenilconstruida por los y las jóvenes desde la “integración funcional” 19 o influida por “procesos dedeseabilidad social”, como se le denomina en el Segundo Informe Nacional de Juventud, se vereforzada al indagar en las percepciones que los y las jóvenes y adolescentes tienen acerca de lajuventud.Al respecto, al ser consultados en la V Encuesta Nacional de Juventud, éstos señalan que lajuventud representa para ellos principalmente “un periodo para tomar decisiones sobre qué hacer enla vida” (42%) y “aprender cosas que sirven para tener éxito” (24%) 20 . En cambio, las categorías decarácter lúdico y soñador como “pasarlo bien” (17%) o “jugársela por los grandes ideales” (9%)pasan a un segundo plano.Estas autodefiniciones que tienen los y las jóvenes respecto de si mismos, así como de la categoríade juventud en sentido amplio está también muy ligado a procesos de “individuación”, donde a futurotener “un buen trabajo o profesión” (33%) y “desarrollarse como persona” (25%), son aspectos quelos y las jóvenes entre 15 y 17 años consideran importantes para ser felices o tener éxito en la vida,por sobre objetivos filantrópicos como por ejemplo, “vivir en un país más justo” (8%). Es en estesentido donde se confirma el nivel de pragmatismo entre nuestra juventud.En conjunto con este pragmatismo, también nos encontramos con una generación de jóvenes quetiene grandes expectativas tanto en el país como en su desarrollo personal. Es aquí dondeencontramos dos mundos diametralmente opuestos: un polo de integración y otro de desintegración.Por un lado, estamos en presencia de una juventud sumamente optimista, que confía en el porvenirdel país y que cree que está progresando (63%) y que confía de manera importante en que elEstado puede resolver gran parte de los problemas que enfrentamos como sociedad (49%) 21 . Peropor otro lado, estamos frente a un pequeño, aunque importante segmento de la población, que es el3,5%, y que no es parte de la esfera social en términos de “integración funcional” y que correspondea los y las adolescentes afectos a programas de protección dirigidos desde SENAME por haberinfringido la Ley. Esta realidad contrasta con el resto de la población juvenil que tiene entre 14 y 17años de edad, y que corresponde al perfil generacional de los sujetos de la nueva ley 20.084.Según estadísticas del Servicio Nacional de Menores (Comunicaciones SENAME; 2007), uno decada dos jóvenes en programas para infractores de ley asiste a la escuela (48%). Del total que noasiste, al 85% le gustaría volver a ella. La experiencia escolar de estos jóvenes se caracteriza amenudo por una “frustración de aspiraciones y por la estigmatización”.19 Entiéndase por esta a la integración en la estructura social, a través de la educación y trabajo.20 Fuente: Resultados preliminares V Encuesta Nacional de Juventud. Aplicado a una muestra de jóvenes entre 15 y 17 años.21Fuente: V Encuesta Nacional de Juventud. Agrupamos las categorías “todos los problemas”, “la mayoría de los problemas”,“bastantes problemas”, versus “ningún problema” y “sólo algunos problemas” que en conjunto, esta última categoría suma45%.

Casi todos ellos han repetido un curso alguna vez, y los infractores graves son los que tienen peorrendimiento escolar. Asimismo, en el plano laboral, la mayoría de los y las jóvenes ha tenido unaexperiencia con “grandes dificultades para desarrollar lo que consideran su vocación” 22 . Una minoríase encontraba trabajando al momento de ser detenido (28%), el resto, se encontraba cesante obuscando trabajo por primera vez. De los que han trabajado, el 73% lo han hecho a través de unempleo informal o temporal.Como hemos señalado, la gran mayoría de las y los jóvenes sujetos de la nueva ley poseecaracterísticas distintivas que se vinculan a ciertos atributos relacionados principalmente con elesfuerzo, la inclusión y el trabajo. En este contexto, también tienen una visión propia de losproblemas que los afectan. De acuerdo a los resultados preliminares de la V Encuesta Nacional deJuventud, habría una diferencia importante entre los problemas que los y las jóvenes consideran queafectan a la juventud con respecto de los problemas que creen que les afecta particularmente a simismos.Considerando sólo al rango de 15 a 17 años, es decir, a la población objetivo de la Ley 20.084, los ylas adolescentes creen que el consumo excesivo de alcohol y drogas (47%) y la delincuencia (29%),son los dos problemas que más afectan a los y las jóvenes en general (Ver figura 4). Esta imagen orepresentación respecto de lo que los jóvenes consideran que son los problemas que afectan a esterango de edad, es coincidente con la imagen de país que ellos tienen. Una gran cantidad de jóvenescree que la “inseguridad” (55.4%) es un rasgo importante que caracteriza al país.No obstante, y como se observa en la figura 5, esta percepción cambia cuando se les pregunta porlos problemas que personalmente los afectan. Se menciona los problemas familiares (13%) y elacceso a la educación (12%) como los dos principales problemas que los afecta de forma particular.Mientras que la delincuencia e inseguridad y los problemas de drogadicción pasan a ocupar el sextolugar (con un 7%) y décimo respectivamente (4%) 23 . Es de destacar que esta pregunta fueformulada de forma abierta en el cuestionario. Es decir, que se obtuvieron respuestas espontáneasde parte de los entrevistados en vez de respuestas en base a categorías cerradas. . Esto nos lleva areflexionar sobre los diferenciales entre realidad y subjetividad en las percepciones sobre seguridadciudadana y las representaciones sociales en torno a ella.Antes que el problema de la inseguridad y la delincuencia, los y las jóvenes consideran que suspropios problemas se centran en torno a otro tipo de carácter estructurales, tales como los problemaseconómicos, las dificultades de conseguir un trabajo y la discriminación. Por tanto, se descarta lacategoría y/o representación “anómica” o “desviada” de la juventud consolidada en la década de los90’ 24 dado a que además de los atributos tradicionales que se vinculan a esta categoría como ladelincuencia, alcoholismo y drogadicción, los “problemas de personalidad” (6%), “rendimiento en losestudios” (4%) y “violencia de todo tipo” (2%), son muy poco significativos como problemasrelevantes para los y las jóvenes entrevistados pertenecientes a ese rango etario (Ver figura 5).22 Estudio realizado por la Universidad de Chile en el 2005. Estadísticas SENAME, Comunicaciones, 2007.23 Es de destacar que esta pregunta fue formulada de forma abierta en el cuestionario. Es decir, que se obtuvieronrespuestas espontáneas de parte de los entrevistados en vez de respuestas en base a categorías cerradas.24 Véase Instituto Nacional de la Juventud, 2006. Segundo Informe Nacional de Juventud, capítulo I, p. 41.

Figura 4 - ¿CUÁLES SON PARA TI LOS DOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES QUEAFECTAN ACTUALMENTE A LOS JÓVENES EN CHILE? MUESTRA: 15-17 AÑOConsumo exesivo de DrogasDelincuenciaFalta de oportunidad para acceder a trabajosDificultades para acceder a la educaciónsuperiorFalta de confianza que tiene los adultos enlos jovenesLa violenciaLa discriminaciónNRProblemas de viviendaFalta de acceso a la justiciaDificultades para acceder a la salud0% 10% 20% 30% 40% 50%Fuente: Resultados preliminares V Encuesta Nacional de Juventud.2%2%1%Figura 5- ¿CUÁLES SON LOS DOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TE AFECTAN A TI EN LOPERSONAL? PREGUNTA ABIERTA. MUESTRA: POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS.5%8%14%12%19%26%29%47%Problemas relacionados con los (as) hijos (as) 0%Problemas de parejaCalidad de la educaciónViolencia de todo tipo1%2%2%Acceso a vivienda 2%Soledad 3%4%Falta de confianza y apoyo de los adultos hacia los jóvenesExceso de alcohol y/o drogas 4%Rendimiento en los estudiosFalta de oprtunidades para los jóvenesProblemas de personalidadDelincuencia, inseguridad4%5%6%7%Discriminación, desigualdad7%Dificultades para conseguir trabajo9%Deuda y problemas económicos9%11%No respondeAcceso a la educación12%Problemas familiaresOtros13%13%Ninguno22%0% 5% 10% 15% 20% 25%Fuente: Resultados preliminares V Encuesta Nacional de Juventud.Resumiendo, los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Juventud dan cuenta de un perfilgeneracional que considera a la juventud como un periodo crucial en la vida para tomar decisionesimportantes y aprender cosas para el éxito. En su mayoría, se sienten representados por los valoresdel esfuerzo, la solidaridad y la sociabilidad. Esperan lograr buenas oportunidades de trabajo ydesarrollarse como personas, y el principal problema al que se enfrentan es la falta de acceso a losmecanismos de integración funcional en la sociedad, como es la educación. Consideran ladelincuencia como un problema que afecta a la juventud, aun cuando no a ellos directamente. Acontinuación, llevaremos a cabo unas reflexiones finales en torno al Nuevo Sistema de JusticiaPenal para Adolescentes, a la luz de los antecedentes recogidos, sugiriendo propuestas y desafíospara la implementación de la ley.IV. Reflexiones finales en torno al nuevo sistema de Justicia Penal Adolescente.De acuerdo a lo presentado anteriormente, es conveniente destacar algunos puntos relevantes enorden a asignarle a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente una dimensión realista conrespecto a sus alcances y objetivos.

En general, la sociedad invisibiliza los aspectos positivos de los y las jóvenes, y por el contrario,resalta los aspectos negativos y configura “estigmas” o “etiquetas” que distorsionan la magnitud realdel problema. La incidencia de la delincuencia juvenil en el tramo entre 14 y 17 años en ladelincuencia total del país es menor al 10% y en su mayoría se trata de infracciones a la leycalificadas de delitos menores o simples delitos, es decir, no se trata en su mayoría de accionescalificadas de mayor gravedad como los crímenes, aun cuando por su naturaleza caen en lacategoría de Delitos de Mayor Connotación Social. Adicionalmente, la proporción poblacional que deeste tramo etario se encuentra en una situación delictual, alcanza sólo el 3,5%. Es decir,aproximadamente el 96% de las y los jóvenes sujetos de derecho de esta ley, tienen niveles desociabilización normales, contrarios a tendencias delictuales, y se identifican con valoreselacionados con el esfuerzo y la integración social al considerarse como trabajadores, sociables ytranquilos.Estos antecedentes nos ayudan a poner en perspectiva la aplicación de la ley y sus alcances. Escomún leer en la prensa grandes expectativas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana,una vez que la ley comience a regir. Sin embargo, hay que tener presente, que los y las adolescentesno son los principales infractores y que la Ley 20.084 es un sistema legal penal diferente al régimenaplicable a los adultos y por lo tanto, en su aplicación, debe contemplar principios que se adecuen ala etapa de desarrollo en que se encuentra el adolescente, respetando las convenciones y tratadosinternacionales, el interés superior del adolescente, rescatando el énfasis en la reinserción social, laexcepcionalidad de la privación de libertad y un sistema especial de penas.La incorrecta aplicación de la ley puede desnaturalizar sus dos pilares básicos, por una parte, suénfasis en la línea de promoción de derechos a través de un sistema de garantías y por otra, suénfasis en la línea de la reinserción social o reinserción socio-educativa, ambas con el propósito decontribuir a des-estigmatizar a los y las jóvenes e integrarlos nuevamente a la sociedad, para evitarque se vea mermado su desarrollo integral como parte de una comunidad y entorno.Los datos provenientes de las distintas entidades gubernamentales, refuerzan la idea que dentro dela población objetivo de la Nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, existen dos caras dela moneda o polos distintos en el plano de la integración funcional. Una juventud que “sueña” con unfuturo próspero en el ámbito profesional y laboral, que confía en la labor que desempeña el gobierno,que cree que en el futuro el país será mejor. Y otra juventud, que es una minoría, pero de igual modoes clave para la integración social, que experimenta tropiezos en los ámbitos de la integraciónfuncional (educación y trabajo), pero que de igual modo ansía mayores oportunidades. Estos jóvenesson parte de los desafíos que enfrenta el país en términos de desarrollo humano y el cumplimientode los tratados internacionales, firmados e incorporados a nuestra legislación interna, como es laConvención de Derechos del Niño.Al respecto, el nuevo sistema de Justicia Penal para Adolescentes propone una serie de garantías yderechos que están en estrecha comunión con los principios de la Convención de los Derechos delNiño (Art. 40). La ley se vincula con estos principios a través de lo siguiente: “El poder garantizar eldebido proceso a los y las adolescentes infractores, lo que hace que la ley obligue a los actores delsistema a tratar con dignidad a los adolescentes y a resguardar su integridad personal; tendrán elderecho a ser informados de los cargos que se les imputan, y de los derechos y deberes que estostienen; podrán conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones; presentarpeticiones ante la autoridad competente, obtener una respuesta pronta y solicitar la revisión de susanción en conformidad con la ley y denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechosante el juez; podrán contar con la asesoría permanente de un abogado; recibir visitas periódicas enorma directa y personal al menos una vez por semana, cuando se trate de adolescentes sometidosa una medida privativa de libertad; tendrán acceso a servicios educativos y el resguardo de la

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: A la luz de laConvención Internacional de Derechos del NiñoRoberto Vergara 26IntroducciónCon la entrada en vigencia de la nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley Nº 20.084) 27se pretende adecuar la normativa nacional a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país y,en especial, a los principios y directrices contenidos en la Constitución Política, en la reformaprocesal penal, iniciada en nuestro país a mediados de la década del noventa y a la ConvenciónInternacional sobre los Derechos del Niño.Para alcanzar esta finalidad, el año 2002 (Mensaje del Ejecutivo) se envío a la Cámara de Diputadosun proyecto de ley que no sólo pretendió modificar los procedimientos a que eran sometidos las y losjóvenes adolescentes infractores a la ley penal, sino que además buscó crear un nuevo sistema deenjuiciamiento y tratamiento para los adolescentes tanto en sus aspectos sustantivos como adjetivos,sistema diametralmente opuesto al existente en la actualidad.La mirada ya no sólo se centra en el joven o adolescente como objeto de protección, derivado de sucomportamiento reñido con la ley, sino que se le pretende reconocer como un sujeto de derecho alque se le aplica un sistema especialmente creado y en donde se le dan las garantías, por una parte,de un proceso racional y justo y, por otra, la posibilidad de alcanzar la tan discutida y anheladareinserción social.Ahora bien, la nueva normativa no tan sólo establece dentro de sus objetivos básicos la reinserciónsocial de las y los jóvenes como uno de sus pilares fundantes, sino que además posee la virtud decambiar la visión sobre la problemática, en orden a considerar a los adolescentes como sujetos dederecho y no como simples objetos de protección, lo que implica un absoluto cambio de mirada en lamanera que el Estado chileno se relaciona con las y los jóvenes.Sin embargo, la respuesta estatal al tema en estudio, esto es, el de la responsabilidad penaladolescente, no sólo debe analizarse a la luz de la denominada reforma procesal penal, puesprecisamente con la entrada en vigencia de ésta es que queda al desnudo la contradicción y laobsolescencia de nuestro sistema penal adolescente, sino que además debe analizarse a la luz de laexperiencia internacional y, principalmente, en consideración a la Convención Internacional de losDerechos del Niño, cuerpo jurídico en que se encuentran precisamente los principios y normas a quenuestra nueva ley propende. Por lo anterior, a lo largo de este trabajo se irán comentando yanalizando no sólo la nueva normativa, sino además las normas y principios establecidos en dichaconvención, con el objetivo de intentar determinar en que medida nuestro legislación se ajustó alparámetro internacional.Por lo expuesto, podemos señalar que las ideas centrales que la nueva ley de responsabilidad penaladolescente son, básicamente:a) Establecer por primera vez un sistema de justicia especializado para adolescentes mayores de 14y menores de 18 años que han infringido la ley penal.26 Abogado, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Egresado del magíster en Derecho Público Universidad deChile. Jefe del departamento de Asesoría Jurídica, Instituto Nacional de la Juventud.27 Publicada en el Diario Oficial el 7 de Diciembre de 2005.

) Se establece un sistema en que por primera vez en nuestra legislación se concibe al adolescentecomo un sujeto de derechos y no sólo como un objeto digno de protección.c) Se determina como principio rector de aplicación y de interpretación de la norma el interésSuperior del adolescente.d) Se establece un sistema o catálogo de sanciones especiales, aplicables a los adolescentes enque se privilegian aquellas medidas a cumplirse en el medio libre. El objetivo es reinsertarsocialmente a los adolescentes a través de programas especiales, en que se resguarda sudesarrollo e integración social.e) Se establecen en favor del adolescente garantías de debido proceso. Por esta razón, se recogenlos principios de la reforma procesal penal, como la oralidad, transparencia y rapidez en laresolución de los conflictos, a través de un procedimiento acusatorio.f) Pone fin al trámite del discernimiento, haciendo responsables a los adolescentes por lasinfracciones que cometen.g) Respetar los principios establecidos en la Constitución y en la Convención Internacional sobreDerechos del Niño.Características centrales de la nueva Ley de Responsabilidad Penal AdolescenteA) Sistema de justicia especializadoComo primera aproximación al tema, podemos señalar que la doctrina nacional constituye un avancelegislativo sustancial, respecto la situación vivida hasta este momento en nuestro sistema jurídico.Decimos esto pues con la anterior normativa no se contemplaba la existencia de una justiciaespecializada para adolescentes o jóvenes infractores de ley penal. Por el contrario, las infraccionescometidas por aquellos adolescentes que fueron declarados con discernimiento, eran conocidas yjuzgadas por la justicia penal de adultos y respecto de aquellos que fueran considerados sindiscernimiento o los ilícitos cometidos por menores de 16 años, eran conocidas por la justicia demenores.En cambio, con la entrada en vigencia de la ley Nº 20084 se establece un Sistema de JusticiaEspecializada para las y los jóvenes. Este se aprecia en diversas normas de la ley. En primer lugar,implica que los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, los fiscalesadjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes, deberánestar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estasinfracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades dela etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley. Así,quienes adquieren la calidad de operadores de esta normativa, deberán tener las competenciasacadémicas necesarias para conocer de ésta clase de ilícitos que son cometidos por personas enestado de formación no tan solo física, sino que además intelectual y valórica, razón por la cual sehace plenamente justificable que se les de un tratamiento especial, acorde con su estado dedesarrollo.En segundo lugar, esta especificidad se manifiesta en las instituciones policiales, las cuales debenincorporar dentro de sus programas de formación y perfeccionamiento, los estudios necesarios paraque los agentes policiales cuenten con los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de lapresente ley, a la Convención de los Derechos del Niño y a los fenómenos criminológicos asociadosa la ocurrencia de estas infracciones, motivo por el cual los adolescentes que participen en actosreñidos con la legislación penal debieran tener un trato acorde con su condición de adolescente.

En tercer lugar, se aprecia la especificidad de la que estamos hablando en el aspecto procedimentalconsignado en la ley. Es decir, por disposición del artículo 27 de la Ley Nº 20.084, se establece quela investigación y juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte deadolescentes, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por lasnormas del Código Procesal Penal. Lo anterior, implica una garantía para los adolescentes, puessólo deberán aplicárseles las normas de procedimiento establecidas en esta ley y no otra, lo quepermite que, por ejemplo, le sea aplicable un sistema de sanciones mucho más acorde con susituación de sujetos en formación.Sobre el carácter especial de la nueva normativa, la Convención de Derechos del Niño sobre elparticular señala en su Art. 40 Nº 3 que: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadaspara promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e institucionesESPECÍFICOS para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienesse acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes”. Ahora bien, si observamos –primeroqueel requerimiento establecido en este cuerpo jurídico de carácter universal impone la necesidadde establecer leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para las y losadolescentes que aparezcan involucrados en esta clase de conductas, que- segundo- nuestroordenamiento aplica al poseer un sistema especializado y –tercero- que al comparar nuestrarealidad con países latinoamericanos que también poseen normativa especializada respecto al tema,como ocurre con Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela, nopodemos más que concluir que nuestro país, con la incorporación de la ley Nº 20084, efectivamenteajusta su ordenamiento jurídico al parámetro establecido en la Convención de los Derechos del Niño,al menos en términos formales. Decimos esto en atención a que el carácter específico deltratamiento penal adolescente no ha estado exento de críticas, las que serán enunciadassomeramente en la parte final de este trabajo.B) Adolescentes sujetos de derechoHistóricamente han existido dos posiciones relativas al tratamiento de jóvenes infractores de LeyPenal. Una, es aquella que ha considerado la situación de las y los jóvenes como digna deprotección, es decir, a priori el legislador y los sistemas de enjuiciamiento consideran al joven comouna víctima, no tan sólo de terceros que interactúan con ellos, sino que además de sus propiosactos, razón por la cual se hace necesario darles la debida protección. Esta visión paternalista es laque ha caracterizado a nuestra legislación desde la dictación del Código Penal y durante toda lavigencia de la Ley de Menores (Nº 16.618), constituyéndose en la regla general en materia detratamiento a adolescentes infractores de ley penal.Graficando lo señalado anteriormente -en cuanto a asignarle una categoría de peligrosidad a losadolescentes y que ameritaría dar un tratamiento legislativo tutelar - resulta oportuno recordar laspalabras que tuvo el gobierno de Chile el año 1928 previo a la dictación de la Ley Nº 4447 que serefería a este grupo etáreo señalando que: “ La infancia desvalida, abandonada y delincuente es unhecho de tan grave y notoria trascendencia social, que no es posible continuar mas tiempo ante él enuna actitud de simple expectación. En efecto, por una parte, el niño abandonado y delincuente essíntoma de un grave mal que urge remediar y, por otra, es en sí mismo un peligro permanente quees indiscutible corregir (…) las causas del abandono y la delincuencia infantil, son en primertérmino (…) la constitución irregular de las familias y la desorganización de éstas, porirresponsabilidad o inmoralidad de los padres” 28 . Es decir, según esta prisma se asocian lasconcepciones de infancia en peligro o peligrosa, lo que junto con darle una connotaciónabsolutamente negativa a esta etapa de la vida, implica incurrir en el error de28 CORTÉS MORALES, JULIO. 1994. Desarrollo de los Sistemas de atención a la infancia en Chile. Montevideo, Uruguay.En Infancia y Riesgo Social y Políticas Sociales en Chile, Instituto Interamericano del Niño, Montevideo 1994.

Otra manifestación de este principio rector lo encontramos en las normas que regulan la prescripción.Al respecto, nuestra legislación no fue de la tesis de someter a los adolescentes infractores de leypenal a largos períodos o equiparables a los de los adultos en esta materia. Por el contrario,estableció períodos acotados, resolviendo que la prescripción de la acción penal y de la pena será dedos años, con excepción de las conductas constitutivas de crímenes, respecto de las cuales será decinco años, y de las faltas, en que será de seis meses. La idea es, precisamente, no dejar sujetos alas y los jóvenes a tan extensos períodos de prescripción, con la idea de permitirles en el menorplazo posible regularizar sus vidas, no estando sujetos a la amenaza de largos procesos o condenasque por no aplicarse se eternicen.Una tercera manifestación de este principio rector lo constituye un nuevo sistema de sanciones. Lanueva Ley de RPA contempla una variedad de sanciones alternativas, dejando de manifiesto que lassanciones privativas de libertad constituyen la última sanción aplicable a los infractotes de ley penal.Cabe señalar, que este anhelo también se encuentra consagrado en la convención, específicamenteen su artículo 37 b) al señalar que: “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente.La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la leyse utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.Por todo lo dicho, podemos señalar que a la luz del análisis comparativo que se ha efectuado,nuestra legislación sí ajusta su actuar al parámetro establecido en la convención.D) Sistema de sanciones aplicableLo que la ley Nº 20.084 estableció al respecto fue el introducir un sistema nuevo de sanciones paralos adolescentes infractores de ley penal, el que fuera diametralmente opuesto al contemplado paralos mayores de edad. Estas sanciones, por regla general, no son de carácter privativas de libertad,las que se reservan a casos expresamente previstos en ella y siempre como últimorecurso.Dentro de estas penas encontramos: internación en régimen cerrado con programa de reinserciónsocial, internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistidaespecial, libertad asistida, prestación de servicios en beneficio de la comunidad y reparación deldaño causado.Tratándose de las faltas se consignan como penas posibles: prestación de servicios en beneficio dela comunidad, reparación del daño causado, multa, amonestación. Accesoriamente se consigna laposibilidad de establecerse la prohibición de conducir vehículos motorizados.En cuanto a la finalidad y razón de ser de las sanciones contenidas en la ley, ésta señalóexpresamente que “Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacerefectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de talmanera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plenaintegración social” 29 . Es decir, se plantean dos ideas de vital importancia.En primer lugar, se le reconoce al adolescente como sujeto responsable. Es decir, se deja atrás laconcepción de adolescente en situación de riesgo, irregular, carentes o necesitados, irresponsablepenalmente y por tanto digno de la protección estatal. En ese entendido, la situación de un menorque había perpetrado un delito era idéntica a la que afectaba al que carecía de padres, a otro quevivía en la calle o a quienes se encontraban en abandono.29 Artículo 20 Ley Nº 20.084.

La postura descrita anteriormente es reemplazada por una concepción en que se hace aladolescente responsable de sus actos y en que se le aplica, por tanto, un sistema de sancionesacordes con su correspondiente estado de desarrollo, pero en ningún caso se le exonera deresponsabilidad o se le aplica un sistema vago de discernimiento, como el que existe en nuestralegislación antes de la entrada en vigencia de la nueva ley.Bajo la nueva norma se establecen una serie de sanciones que permiten evitar una tempranaestigmatización criminal del adolescente. Son medidas que buscan la reinserción social de lapersona y que no desvinculen al adolescente de su entorno familiar y social.En segundo lugar, se plantea la idea de establecer penas o sanciones que tengan por objeto la plenareintegración social de los sujetos activos de los delitos. Para conseguir esta finalidad se ha ideadoun sistema de sanciones acorde a la realidad de los adolescentes, entendiendo por estos a aquellosmayores de 14 y menores de 18 años y que por encontrarse en etapa de formación tanto física comosicológica, hace aconsejable que se le apliquen sanciones distintas a las contempladas en lalegislación para personas adultas y que se encuentran en una etapa plena de formación.E) Garantías de debido procesoOtra de las deficiencias del antiguo sistema que se pretende remediar con la entrada en vigencia dela nueva ley, es lo relativo al legítimo derecho a defensa por parte de los adolescentes acusados decometer un ilícito penal. Ocurre que no se les reconocían las garantías penales y procesales quetoda persona mayor de 18 años tiene asegurada en juicio cuando comete un delito. En la práctica ybajo la denominación de “Medidas de Protección” muchas veces se encubría la aplicación demedidas privativas de libertad. Lo anterior, sin perjuicio de que estas privaciones además perturbanseriamente la reintegración social del adolescente y provocaba un daño irreparable en el desarrollode su persona (efectos criminógenos).Bajo el antiguo sistema se producían vicios absurdos, derivados de la asimilación del problema deadolescencia o infancia “en peligro-peligrosa”, es decir, el entender o asimilar dos fenómenos dedistinta naturaleza como lo serían, el de los jóvenes en peligro con la de jóvenes adolescentesinfractores de ley penal y, peor aún, ambos con un tratamiento legislativo y jurisprudencial idéntico.Un ejemplo de esto se aprecia en que tanto el adolescente que se encuentra en una situación deabandono o evidente riesgo social como aquel que cometiese un ilícito penal eran objeto de lasdenominadas Medidas de Protección, las que junto con ser absurdas respecto de su finalidad, enocasiones, provocaban más desastres que beneficios para los “supuestamente” protegidos por estalegislación. Como ejemplo de esto, podía darse el absurdo que un adolescente no habiendo sidoconsiderado responsable de un determinado ilícito penal, fuese objeto de una determinada medidade protección “en su favor”, la que en la práctica se manifestaba como una verdadera condena, sinque en la aplicación de estás se observaran los principios básicos de lo que entendemos por unproceso racional y justo.Si a esto se suma que este sistema queda en la más absoluta obsolescencia, en atención a laentrada en vigencia de la convención de Derechos del Niño, en la que se establecen una serie deprincipios que pugnan derechamente con las disposiciones legales vigentes de la época y, a mayorabundamiento, lo ocurrido con la entrada en vigencia en nuestra legislación de la Reforma ProcesalPenal, en donde sí se establecen garantías del debido proceso en favor de los imputados, es que

surge la necesidad absoluta de reglamentar una nueva legislación para las y los jóvenes infractoresde ley penal, la que debe reunir los estándares fijados por la Convención de Derechos del Niño.Ahora bien, lo que la convención ha establecido en este punto, particularmente en los artículos 37 ysiguientes, es precisamente, el establecer una serie de garantías no sólo de carácter procedimentalsino que además de carácter sustantivas, que otorguen al adolescente infractor garantías de debidoproceso. Lo anterior, se explica pues no olvidemos que si bien éstos se encuentran sometidos a unanormativa garantista especial, de todas formas están siendo objeto del Ius Puniendo estatal, el quepara poder ser debidamente aplicado requiere se haga con apego irrestricto a la ley y otorgándole aquienes son titulares de este reproche penal las debidas garantías de defensa y de un procedimientoracional y justo.Como manifestaciones de este principio en la nueva ley Nº 20084 encontramos, en primer lugar, laexistencia de un principio de Justicia Especializada en que no tan sólo el procedimiento a que sesometa a las y los jóvenes infractores de ley penal es de carácter especial y ajustado a su procesode desarrollo, sino que además todos los actores sociales que intervengan en las causas deadolescentes, deberán estar capacitados en estudios e información criminológica vinculada a laocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las característicasy especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido enesta misma ley. Así quienes adquieren la calidad de operadores de esta normativa deberán tener lascompetencias académicas necesarias y un criterio jurídico afinado para conocer de ésta clase deilícitos que son cometidos por personas en estado de formación no tan solo física, sino que ademásintelectual y valórica, razón por la cual se hace plenamente justificable que se les de un tratamientoespecial.En cuanto a la Convención de derechos del Niño, podemos señalar que en su artículo 40 seestablece un catálogo de derechos que deben ser respetados al adolescente, como serían el que nose le acuse o declare culpable cuando lo que se le imputa no sea delito al comento de su comisión,que se lo presumirá inocente, que sea informado sin demora y directamente o, cuando seaprocedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesancontra él, que dispondrá de asistencia jurídica para su defensa, que la causa será dirimida sindemora por una autoridad u órgano judicial, que el órgano judicial sea competente, independiente eimparcial, entre otros derechos reconocidos.Ahora bien, si efectuamos el análisis comparativo de las normas establecidas en la convención y lasde la Constitución Política de la República de Chile y de la Ley Nº 20084, podemos concluir quenuestra legislación sí cumple o se ajusta de manera satisfactoria con el parámetro o estándarinternacional establecido en la convención. Sin embargo, esta afirmación no ha estado exenta decríticas, pues para algunos la nueva ley incurre en una serie de vicios que no garantizandebidamente un proceso racional y justo. Sobre el particular nos referiremos someramente acontinuación.Críticas formuladas a la Ley Nº 20084Sin lugar a dudas un análisis simplista del asunto podría llevarnos a la conclusión apresurada desostener que este nuevo cuerpo legislativo efectivamente cumple con los estándares establecidos enla Convención de Derechos del Niño. Lo anterior, en atención a que dentro de la historia fidedigna delestablecimiento de esta norma se señaló, por ejemplo, como ocurrió en el Mensaje del Ejecutivo queuno de los objetivos del proyecto era adecuar la normativa nacional a los principios inspiradoresestablecidos en la Convención de Derechos del Niño o el hecho que la nueva ley contempla unaserie de disposiciones (Art. 2, 6, 8 y siguientes, 20, 29, 30 y 31) que constituyen derechamente una

manifestación concreta de los principios garantistas y conciliadores con la idea de que losadolescentes son sujetos de derechos y no tan sólo de objetos de protección como acontecía con lalegislación anterior al la entrada en vigencia con la Ley Nº 20084. A mayor abundamiento, la propiadenominación de la nueva ley la define como “Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente”, esdecir, le reconoce la calidad de un sistema integral de tratamiento respecto de las y los jóvenesinfractores de ley penal.Sin embargo, esta no es la única posición que existe respecto de este cuerpo normativo de tanescasa data. Por el contrario, desde que la actual ley se encontraba en proceso de tramitación ya selevantaban voces de parte de Ong’s (Por ejemplo, Corporación Opción) y de Organismosinternacionales como la UNICEF, que veían con preocupación la entrada en vigencia de estanormativa por considerar que ella incluso no era una ley a favor de las y los jóvenes, sino más bienen contra de ellos. Se ha criticado el que esta ley aumente los plazos en que un adolescente puedaestar sometido a pena privativa de libertad, la que puede llegar a 10 años, o que la ley haya rebajadola edad como requisito de imputabilidad del joven a aquellos mayores de catorce años, encircunstancias que lo ideal sería – para quienes sustentan esta posición- el que se someta aaquellos jóvenes a procedimientos de reinserción más que de coacción , o el riesgo que se corre deproducir un “Fraude de Etiquetas”, esto es, que bajo el concepto de medidas que buscan reinsertaral joven nuevamente a la sociedad civil, se esconda la aplicación encubierta de medidas privativasde libertad con individualización de condenas aparentemente protectoras del menor.Se excluye toda posibilidad de un análisis relativo a la aplicación práctica de la norma pues almomento de redactado el presente artículo aun no había entrado en vigencia, de ahí la imposibilidadde establecer empíricamente si esta se ajusta o no a las ideas matrices establecidas en laConvención de Derechos del Niño.Dentro de las diversas críticas que se formulan, podemos señalar las siguientes (Sin que suenumeración sea taxativa):1º Plazo de duración de pena privativa de libertad. Se ha criticado el que esta ley establezcaplazos tan extensos en que un adolescente pueda estar sometido a pena privativa de libertad, la quepuede llegar a 10 años tratándose de los mayores de 16 y menores de 18 y hasta 5 años tratándosede los menores de 16 y mayores de catorce. Se argumenta a favor de esta posición – en primerlugar- que el aplicar sanciones tan elevadas atenta con el objetivo primordial que tendría laaplicación de la pena, esto es, que su cumplimiento forme parte de una intervención socioeducativaamplia y orientada a la plena integración social y, por otro lado, implicaría olvidar que el adolescentese encuentra en una etapa de desarrollo en que aún no completa su desarrollo cognitivo y volitivoque justifica un tratamiento penal diferenciado.Si bien existe -en principio- la especificidad del sistema, no se excluye que fiscales, defensores yjueces puedan intervenir en causas en que se encuentren involucrados adolescentes sin tener lascapacitaciones necesarias. Se entiende que todos los operadores del sistema deberán adoptar lasmedidas para que esto no ocurra, minimizándose las posibilidades de ocurrencia. Pero, aunque debaja probabilidad, esta situación en rigor- podría producirse de existir una sobre demanda delsistema, vulnerándose así los derechos y garantías procesales del adolescente infractor.2º Riesgo de “Fraude de Etiquetas”. Se ha criticado el que la nueva ley consigne lo que la doctrinadenomina “Fraude de Etiquetas”, esto es, que bajo el concepto o carátula de medidas que buscanreinsertar al joven nuevamente a la sociedad civil, se esconda la aplicación encubierta de medidasprivativas de libertad con individualización de condenas aparentemente protectoras del menor -comopodrían serlo las de internación en régimen cerrado o semicerrado -, las que sin los debidos

programas de reinserción social de calidad corren el riesgo de transformarlos en verdaderascondenas privativas de libertad que no tan sólo no irrogarían ningún beneficio para el infractor, sinoque además acarrearían los lamentables efectos criminógenos que las penas de encierro conllevan.3º Regla general en materia de sanciones. En el artículo 26 de la ley se señala que la medida deprivación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso. Sin embargo, se ha criticado elque ésta que parece ser la regla general no es tan cierta. Ocurre que cada vez que un adolescentecomete un hecho de tal gravedad que revista el carácter de crimen, se hará acreedor de la medidade Internación ya sea en régimen cerrado o semicerrado. Sin embargo, la ley no faculta al juez paraaplicar una medida menos gravosa si la conducta realizada (una vez rebajada en un grado delmínimo señalado en la ley) sea la correspondiente a un crimen. Dicho de otra forma, tratándose depenas de crimen, por regla general, se le aplicará una pena restrictiva de libertad sin posibilidad deuna medida sancionatoria alternativa de menor entidad, razón por la cual cobra gran importancia elque los regímenes de internación posean programas de reinserción social de calidad.4º Respecto a la internación provisoria. Se encuentra reglamentada en el artículo 32° de la ley deRPA. Se ha criticado pues podrían existir problemas de interpretación respecto de la frase“imputación de crímenes”. Es decir, respecto a aquellos delitos que tengan pena asignada en elCódigo Penal mayor a 5 años y un día de privación de libertad.La ley establece expresamente en su artículo 21° que “Para efectos de la presente ley, seentenderá que la pena asignada al delito cometido por un adolescente es la inferior en un grado almínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente”. En este sentido y teniendopresente dicha norma, cuando hablemos de crímenes respecto a los adolescentes hay que atendera este criterio y en atención a la rebaja que por ley se establece, determinar posteriormente siestamos frente a un crimen o ante un simple delito y ver si es o no procedente la internaciónprovisoria. Desde el punto de vista del deber – a nuestro juicio- ésta es la posición correcta.Sin embargo, quienes se manifiestan en contra de esta interpretación sostienen que ciertos delitosque pueden ser considerados de relevancia, no quedan comprendidos dentro de este espectro ocatálogo de crímenes y de esta manera, no procedería respecto a ellos la internación provisoria delmenor, quedando éstos en libertad durante el período de investigación, con los consecuencialesriesgos no tan sólo para el adolescente sino que para la comunidad toda.5º. Periodo de investigación. Otra crítica que se ha formulado es la relativa al período de duraciónde la investigación que sería de seis meses. El fundamento para señalar esto lo encontramos en quela nueva normativa no se ajustaría al parámetro internacional. La idea inicial siempre estuvo centradaen establecer un proceso de fácil terminación. Es decir, el proceso partía del supuesto que la etapade investigación era excepcional y que una vez concedida otorgaba cierto plazo breve al fiscal parallevarla a cabo. Sin embargo, la nueva ley- finalmente- en su artículo 38 resolvió que el plazo de lainvestigación podrá ser hasta por un período de seis meses, pudiendo incluso ampliarse hasta pordos meses más. Ahora bien, si a esto le agregamos el período de realización del Juicio Oral, pareceun exceso desde el punto de vista de las garantías individuales para los adolescentes imputados quedurante este periodo podrían incluso estar privados de libertad.Conclusión finalA nuestro juicio, si bien la nueva normativa adolece de algunas deficiencias o imprecisiones, sinlugar a dudas no sólo constituye un avance legislativo respecto del existente en nuestra legislaciónantes de la entrada en vigencia de la ley Nº 20084, sino que a la luz de las características analizadaspodemos concluir que nuestra legislación sí ajustó la normativa a los parámetros y directrices

establecidas en la Convención de Derechos del Niño, toda vez que al reconocer al adolescentecomo un sujeto de derecho y al dotarlo de un sistema judicial especialmente establecido para ellos,no hace más que dar aplicación concreta a los principios y directrices establecidos en dichaConvención. Si a esto agregamos que la nueva normativa crea instancias de rehabilitación,seguimiento y protección a los menores para instarlos a abandonar la delincuencia y que para laaplicación e interpretación de la misma se exige tomar en consideración todos los derechos ygarantías que otorgan la Constitución y las convenciones internacionales de protección al menor,dentro de las cuales precisamente se encuentra la Convención de Derechos del Niño, es quepodemos afirmar categóricamente que la Ley Nº 20084 constituye el cambio legislativo más radicalen cuanto al tratamiento penal dado a los adolescentes en Chile. Lo anterior, a lo menos en términosteóricos toda vez que esta ley aun no ha entrado en vigencia, razón por la cual se excluye todaposibilidad de un análisis fáctico de la misma.Referencias BibliográficasBernales Lyon, Diego Andrés. 1999. Responsabilidad Penal del Menor de Edad y Análisis Críticodel Anteproyecto de Ley Sobre Responsabilidad por Infracciones Juveniles a La ley Penal. Stgo,Chile.Cillero Bruñol, Miguel. 1991. Juventud, Minoría de Edad y Responsabilidad Penal: Aspectosjurídico penales. Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales). Universidad deChile.Cortés Morales, Julio. 1994. Desarrollo de los Sistemas de atención a la infancia en Chile.Montevideo, Uruguay. “En Infancia y Riesgo Social y Políticas Sociales en Chile”. InstitutoInteramericano del Niño, Montevideo.Cury Urzúa, Enrique. 1997. Derecho Penal Parte General. Segunda edición. Santiago, Chile.Editorial Jurídica de Chile. Tomo II.Etcheberry, Alfredo. 1997. Derecho Penal, Parte General. Tercera edición. Santiago. EditorialJurídica de Chile. Tomo I y II.Ministerio de Justicia República de Chile. 2002. Responsabilidad Penal de Adolescentes. EnBoletín jurídico del Ministerio de Justicia / Ministerio de Justicia (Santiago de Chile) Año 1, Nº 1,Sept.2002, 91 pp.Navarrete Infante, Ricardo. 1998. Justicia Juvenil: El ámbito infraccional y las medidas correctivase integradoras. Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales). UniversidadCatólica de la Santísima Concepción.Sanhueza Asensio, Jorge. 2002. La Responsabilidad Penal de los Menores de Edad y laDelincuencia Juvenil. Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales).Universidad Católica de la Santísima Concepción.Normas LegalesCongreso Nacional. Constitución Política de la República de Chile.Congreso Nacional. Código Penal.Ley de menores Nº 16618.Ley Nº 20084 sobre Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.Convención Internacional de los Derechos del Niño.Declaración de los Derechos del Niño.

¿Responsabilizar, Culpabilizar o Exculpar?: Notas sobre la nociónde responsabilidad y sus implicancias en la subjetividadAlejandro Reinoso Medinelli 30El presente artículo tiene por objetivo contribuir a la reflexión respecto a la noción de responsabilidaddesde una perspectiva psicológica y psicoanalítica, orientando su campo de aplicación a la juventudy lo juvenil. Asimismo, el texto indica algunos alcances y tensiones en la discusión en torno a la Leyde Responsabilidad Penal Juvenil en Chile.I. Responsabilidad: responder al OtroLa responsabilidad en términos etimológicos hace referencia a un sujeto responsable que respondepor algo o por alguien. Responsabilidad proviene del latin respondere, responder, acción quesignifica contestar o satisfacer a aquello que se le pregunta o proprone 31 .Si la responsabilidad implica responder a una proposición o pregunta, significa que el eje articuladorde ésta está siempre incluido en el lazo social y, en consecuencia, es en relación a la alteridad que interroga demanda algo a alguien. De este modo, es un hecho de la palabra en tanto la pregunta oproposición está dirigida a un sujeto que toma posición respecto a la misma, es decir, que se sitúa dealgún modo ante este requerimiento.En estos términos, la responsabilidad está siempre incluida en algo que se solicita, pide, desea y,eventualmente, se exige, aun cuando ello no tenga el imperativo de la urgencia. Por lo tanto, es algoque se puede situar, en el campo del lenguaje , en aquello que se define como la demanda delsujeto, es decir, en el registro de pedir, solicitar un lugar en el Otro, entendiendo como Otro allenguaje mismo y que, en términos de discurso se puede encarnar en algún otro particular, porejemplo la madre y, sucedáneamente, en otros figuras de alteridad.Así, en el campo de la subjetividad se puede apreciar una relación neta entre la demanda y larespuesta, la cual es representable del siguiente modo:Pregunta ‹----------------› RespuestaCampo del OtroDemanda del Sujeto ‹-----------› Respuesta del SujetoPor lo tanto, la responsabilidad entendida como la capacidad de responder por sí mismo o por unotro es una condición del lenguaje social. El lenguaje es determinante porque toda respuesta implicauna pregunta formulada por alguien hacia alguien. La demanda implica pedir algo al otro, solicitarreconocimiento, obtener un lugar en el cual definir la propia existencia. La responsabilidad essiempre frente algo que se demanda al sujeto . El sujeto mismo se interroga respecto a estaresponsabilidad como si la pregunta viniese de otro.No obstante, en esta relación dialéctica entre demanda y respuesta, la pregunta crucial es si lasdemandas son razonables o justas y si las respuestas cumplen la misma cualidad. Definir ambas estarea difícil dado que se construyen socialmente, aun cuando sean aspectos estructurales dellenguaje. Esta dificultad implica que existen demandas de normalización social que tienden auniversalizar tanto las demandas hacia y desde los sujetos como las respuestas de los mismos,impidiendo situar la singularidad de la respuesta de un sujeto particular.30 Psicólogo, Coordinador de Psicología, Centro de Salud Mental. Pontificia Universidad Católica de Chile.31Ver Real Academia de la Lengua Española, www.rae.es.

Por ello, la sociedad construye sujetos y subjetividades culturales, es decir, modos de respuestauniversalizables ante los requerimientos sociales.II. Responsabilidad, Sociedad y Estado: entre la “de-responsabilización” y la responsabilidadEn los últimos años el tema de la responsabilidad se ha incorporado crecientemente en el debateético más allá del campo tradicional de la filosofía y del derecho, obteniendo un reconocimiento en lasociedad civil así como un avance aún preliminar en la esfera de la economía y los negocios. Enefecto, conceptos tales como la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social de lasociedad civil, manifiestan la paulatina instalación de discursos que promueven activamente elinvolucramiento del sector económico privado y de las organizaciones en la promoción de valores depluralidad, sustentabilidad y equidad social. Estos valores se insertan en la línea de la ética de laresponsabilidad en la cual diversos actores ubican un cierto llamado a disminuir el malestar y lasdificultades de algunos actores específicos.Las respuestas tradicionales de las políticas públicas a los problemas sociales se han orientadohacia la esfera benefactora, de inspiración religiosa tradicional, en las cuales el ejecutor de accionesresponde por quien al parecer o en imagen no puede responder por sí mismo. Estas prácticas handificultado la toma de palabra, el empoderamiento –por usar una noción actual-, la imposibilidad dedemandar adecuadamente a través de la instalación de una queja del lado del “necesitado que pideal benefactor” y la dificultad en favorecer la responsabilidad de los sujetos.Del lado opuesto, las políticas públicas en la línea de la represión obturan y obstaculizan la apariciónde demandas sociales instalando respuestas autoritarias que no dan espacio a la emergencia derespuestas ciudadanas. En consecuencia, el Estado represor responde y acalla, generando silencioy temor en donde sólo se puede disentir en voz baja. Se instala con firmeza y eficacia launiversalidad posible de respuesta.En ambos casos, en las políticas benefactoras y de represión –no excluyentes por cierto– puedenestar articuladas a políticas sociales subsidiarias y asistenciales, las cuales aun cuando seanefectivas en los ciudadanos, subsidian y asisten en demanda y ofertas/respuestas desde el Estado.Estas líneas de acción de-responzabilizan al sujeto social. Hay otros que responden por él y cuandoello es sistemático las dificultades en el sujeto ciudadano son graves. La de-responsabilización es elcruce preciso entre la dificultad de instalar una demanda subjetiva y la imposibilidad de unarespuesta subjetiva, esto es, impedimentos para instalar un discurso que haga factible que un sujetopueda dar cuenta de su propio deseo en el campo del lenguaje y elabore respuestas adecuadas antesí mismo y los demás.Por eso las democracias participativas son bullantes de demandas ciudadanas, de discusión ydebate, así como de concertación de estrategias para colaborar en la búsqueda del todo imposiblepero necesaria de disminuir el malestar, de resolver las dificultades y tensiones entre los diversosgrupos y estamentos sociales. La participación implica tomar la propia palabra e intentar responderdesde sí al lazo que convoca en la relación con los otros.III. Culpar, Exculpar y ResponsabilidadTradicionalmente ante las dificultades, problemas y tensiones que un sujeto presenta la sociedaddisciplinaria, analizada por Foucault, enfatiza en el plano de lo público el castigo ejemplificador con elobjeto de evitar el efecto epidémico de la falta (sexual, económica o moral) y la restauración delequilibrio normativo social.

En el plano de lo privado, el eje introspectivo está asociado al desarrollo de la culpa comointroyección de la norma que opera desde el interior regulando las prácticas y los discursos de lossujetos. Culpa y castigo convergen en varios puntos: implican un juicio al sujeto “transgresor”, estáespecialmente centrado en los déficit, subraya y magnifica las carencias asociadas a su entornoinmediato y, por ende, esboza una teoría de la causa de los mismos (pobreza, herencia, familia malconstituida, etc.) e inmoviliza los recursos disponibles limitando el campo posible de desarrollo delpropio sujeto.Otra modalidad aparentemente antagónica de la culpabilización es su opuesto, es decir exculpar alsujeto o sustraerle su capacidad y potencialidad de respuesta debido a razones sociales arbitrariascomo por ejemplo la edad u otras formas sociales de exclusión por motivos de interdicción,sobreprotección o de otra forma de negación de la condición ciudadana (recordemos el derecho avoto y otras prohibiciones dirigidas a algunos grupos sociales en ciertos momentos históricos).Exculpar supone una suspensión del juicio crítico del sujeto y la expropiación de susaber por parte del otro. En ciertos casos, este movimiento intenta cautelar en un intento de aparentesobreprotección que avala la abstinencia de juicio respecto de la ley. Un ejemplo evidente de estamodalidad es la forma en que se distribuye la aplicación de la ley en las diversas clases sociales y latendencia a exculpar a las clases dominantes.La responsabilidad, por otra parte, implica un saber hacer con las dificultades ante las cuales losdiversos actores asumen su coparticipación en el desarrollo y proceso del problema o situación deconflicto. Implica, además, la capacidad para identificar los posibles elementosque pudiesen incidir en la disminución del impacto del problema, así como movilizar los recursosdisponibles. De este modo, el lazo social se mantiene activo y vigente, independiente de las faltas,deudas y dificultades en curso.En consecuencia, es posible entender la responsabilidad como una respuesta del sujeto queconlleva una implicación subjetiva del propio individuo. Ello supone una toma de posición respecto alpropio deseo, en relación a los actos realizados y a sus consecuencias/efectos.IV. Responsabilidad, derecho y juventudEn términos del derecho la responsabilidad alude a la capacidad que existe en todo sujeto dederecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho que ha sido realizado libremente.De este modo, constituye una obligación para el sujeto que ha errado en alguna cosa particular. Enrelación a un delito, conlleva una deuda y la obligación de reparar y satisfacer una culpa o causalegal.En el campo del lenguaje todo ser humano, en tanto sujeto del lenguaje, está en condiciones deresponder. De hecho, responde: su discurso y acciones son respuestas puestas en escena en lasociedad. La interrogante que surge inmediatamente es qué sucede con los sujetos clásicamentedenominados interdictos, esto es, aquello a los cuales se excluye porque su discurso o habla(dictio) es considerada poco confiable: el “loco”, o bien, los “preciudadanos”, los niños o menores -enlenguaje de políticas públicas (infans, en latín, es decir, los sin voz, sin derecho a ella).En el caso de la ley que será derogada y que regula los actos considerados ilícitos cometidos porjóvenes menores de edad, sostiene el procedimiento que somete a éstos a una prueba de peritajepsicológico que consistente en el trámite de discernimiento para los jóvenes mayores de 16 años ymenores de 18. Este trámite está referido a una evaluación psicológica que dirime la imputabilidaddel joven de acuerdo a parámetros que establecen si respecto al delito actuó realizando la distinciónentre lo bueno y lo malo.

De este modo la responsabilidad del joven está delimitada desde un experto que detenta un sabersobre estas materias y juzga la pertinencia de la aplicación de la ley. No es el propio sujeto quien dacuenta de su relación al acto mismo y sus efectos subjetivos puesto que la decisión queda en manosde un otro.La inimputabilidad en menores de 16 o bien su discernimiento en mayores de 16 y enmenores de 18 está concebida en la lógica del sujeto de protección, delmenor que debe ser resguardado por ley y de su de-responsabilización por motivos de madurezpsicológica y social. Este criterio diversificado de la responsabilidad y de sus efectos universaliza ladiferenciación entre sujetos de derecho responsables y no responsables de sus actos y ante la ley.En consabido los efectos de esta ley en el uso que se hace de los menores de edad en ciertosdelitos programados y gestionados por mayores de edad, quienes los usan y toman como agentesde transgresiones de la ley.V. Ley de Responsabilidad Penal Juvenil: un intento de respuesta al malestar socialLa nueva ley tiene el objetivo de desarrollar un sistema judicial para jóvenes entre 14 y 18 años quetransgreden la ley penal considerándolos sujetos de derechos. En otras palabras la nueva ley losconsidera responsables con discernimiento, es decir, con capacidad de “elegir conscientementeentre el bien y el mal”. El propósito es reinsertar socialmente a las y los jóvenes en sus redes deapoyo y vínculo social.Sin embargo, a pesar de estos lineamientos y objetivos explícitos, debemos insertar la ley en ladiscusión social acerca de la violencia social y de la inseguridad ciudadana. La discusión de fondose centra en la percepción de vulnerabilidad social y en los mecanismos de control de laviolencia, a la cual el imaginario social asocia a las y los jóvenes y el consumo dedrogas. En estos términos, la discusión social en torno a la ley subraya el carácter ejemplificador delas penas para el resto de las y los jóvenes y de la sociedad. De este modo, la sociedaddiscursivamente hablando se sitúa respecto a la violencia como algo ajeno a lo cual hay queexcluir a través de políticas de reclusión y de rehabilitación. Para que ello ocurra se requieredisminuir la edad de imputabilidad penal.La ley de responsabilidad penal juvenil emerge como una respuesta de la sociedad. En términosideales, es una respuesta a las y los jóvenes, y a las familias de éstos, antes las dificultadesasociadas a la iniciación y, también a la mantención, de prácticas que son calificadas como fuera dea ley. En términos prácticos, es una respuesta a la sociedad y, especialmente al electorado, quepercibe crecientes niveles de violencia, peligrosidad y amenaza de su integridad subjetiva. Estosniveles de incertidumbre y temor a la violencia constituyen uno de los importantes síntomas socialesde la sociedad del riesgo.La violencia es un modo de tramitar el síntoma y el malestar social, que genera más malestar ymortificación colectiva. La ley se insertará como un dispositivo que intenta regular el carácterdesregulado con que aparece la violencia y la criminalidad en términos sociales. En este discurso lasy los jóvenes emergen como victimarios, agentes ejecutores del delito, especialmente aquellosjóvenes urbano-populares.En términos de la relación entre la demanda y la respuesta responsable, cabe plantear diversasinterrogantes en torno al accionar y al porvenir de la nueva ley:i. Con la nueva ley se sitúa al joven mayor de 14 como sujeto de derecho, entendido como imputableante la ley, exige que éste responda en un plano legal ante sus actos cuando en otras esferas su

palabra y acciones tiene escaso valor. En esto hay una demanda inconsistente de la sociedad haciaellos: sujetos de derecho en algunos aspectos y no en otros.ii. Para la mayor parte de los ciudadanos el delito aparece como un acto “insensato” que requiereuna condena que tranquilice el temor social. En consecuencia, ¿de qué modo se puedeacompañar/rehabilitar en un proceso a un joven a interrogarse por su posición respecto al propioacto?iii. Si la ley busca hacer responsable a las y los jóvenes menores de edad, implicaría que losdispositivos previstos en el cuerpo legal identifican los puntos mínimos a abordar en términos defavorecer/facilitar la implicación subjetiva de las y los jóvenes en sus propios actos. En otraspalabras, que los efectos que la Ley de Responsabilidad Penal contempla generar efectos subjetivosbásico tales como la toma de posición de los sujetos adolescentes respecto de los efectos de susacciones.iv. Un delito es un acto ilícito que en general pone en escena el sometimiento de uno sobre otro.¿Cómo se diferencia un acto delictual de un acting-out psicológico, es decir, del paso de la palabra ala acción? Este pasaje –el acting-out- encubre el propio deseo, no responsabilizándose de él. Deeste modo, a diferencia del acto delictual, destinado a la apropiación de un bien (material, cuerpo delotro) o de simplemente dañar al otro, el acting-out encubre un mensaje dirigido al Otro. Mezclarambas nociones universaliza los actos reduciéndolos de su condición singular.v. Si la adolescencia, entendida como una elaboración de la pubertad, consiste también en unintento por liberarse de la autoridad paterna, de qué modo la jurisprudencia de la ley incorporará estaclave de lectura en la cual, la transgresión no está referido al otro sino que al Otro. Ciertamente,cada sujeto responde de sus propios actos –en esto la ley apunta en la dirección correcta- peroalgunos de ellos no están dirigidos directamente sobre quien se ejecutavi. Si tanto el niño como el/la adolescente en general representan los síntomas de los padres demodo simbólico y, por ende, pone en escena un deseo encubierto (acceso rápido a bienes, búsquedade admiración del líder, etc.), la ley, ¿incorpora adecuadamente a los padres en este proceso?, ¿quéestatuto les otorga?, ¿apunta en la línea de restituir una voz autorizada o un saber reconocido, o biena sustituirlos?VI. Para concluirSi la violencia social pública y privada opera predominantemente cuando la palabra está devastada yel discurso se suspende en pro del acto. Si el sujeto puede hacerse responsable en la medida que seinterroga y demanda a un Otro sobre su posición ante un determinado acto. Si un acto delictivosignifica diversas cosas para los diversos adolescentes y tiene efectos diferentes para cada uno. Sila ley es un intento por restituir la responsabilidad del acto a las y los jóvenes, entonces, ¿puede éstacontribuir a constituirse en una respuesta posible, disponible a reintroducir la palabra en el lugar deun acto ya realizado? Si el énfasis en la encarcelación y la rehabilitación siguen la lógica universalsin que la palabra tenga sus efectos singulares, es decir, para cada joven imputado en suscondiciones específicas de vida, entonces seguramente estaremos en un callejón sin salida.Referencias BibliográficasCorporación Opción. 2004. Por los derechos de los niños y las niñas. Responsabilidadpenal adolescente. Corporación Opción, Santiago.Daumas Alejandro. Mayo 2007. Psicoanálisis y niños. Conferencia pronunciada en el marco del XIIColoquio del Campo Freudiano en Chile, Santiago.Foucault Michel. 1984. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Camino, Madrid.

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Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes: ¿más derechos?¿más represión?ResumenJulio Cortés Morales 32De acuerdo a las normas internacionales sobre derechos del niño, los sistemas de justicia juvenildeben crearse como regímenes especiales, diferentes al derecho penal de adultos.En el contextochileno, la Ley 20.084 pretende hacerse cargo de la implementación de dichas normas, a la vez quees reconocida como una iniciativa que rebaja la edad de imputabilidad penal a los 14 años, lo cualresulta en principio contradictorio. Mediante un análisis de la normativa internacional y del contenidode dicha Ley, este artículo pretende detectar si efectivamente tal contradicción existe, la manera enque se manifiesta, y posibles implicancias en la criminalización de niños y adolescentes.1Según su mismo nombre oficial indica, la Ley 20.084 establece un “sistema de responsabilidad de lasy los adolescentes por infracciones a la ley penal”. Tanto detractores como defensores de la Ley serefieren a ella como una “rebaja de edad”, en virtud de la cual se fija en los 14 años la edad de iniciode la imputabilidad penal.Parte importante de la justificación oficial de esta iniciativa legal, reposó en la necesidad de adecuarla normativa nacional a los compromisos adquiridos en 1990, al ratificar la Convención sobre losDerechos del Niño (en adelante, la “CDN”). De acuerdo al artículo 40 de la CDN, losEstados deben adoptar “todas las medidas adecuadas para promover el establecimiento de leyes,procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que haninfringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes”.La misma disposición alude particularmente a la obligación de establecer “una edad mínima antes dela cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales”.En principio, al implementar el sistema que esta Ley crea se estaría por fin dando cumplimiento a lasobligaciones que en materia de justicia juvenil impone la CDN. De ser así, ¿es posible cumplir conestos requerimientos “rebajando” la edad de imputabilidad penal?. Para responder bien estapregunta, se requieren una serie de precisiones.Por si las implicancias de lo señalado en el artículo 40 de la CDN no fueran claras, el Comité de losDerechos del Niño, en su última sesión (Nº 44), elaboró la Observación General Nº 10, que serefiere a los derechos del niño en la justicia juvenil. En este nuevo instrumento se insta a los Estadosa formular una política integral comprehensiva en la materia, con énfasis en las acciones preventivasy en las alternativas a la criminalización, y se delinean las principales bases de dicha política. Así, elComité alude a la obligación de fijar una edad mínima, señalando que la edad superior del sistemade justicia juvenil son los 18 años 33 , y que la edad mínima de responsab ilidad criminal se refiereentonces a la edad de entrada a este sistema especial, la que recomiendan no se fije antes de los 12años de edad.32 Abogado Universidad de Chile. Jefe de la Unidad Jurídica de Corporación Opción. Profesor de Criminología en la Escuelade derecho de Universidad ARCIS.33 “Límite superior de edad para la Justicia Juvenil. El Comité también desea llamar la atención de los Estados Partes sobreel límite superior para la aplicación de las reglas de la justicia juvenil. Estas normas especiales para la justicia juvenil –tanto entérminos de normas especiales de procedimiento como de normas para la “diversión” y disposiciones especiales- debenaplicarse, partiendo de la EMRC (edad mínima de responsabilidad criminal) de cada país, para todos los niños que al momentode la comisión de la ofensa (o acto sancionable de acuerdo a la ley penal) que se les imputa, no hayan alcanzado todavía laedad de18 años” (Traducción propia).

Este tipo de precisiones son importantes, puesto que en nuestro medio el problema de la reforma ala justicia juvenil se ha vuelto casi un problema semántico, un campo de batalla donde loscontrincantes emplean diversas acepciones de “pena”, de “imputabilidad” y de “derecho penal” 34 . Loque resulta indiscutible, entonces, en materia de la edad, es que si las personas menores de 18 añosno pueden ser juzgadas en el sistema penal de adultos, en este sentido, cualquier “rebaja de edad”es inaceptable, contraviene la CDN, y por lo tanto, debiera considerarse inconstitucional.Si la Ley 20.084 efectivamente establece un sistema de responsabilidad penal “especial” paraadolescentes, no sería adecuado decir que rebaja a los 14 años la edad de imputabilidad penal -sipor ella entendemos la capacidad reconocida de ser juzgado como adulto-. Así, la imputabilidadfijada desde los 14 y hasta los 18 años sería una imputabilidad especial, a efectos de ser juzgado enun sistema especial, distinto al de los adultos, y cuya fisonomía básica ya está suficientementedescrita no sólo en la CDN sino que en otros instrumentos internacionales, principalmente las reglaspara la protección de menores privados de libertad, las directrices para la prevención de ladelincuencia juvenil, y otros 35 .¿Es esto lo que la Ley 20.084 vendrá a realizar tras 17 años de haberse ratificado la CDN en elpaís?. De ser así, ¿por qué de manera insistente todo el mundo se refiere a esta ley como una“rebaja de edad”?Si retrocedemos el escenario hasta 1998, y desenterramos un antecedente directo de la creación deesta Ley, el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes elaborado por elMinisterio de Justicia de la época, la respuesta resulta bastante más sencilla. En ese diseño, laresponsabilidad penal de las personas de 14 a 18 años se regulaba mediante un catálogo especialde infracciones juveniles, dentro de las cuales se distinguían algunas llamadas “graves”, que eranlas únicas frente a las cuales era posible (no obligatorio) aplicar medidas privativas de libertad, porun tiempo máximo de tresaños. Un catálogo interesante de sanciones con énfasis en el medio librepara evitar en lo posible el internamiento, debía ser aplicado por un juez que contaba con bastanteflexibilidad a la hora de determinar las sanciones adecuadas a cada caso 36 . De esta forma, podemosafirmar que en el modelo propuesto por el Anteproyecto, efectivamente se elevaba la edad deimputabilidad penal de adultos a los 18 años, estableciendo entre los 14 y 18 años un sistemaespecial, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 40 de la CDN. Por ello, describir esa iniciativacomo una “rebaja de edad”, resultaba en realidad bastante equívoco 37 .34Para muchos de ellos, no existe “pena” donde las formas de control y de encarcelamiento se denominan “medidas deprotección”, y, por ende, no son nunca “imputables” hoy en día los menores de 18 años de edad, puesto que respecto de ellosactúa el sistema tutelar/represivo, y no el verdadero “derecho penal” (que existiría únicamente cuando el poder punitivo seinstitucionaliza abiertamente como tal).35 En este esquema, entonces, lo que debería haber hecho una Ley que intentara dar aplicación a la CDN en el contextochileno, era algo en apariencia sencillo: terminar con el discernimiento y con la posibilidad de aplicar a menores de 18 elsistema penal de adultos, subiendo definitivamente de 16 a 18 años la edad a partir de la cual una persona puede entrar encontacto con dicho sistema. Además, fijándose una edad mínima del sistema penal adolescente (que fue de 14 años tanto enla Ley aprobada como en su anteproyecto de 1998), correspondía entonces asumir que por debajo de dicha edad, tal como seseñala en el Mensaje Nº68-347 con que el Presidente Lagos envió el proyecto de ley al Congreso, “el Estado renuncia a todaforma de intervención coactiva en el supuesto de comisión de delito”. Garantizar en los hechos esa renuncia y construir unsistema que no sólo reconozca garantías en el proceso de juzgamiento sino que también potencie soluciones no judiciales yalternativas a la criminalización es precisamente el desafío impuesto por la CDN y otros instrumentos internacionales, peroinsistimos en que en cuanto a sistemas y edades el deber ser era bastante claro: subir la edad de imputabilidad penal a 18años, y construir un sistema especial bajo esa edad y sobre los 14 años.36 Además, este anteproyecto se atrevía a incursionar en ciertas formas de descriminalización que reforzaban la especialidadfrente al sistema de los adultos, sancionando en general sólo delitos consumados, excluyendo del sistema las faltas, ytambién la participación en grado de encubridor. Otro rasgo interesante en este diseño es que las medidas privativas delibertad no eran aplicables a los menores de 16 años, excepto si a consecuencia directa de la comisión del delito se provocarala muerte de una persona.37 A diferencia de lo que podía decirse de iniciativas del período 1990/1994 como la de Patricio Aylwin y la de Miguel Otero,que efectivamente bajaban la edad incorporando un universo mayor de adolescentes al sistema penal de adultos.

Lamentablemente, la evaluación posterior resulta bastante más compleja, en razón de que en loscuatro años transcurridos entre 1998 y la presentación del Proyecto de Ley en agosto de 2002, yluego en los tres años de tramitación de esta iniciativa hasta que fue promulgada y publicada a finesdel 2005, una serie de transformaciones afectaron el modelo original, al punto de hacerloirreconocible. Dichas transformaciones, efectuadas en el explosivo contexto del neoliberalismoeconómico, mezclado con un populismo punitivo, no sólo afectaron el objetivo de adecuarse la CDN,incorporando con cada vez mayor peso específico el de “asumir una activa acción contra el delito”, através de “la adecuada sanción de cada uno de los ilícitos que afecten a nuestra tranquilidad” 38 .Además de redundar en una mayor dureza del sistema, estas transformaciones lograron en definitivarealizar una operación sumamente compleja, por la cual el impulso reformador emanado del discursode los “derechos humanos de la infancia” sirve de respaldo legitimador de una modernización delsistema penal que cambia muchas cosas, sin cuestionar nunca los rasgos esenciales de laintervención punitiva, para cumplir con la obligación de estructurar lo que formalmente es un “nuevosistema”, pero calcado a imagen y semejanza del derecho penal de adultos 39 .Llegados a este punto del análisis, una breve mirada crítica a las formas que hasta ahora hanrevestido en Chile las respuestas institucionales a la llamada “delincuencia juvenil” o de menores deedad, nos permite apreciar que éstas han sufrido ya antes muchas variaciones o “rupturas”, porsobre un continuo de control y disciplinamiento social, superponiendo formas nuevas a otras previasque permanecen 40 .Esta perspectiva histórica nos permite situar adecuadamente la Ley 20.084 y el nuevo sistema deRPA, dentro del continuo de formas en que el sistema de control social se expresa y adaptaen relación a sus destinatarios niños y adolescentes. En esta perspectiva, la relación entre “penas” e“infancia” ni siquiera es una novedad de esta Ley, que más bien viene a reorganizarla.Lo central que debiera ser dilucidado entonces, es si el régimen que la Ley 20.084 crea es unsistema de derecho penal de adolescentes, o si más bien se trata de una versión renovada delmodelo de “derecho penal atenuado”, es decir, aplicación del derecho penal de adultos, pero conciertas salvedades 41 . Hasta ahora, tan sólo podemos abordar este problema con base en el texto dela Ley. Asumimos, sin embargo, que será más bien la forma en que en concreto este texto seaplique, y los cambios que en definitiva sufran los procesos de criminalización (abierta y encubierta)de los menores de edad, los elementos que permitirán un juicio más acabado 42 ..38 Como el Mensaje se preocupa de señalar expresamente.39 Un proceso así podría ser visto como la expresión puntual de una tendencia propia del sistema penal capitalista que, comodestaca Pavarini (2002), se ha construido en base a una doble necesidad: criticar formas previas de penalidad, atendiendo ala vez a las nuevas necesidades del control social. Para el análisis de las transformaciones que operan en el capitalismoactual, “postfordista”, se recomienda acudir al excelente trabajo de De Giorgi (2006).40 Sincrónicamente este proceso se ha manifestado como una evolución desde el reconocimiento legal del castigo en manosdel padre de familia y la aplicación a cierta cantidad de niños de un derecho penal atenuado, a la intromisión del Estado através de un poder disciplinario específico mediante el derecho tutelar de menores. Sin embargo, al observar dichas formassucesivas de control social de las personas menores de edad en Chile, nos encontramos con que en vez de haberseproducido un desplazamiento total de unas por otras, lo que ha ocurrido es que el sistema de control se ha desplegadosimultáneamente a través de todas ellas, llegando así en diversas formas y grados de intensidad a distintos segmentos de lainfancia y adolescencia, de una manera que recuerda lo que en el contexto francés Donzelot (1990) ha denominado como“complejo tutelar”, y que en nuestro caso abarcaría desde el poder punitivo doméstico (que subsiste en el actual artículo 234del Código Civil como derecho del padre a la “corrección” de los hijos, “cuidando que ello no menoscabe su salud ni sudesarrollo personal”) hasta los casos en que los adolescentes declarados con discernimiento son juzgados a efectos penalesderechamente como adultos, pasando por las facultades de intervención tutelar-represiva que han subsistido pese a lasmodificaciones que se han a La Ley de Menores, y que se entregan hoy en día a los Tribunales de familia, sin edad mínima.41El que usemos la expresión “derecho penal atenuado” no nos impide estar alertas frente a posibilidades de que en algunoscasos los niños puedan ser sometidos a formas de criminalización que los dejen incluso en peor pie en comparación a losadultos.42 En el análisis de la Ley, seguimos de cerca lo señalado en el Informe Alternativo presentado al Comité de Derechos delNiño por Corporación Opción y la Organización Mundial Contra la Tortura, disponible en www.omct.org y www.opcion.cl

2En el Título preliminar se señala el ámbito de aplicación de la Ley, que “regula la responsabilidadpenal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación yestablecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la formade ejecución de éstas” (artículo 1). Resulta claro en esta disposición el abandono de la noción de“infracción”-que previamente se había usado como forma de desmarcar este sistema del derechopenal de adultos -, para acoger en definitiva la noción de “delito”, remitiéndose así a todo lo quenuestro sistema penal incorpore en lo sucesivo, definiéndolo como delito en el Código Penal y todaslas leyes penales especiales.Las personas son consideradas “adolescentes” por esta Ley cuando tienen entre 14 y 18 años. Parael caso de que un delito se inicie antes de que el imputado cumpla 18, y se consume después de talmomento, este sistema opta por aplicar la legislación penal de adultos (artículo 3). Así se restringe laaplicabilidad de este régimen especial marcando una preferencia por la legislación de adultos 43 .El Título I se refiere a las “consecuencias de la declaración de responsabilidad de los adolescentespor infracciones a la ley penal”, es decir, lo que en diferentes momentos ha sido llamado “medidas”,“sanciones”, o “penas”. El artículo 6 señala que “en sustitución de las penas contempladas en elCódigo Penal y en las leyes complementarias, las sanciones que se aplicarán a los adolescentesserán las de la siguiente Escala General”, y a continuación distingue “penas de delitos” y “penas defaltas”. Como se puede apreciar, existiendo una remisión completa a todos los delitos que elordenamiento jurídico contempla para los adultos, lo que cambia son sólo las penas aplicables 44 .43 A diferencia, por ejemplo, de la fórmula usada en la legislación española, en que en ciertas circunstancias el régimen penalde los “menores” es aplicable también a quienes tienen entre 18 y 21 años al momento de cometer el delito (Artículo 1.2 de laLey Orgánica 5/2000, en relación con su articulo 4). Este tipo de mecanismo es elogiado por el Comité de Derechos del Niñoen su Observación General Nº 10.44 En el caso de “delitos”, éstas son:a) internación en régimen cerrado con programa de reinserción socialb) internación en régimen semicerrado con programa de reinserción socialc) libertad asistida especiald) libertad asistidae) prestación de servicios en beneficio de la comunidadf) reparación del daño causadoA su vez, las “penas de faltas” son:a) prestación de servicios en beneficio de la comunidadb) reparación del daño causadoc) multad) amonestación.Estas penas de faltas se refieren tan solo a las faltas que la legislación adulta contempla y que la Ley 20.084 expresamenteha incorporado en su artículo 1, las que se sancionarán sólo si son cometidas por adolescentes mayores de 16 años. El restode las faltas son entregadas a la competencia de los Tribunales de Familia. Las “sanciones contravencionales” queéstos pueden aplicar según el artículo 102 J del nuevo párrafo 4 (introducido en la Ley de Tribunales de Familia por el artículo68 de la Ley de RPA) son:a) amonestaciónb) reparación material del dañoc) petición de disculpas al ofendido o afectadod) multa de hasta 2 unidades tributarias mensualese) servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de 3 horasf) prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos, hasta por 3 meses.El mismo artículo 6 señala como “pena accesoria” la de “prohibición de conducir vehículos motorizados”, y el artículo 7 agregacomo “sanción accesoria”, facultativa para el juez, de la obligación de someter al adolescente a tratamientos de rehabilitaciónpor adicción a las drogas o al alcohol.

Esta estructura de “consecuencias jurídicas” aplicables al adolescente en virtud de suresponsabilidad penal, resulta radicalmente diferente al contenido original del proyecto 45 , y revelaincluso en su lenguaje (“delito”, “pena”) la fuerte asimilación del nuevo sistema al derecho penal deadultos.El artículo 18 señala los límites máximos de las penas o sanciones privativas de libertad, tal comofueron modificadas en el Senado con fecha 11 de mayo de 2005, las que quedaron fijadas en cincoaños para los adolescentes mayores de 14 y menores de 16 años, y en diez años para los mayoresde 16 y menores de 18. En esta materia se refleja muy visiblemente cómo los criterios de “seguridadciudadana” fueron permeando el proyecto por sobre otras consideraciones, al punto que de unmáximo de tres años en el anteproyecto del Ejecutivo en 1998 se pasó a cinco años el 2002, y endefinitiva a diez años en el tramo etario superior. Con penas de encierro aplicables a una persona,por ejemplo, desde los 14 a los 19 años, o desde los 16 hasta los 26 años de edad, resultaabiertamente cuestionable que lo que se pretenda sea “hacer efectiva la responsabilidad de losadolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte deuna intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social” (artículo 20, elsubrayado es nuestro).Penas de esta naturaleza y extensión constituyen a todas luces penas desocializadoras, con unafinalidad de prevención especial negativa, en abierta contradicción con las exigencias del artículo40.1 de la Convención, y que no parecen tener en cuenta que entre las características especiales delsujeto al que se aplican, se encuentra la del sentido del tiempo y la mayor aflictividad e impactonegativo de las penas en comparación a los adultos 46 . Como ha dicho Messuti (2005), “el joven nosolamente es joven porque tiene tiempo por delante, sino porque no tiene demasiado tiempo pordetrás. Esa carencia de tiempo afecta a la ‘estructura temporal de la identidad’ ”.Tal vez el aspecto más complejo y problemático de esta Ley se encuentra en el sistema dedeterminación de sanciones que finalmente se adoptó, y que emana también del acuerdo unánimealcanzado en mayo del 2005 en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.El artículo 21 reproduce básicamente el contenido del actual artículo 72 del Código Penal (aplicablea los adolescentes declarados con discernimiento en caso de ser condenados), es decir, elmecanismo de la rebaja en un grado desde el mínimo señalado por ley para el delito de ser cometidopor un adulto. Ateniéndonos al encabezado del artículo, la pena resultante una vez operada esarebaja sería la “pena asignada al delito”.A continuación, el artículo 22 contempla las “reglas de determinación de la extensión de las penas”:“para establecer la duración de la sanción que deba imponerse…el tribunal deberá aplicar, a partirde la pena señalada en el artículo precedente, las reglas previstas en el Párrafo 4 del Título III delLibro I del Código Penal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Código”. Talconjunto bastante numeroso de normas del CP (artículos 50 al 78) permiten, entonces, moversehacia arriba o hacia abajo en la determinación de la “extensión” de la sanción aplicable, de acuerdoal sistema de grados usado en el derecho penal de adultos en Chile.45 Que contemplaba un amplio catálogo de medidas aplicables, desde la amonestación a la internación, reservando las masintensas (privativas de libertad) solo a las “infracciones graves”.46 Moretto (2005) “La duración máxima de la pena, por afectar tanto el tiempo externo como en interno del ser humano, debetener en cuenta la aceleración en que se encuentra determinada sociedad. Existe, así, una relación inversa entre aceleracióny duración de la pena, o sea; para que el sujeto sufra las menores consecuencias posibles –ya que la pena de prisión es unmal-, la duración de esta debe ser tanto más reducida cuanto más acelerada es la sociedad. Por lo tanto, en sociedadesaltamente tecnológicas y que viven a la velocidad del intercambio de informaciones por la red, la pena máxima de prisióndeberá ser inversamente proporcional a la velocidad de la sociedad”. Traducción propia.

Una vez determinada la extensión de la pena a aplicar, recién entran en juego las “reglas dedeterminación de la naturaleza de la pena”, contenidas en el artículo 23. En este punto,la Ley 20.084 se “cuelga” de las categorías y sistema de determinación de penas de adultos, usandoel sistema de los “grados”, de manera que a cierta “extensión” o cantidad de pena, corresponderáaplicar ciertas formas concretas de pena de entre aquellas señaladas en el artículo 6.La Regla 1 del artículo 23 señala: “si la extensión de la sanción resulta equivalente a una pena decrimen, el tribunal deberá aplicar la pena de internación en régimen cerrado o internación enrégimen semicerrado, ambas con programa de reinserción social”. De acuerdo al Código Penal, laspenas de crímenes son las que parten de presidio mayor en grado mínimo, es decir, desde cincoaños y 1 día como límite inferior 47 .A continuación, la Regla 2 señala que “si la sanción va de tres años y un día a cinco años, el tribunalpodrá imponer las penas de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social,internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, o libertad asistida especial”.La Regla 3 se aplica cuando la sanción oscila entre 541 días y tres años, y las penas aplicables son:internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertadasistida en cualquiera de sus formas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.De acuerdo a la Regla 4, las penas aplicables cuando la sanción se ubique entre 61 y 540 días seránlas mismas mencionadas en la regla 3, más la de reparación del daño causado.Por último, para sanciones de extensión igual o inferior a 60 días, la Regla 5 autoriza imponer laspenas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño, multa, oamonestación.Una vez efectuadas todas las complejas operaciones anteriores, debe aplicarse el artículo 24, quecontiene “criterios de determinación de la pena” 48 .De una mirada atenta al sistema de determinación de penas adoptado y la historia de suestablecimiento, resulta bastante claro que el modelo finalmente aprobado no sólo es ambiguo, sinoque incoherente, cuestión que se demuestra, por ejemplo, al considerar que varios de loscriterios señalados en el artículo 24 (cuyo contenido emana de antes del acuerdo del 11 de mayo de2005), ya fueron tomados en cuenta precisamente en las reglas del CP al que se remite el artículo22 (especialmente, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad, y los niveles departicipación y ejecución del delito). Los nuevos artículos fueron insertados por sobre una estructuraen la que la gravedad de la “infracción” juvenil era tan sólo uno de los criterios a tener en cuenta paradeterminar la medida aplicable.47 Curiosamente, sólo en la regla 1 se habla de la categoría de delito (“crimen”), y en las 4 reglas siguientes tan sólo semencionan los tiempos de sanción aplicables. Además, mientras en la regla 1 se usa el vocablo “deberá”, en el resto sereemplaza por “podrá”. Ambas cuestiones no son inocuas, y junto a varios otros asuntos que resultan ambiguos en el textolegal, ya están abriendo paso a múltiples problemas de interpretación. Otra incoherencia, que será muy relevante en laimplementación práctica de la ley, se encuentra en el hecho de que la “libertad asistida especial”, pese a tener un límitemáximo temporal de 3 años (artículo 14), es incluida en la Regla 2 del artículo 23, es decir, “si la sanción va de tres años y undía a cinco años” .48 Art. 24: “Para determinar la naturaleza de las sanciones, dentro de los márgenes antes establecidos, el tribunal deberáatender, dejando constancia de ello en su fallo, a los siguientes criterios:a) la gravedad del delito de que se trate;b) la calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;c) la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal;d) la edad del adolescente infractor;e)la extensión del mal causado con la ejecución del delito;f) la idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y susnecesidades de desarrollo e integración social”.

En el nuevo modelo, dicha gravedad se determina de acuerdo a las penas aplicables en las normaspenales de adultos, determinándose primero la cantidad abstracta de pena aplicable, para en base aello determinar el tipo específico de pena a aplicar en definitiva (es decir, primero se sabe el “cuanto”,y después el “de qué”). Tan sólo después de eso se considerarán cuestiones centrales que en elsistema original debían guiar fundadamente la decisión judicial, y que en el sistema de la Ley no sóloresultan redundantes sino que sirven tan sólo para determinar la sanción aplicable dentro de lasopciones restringidas a que conducen las reglas de los artículos 21, 22 y 23.Se discute si es que la rebaja de un grado contemplada en el artículo 21 es la pena abstracta oconcreta, y en virtud de ello, no resulta claro si cuando la Ley se refiere a “crímenes” y “penas decrimen” debemos entender que se trata de lo que para adultos es tal, o a ese rango, pero una vezaplicada la rebaja pertinente. En concreto, el problema tiene importantes implicancias, como porejemplo a efectos de la procedencia de la medida cautelar de internación provisoria, que de acuerdoal artículo 32 es aplicable sólo frente a la imputación de crímenes. Así, no se sabe si lo que seentiende como crimen para un adulto (desde los cinco años y un día) debe seguir siendoconsiderado crimen una vez rebajada esa pena al grado que va entre los tresaños y un día y cinco años (es decir, la Regla 2 del artículo 23), o, por el contrario, debe entenderseque aplicado el artículo 21 el hecho imputado deja de ser crimen y por lo t anto pasa a ser inaplicabledicha medida cautelar. Considerando que de acuerdo a esta Ley la internación provisoria puede durarlo que dure el juicio (y la fase de investigación, de acuerdo al artículo 38, puede durar hasta seismeses, prorrogables por otros dos),resulta evidente que el problema es de la más alta relevancia,pues de la manera en que se interpretela Ley, dependerá en definitiva si los niveles de privación delibertad son contenidos, reducidos, o, por el contrario, incrementados.La misma discusión sobre la rebaja de un grado contemplada en el artículo 21, tiene efectos tancruciales como la determinación del tipo de causas que conocerá el nuevo sistema, puesto que talcomo algunos “crímenes” se convierten en “simples delitos” por aplicación de dicha norma, muchos“simples delitos” pasan a ser “faltas”, y como ya se ha señalado, sólo las faltas expresamenteseñaladas en el artículo 1 entran a este sistema, y el resto son de competencia de la facultadsancionadora de los Tribunales de Familia 49 ..La excesiva e innecesaria complejidad del sistema descrito, unida a otros factores tales como elhecho de que esta Ley no cuenta con un catálogo infraccional propio, sino que se remite a lasdefiniciones de otros cuerpos legales, y que debe ser leída en estas y otras materias conjuntamentecon varios otros cuerpos legales (CP, CPP y leyes penales especiales), se dificulta extremadamenteque este texto legal sea comprensible para la ciudadanía en general, y en particular para los niños yadolescentes, a quienes está llamada a regir, con lo cual cualquier pretensión “educativa” se vetorpedeada por los propios términos de unas reglas del juego definidas por el mundo adulto demanera tan poco clara.Cerrando el título referido a las penas, el artículo 25 permite la “imposición conjunta de más de unapena” (“siempre que la naturaleza de éstas permita su cumplimiento simultáneo”). El artículo 26señala, repitiendo en esto el artículo 37 b) de la CDN, que “la privación de libertad se utilizará comomedida de último recurso”, y agrega que “en ningún caso se podrá imponer una pena privativa delibertad si un adulto condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de dichanaturaleza”.49 Estos problemas han sido señalados por el Comité de Expertos creado para supervisar la aplicación de la Ley de RPA ensu Primer Informe.

Esta norma se explica por el hecho de que, efectivamente, en el modelo de esta ley, y dado que elgrueso de las sanciones no privativas de libertad quedan reservadas en su aplicabilidad a ladelincuencia más leve, resultaba necesario contemplar algún mecanismo que evitara que los niñosquedaran en peor situación que los adultos (respecto de los cuales se aplica la Ley 18.216, sobre“beneficios alternativos” a las penas privativas o restrictivas de libertad, mediante remisióncondicional, libertad vigilada y reclusión nocturna). Sin embargo, resulta destacable que elesfuerzo del legislador tienda tan sólo a evitar que los niños sufran una pena másgravosa que un adulto, pero no una pena igual o levemente morigerada. Comoseñala De Ferari (2006): “(esta norma) no es más que otra confirmación dequela situación jurídicadel adolescente se estima por el legislador semejante a la de los adultos. En efecto, si bien no puedeser más gravosa, el artículo 26 no urge a que la aplicación de la sanción mire a otras condicionesque la hagan menos gravosa. En buenas cuentas, la norma nos señala que uno de losdiscriminantes para no aplicar el internamiento se sitúa fuera del derecho penal juvenil, en lacondena que pudiese recibir un adulto por un hecho determinado, según la valoración que realice eljuez de las normas generales y de las contenidas en la Ley 18.216 (…) La norma del art.26 inc.2ª noañade nada nuevo, sino que más bien acusa el déficit de especialidad de la ley penal juvenil” (elsubrayado es nuestro).En el Título III, relativo al Procedimiento, se insertan las normas relativas a lo que se denomina“sistema de justicia especializada”. A diferencia de la especialización orgánica que contemplaba elAnteproyecto de 1998, el artículo 29 apunta a una especialización funcional de jueces de garantía,jueces de tribunal de juicio oral en lo penal, fiscales y defensores penales públicos que intervenganen las causas de adolescentes, los que “deberán estar capacitados en los estudios e informacióncriminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos delNiño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecuciónde sanciones establecido en esta ley”. A renglón seguido, se decreta que todo fiscal, defensor o juezcon competencia criminal “se encuentra habilitado para intervenir, en el marco de sus competencias,si, excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuerenecesario”. Además, se hace responsable a cada institución de garantizar la especializaciónrequerida en esta norma. El artículo 30 se refiere a la capacitación de las policías, entregando aCarabineros y la Policía de Investigaciones la responsabilidad de incorporar el tema en susprogramas de formación y perfeccionamiento.Como se puede apreciar, se ha optado en Chile por una “especialización en la medida de lo posible”,que hace posible afirmar que formalmente se ha cumplido con los compromisos internacionales,pero mediante una legislación ambigua y contradictoria, con la que se arriesga dejar a losadolescentes del país a merced de algo que prácticamente es el mismo sistema de criminalizacióndiseñado para los adultos. Evitar este riesgo dependerá en definitiva de la suerte que corraintegralmente la aplicación de la CDN, y de la formulación de una política integral en la línea de loseñalado por el Comité de Derechos del Niño tras su última sesión, lo que exigiría una

adical ruptura con la forma de hacer política criminal que se ha empleado hasta ahora 50 . De locontrario, la única ventaja indiscutible pero bastante amarga de esta transformación, será el habersacado de la invisibilidad las formas de control y represión de la infancia que hasta ahora operan enlas sombras.Referencias BibliográficasDe Ferari, Luis Ignacio. 2006. Notas sobre la génesis y desarrollo de la ley sobre responsabilidadpenal de adolescentes en Chile, en Justicia y Derechos del Niño Número 8, pp. 113-158.De Georgi, Alessandro. 2006. El gobierno de la excedencia. Postfordismo y control de lamultitud. Madrid: Traficantes de Sueños.Donzelot, Jacques. 1990. La policía de las familias. Valencia: Pre-textos.Messuti, Ana. 2005. Tiempo de pena, tiempo de vida, en Panóptico, Número 7, pp. 54-69.Moretto, Rodrigo. 2005. Crítica Interdisciplinar da pena de prisao. Controle da espaço na sociedadedo tempo. Rio de Janeiro: Lumen Juris.Pavarini, Massimo. 2002. Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyectohegemónico. Buenos Aires: Siglo XXI.Convención Internacional de los Derechos del Niño.50 Otros aspectos muy problemáticos de la Ley de RPA son los siguientes:En materia propiamente procedimental, se rastrea también el proceso progresivo de pérdida de especialidad del sistemacreado por la Ley 20.084. Así, en la regulación de la detención de adolescentes por delitos flagrantes se establece en términosaparentemente tajantes un plazo de 12 horas como tope máximo para esa forma de privación de libertad (artículo 31 de la Ley20.084. Respecto de adultos, ese plazo máximo es de 24 horas, según el artículo 131 del CPP). Sin embargo, a continuación,dentro del mismo inciso el legislador se remite a las normas de adultos (“dicha detención se regulará, salvo en los aspectosprevistos en este artículo, por el párrafo 3º del Título V, del Libro I del Código Procesal Penal”). Con esto se está a mediocamino de romper, por vía de aplicación de las normas de adultos, el tope máximo de 12 horas señalado para la duración dela detención, y así la frase siguiente agrega: “Si se diere lugar a la ampliación del plazo de la detención conforme al artículo132 de dicho Código, ésta sólo podrá ser ejecutada en los centros de internación provisoria de que trata la presente ley”. Poresta vía, la detención puede ampliarse hasta por tres días, quedando el adolescente en la misma situación que un adulto entales circunstancias.Para la investigación y juzgamiento de las “infracciones penales de adolescentes” (es decir, de todos los crímenes y simplesdelitos, más las faltas expresamente incluidas en el artículo 1), el artículo 27 dice que regirán las disposiciones de esta Ley, y“supletoriamente” las normas del CPP. Si es que el Ministerio Público requiere una pena no privativa de libertad, “se sujetará alas reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso, regulados en el Título I del Libro IV del CódigoProcesal Penal”. En el Párrafo 4 se regula la “primera audiencia” (artículo 36), y la posibilidad de aplicar un juicio inmediato(artículo 37), “especialmente cuando se trate de una infracción flagrante”, caso en que se podrá otorgar excepcionalmente unplazo de investigación para diligencias concretas hasta por sesenta días. De no aplicarse el juicio inmediato, el plazo paradeclarar el cierre de la investigación es de 6 meses desde la fecha de formalización de la investigación, prorrogables porsolicitud fundada del Fiscal por dos meses más (artículo 38). La internación provisoria, entonces, puede durar estos 6 u 8meses de investigación. El artículo 39 se refiere a los plazos para la realización del juicio oral, y el 40 se refiere a la“audiencia de determinación de pena”, contemplada en el artículo 343 del CPP. Se contempla en este artículo la posibilidad deque el tribunal requiera en dicha audiencia la opinión de peritos.En caso de que a una persona se le impute una infracción sancionada por la Ley de RPA y un delito cometido siendo mayorde 18, se aplican entonces respecto a ambos hechos las normas de adultos (artículo 28). Una vez más, y a diferencia de otrosmodelos de justicia juvenil, se opta en caso de duda por aplicar las normas de adultos (el artículo 3, ya visto, opta por lamisma solución para el caso de que la infracción se inicie antes de la mayoría de edad de su autor y concluya después deésta). En coherencia con esa opción, el artículo 56, en el Título Final, regula la posibilidad de que al cumplir un adolescentela mayoría de edad estando internado, pueda ser enviado a un recinto penitenciario de adultos.

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la Opinión de lasCulturas Juveniles PopularesIntroducciónLizandra Muñoz Galloso 51El siguiente artículo sintetiza los resultados del trabajo de investigación “Ley de ResponsabilidadPenal Adolescente y la Opinión de las Culturas Juveniles Populares” realizado con jóvenespopulares e insertos en culturas juveniles, proceso llevado a cabo a partir de la realización de ochogrupos focales. Este proceso tuvo por objeto recoger el discurso de las y los jóvenes en torno a laspercepciones y nivel de conocimiento que tienen sobre el sistema de justicia en Chile, lasimplicancias en su vida cotidiana y la nueva Ley de Responsabilidad Adolescente.En este sentido la información recogida permitió además, cumplir con el objetivo transversal devisibilizar positivamente a grupos de jóvenes populares, que si bien se encuentran fuera de lasestructuras formales del sistema, son parte de redes sociales autogestionadas, cuyas estrategias deintercambio les han permitido desarrollar su identidad y hacer frente a la exclusión y a la invisibilidadsocial.El universo de estudio, estuvo conformado por jóvenes de entre 14 y 17 años, de ambos sexos,pertenecientes a poblaciones marginales ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad social de laRegión Metropolitana y participantes activos de algún grupo, colectivo o cultura juvenil. Estos fueronrealizados entre el 8 y el 19 de enero de 2007 y contaron con una participación total de 80 jóvenes.I. Las y los jóvenes, el concepto de juventud y la autopercepción juvenil.En nuestro país, el concepto de juventud ha sufrido importantes cambios en los últimos cuarentaaños. Durante las décadas de los 60` y 70 estos fueron entendidos como la generación prototípicade los cambios, de la revuelta social y las transformaciones, siendo incluidos en esta categoría sóloaquellos que se encontraban estudiando, excluyendo a todo joven que estuviera fuera del sistema,ya sea por encontrarse trabajando o bien excluido de él por otras razones. En los 80´ el conceptocambió y se amplió hacía la figura del joven popular estigmatizado con la imagen del joven problema.Esta imagen finalmente tuvo un fuerte correlato con la emergencia de una juventud protestante,protagonista de reivindicaciones de cambio, de las que era heredera y que fue capaz de levantaroleadas de protestas nacionales que marcaron el comienzo del fin del régimen militar. Esto dio pasoa la década del ’90 y con ello a la vuelta de la democracia, lo que suponía una juventud participativay comprometida. Esta imagen fue la que en principio guió todas las propuestas públicas de trabajocon jóvenes. Sin embargo, ya durante la primera mitad de la década de los ’90, el imaginario de lojuvenil enfocado en la imagen del “joven que no está ni ahí”, el “joven problema” o “joven dañado” 52 .“Durante la década de los ´90 se orientan las intervenciones públicas hacia programas con estavisión, tales como drogas, seguridad ciudadana y delincuencia, embarazo precoz, enfermedades detransmisión sexual, relaciones violentas entre pares, entre otros estigmas atribuidos a la condiciónjuvenil, y claramente, hacia los jóvenes de condición pobre o populares.(Dávila 2003)” 53 .51 Profesora de Castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Profesional de apoyo delDepartamento de Proyectos y programas del INJUV.52 Véase Instituto Nacional de la Juventud, 2006. Segundo Informe Nacional de Juventud, capítulo I.53 Véase Dávila León Oscar. 2003. “La década perdida en política de juventud en Chile; o la década del aprendizajedoloroso?. Hacia una política pública de juventud". En Ultima Década: "Políticas Públicas de Juventud en América Latina:Políticas Nacionales". CIDPA, Viña del mar. pp 129-165.

Lamentablemente esta visión despolitizada y problemática de las y los jóvenes se extiende hacia laprimera década del 2000 y prevalece en muchas políticas estatales, lo que deja en evidencia que nose cuenta hoy con una noción consensuada al interior del Estado, que facilite mejorar los niveles deinclusión de los y las jóvenes más pobres. Se subraya en una noción de juventud que los ve desdeuna mirada psicosocial, centrada en la juventud como una etapa de tránsito y de preparación haciala adultez.Concepto de moratoria social: carencia y tránsitoLa juventud es mayoritariamente considerada un periodo de la vida de toma de decisiones y deaprendizajes útiles para lograr una inserción social exitosa 54 . Durante la juventud se suceden unconjunto de experiencias determinantes para la vida de las personas, en tanto se construyenelementos básicos del proyecto de vida y se define la propia identidad. El tiempo de “ser joven”identitariamente varía según estratos socioeconómicos y las distintas culturas, puesto que eldesarrollo juvenil se da en estructuras de oportunidades y condiciones económico-políticas que setraducen en la heterogeneidad de las juventudes.El concepto de moratoria psicosocial se construye entonces, como la estrategia necesaria en elperiodo de preparación de la juventud para la adultez. El concepto parte de una comprensión de lasy los jóvenes como sujetos carentes de madurez social e inexpertos, y enconsecuencia, la fase que atraviesan debe ser un periodo preparatorio para el futuro. Esta nociónenfatiza la adolescencia como un tiempo de transición entre la niñez y la adultez y es el único lapsodel ciclo de vida definido como tal, aún cuando podríamos ver la vida como una serie de transiciones.Un problema complejo de este concepto, es que la idea de transición se utiliza en la juventud comoequivalente de transitoriedad. Implícitamente esto les niega a las y los jóvenes el reconocimientocomo sujetos sociales y se destaca su incompletitud usando el término “inmadurez”. Ello da pasofácilmente a la visión de la adolescencia como un problema que se apoya en un énfasis “estigmatizante y reduccionista de la juventud”. (Kraukopf, 2004) 55 .II. Las redes de socialización y las culturas juvenilesLos espacios de asociatividad en el mundo juvenil popular, en general están vinculados a lasmicro-sociedades. Estas se orientan a través de las identidades, los afectos y la transformación delespacio próximo como eje motor de la transformación social. Los colectivos y las culturas juveniles,asimismo, operan a través de las estructuras informales de participación social y constituyen unacomunidad casi parental, de fuertes lazos afectivos donde se opta por nuevas formas y estrategiasautogestionadas de inclusión social.Como señala Feixa (1998:84) 56 “En un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a que lasexperiencias de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos devida distintos, localizados en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida institucional”.54 Según la Cuarta Encuesta Nacional de Juventud, los y las jóvenes, en esta etapa de la vida, realizan la más importanteacumulación de capital humano en la educación formal, ingresan al mundo del trabajo, amplían sus redes sociales, inician elemparejamiento y la sexualidad adulta activa. Además, adquieren responsabilidades y derechos ciudadanos y se exponen anuevos riesgos sanitarios y sociales.55 Véase Krauskopf, Dina. 2004. " Comprensión de la juventud. El ocaso del concepto de moratoria psicosocial". En InstitutoMexicano de Juventud: “Ventana Central: Prácticas juveniles”. JOVENes, Revista de Estudios sobre Juventud Edición: año 8,núm. 21. México, DF, pp.26-39.56 Véase Feixa, Carles. 1998. Citado por Raul Zarzuri. “Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas juveniles: lastribus urbana”. Recopilado en http://www.cidpa.org/txt/13arti_04.doc

El grupo, el colectivo, es la familia, el clan, donde las relaciones sociales están situadas en elestablecimiento de confianzas y en la experiencia vivencial. La música, el desarrollo de lacorporalidad, la subversión en el lenguaje y prácticas societarias de resistencia a las lógicasformales, son aspectos constituyentes de estas nuevas estructuras organizativas que vinculan lossueños, las ideas y la reversibilidad de lo real, a estrategias de visibilización de lo cultural juvenil.De este modo, existen espacios colectivos que suponen formas de solidaridad (identidad), deoposición (descontento y trasgresión) y también de estrategias para la protección (totalidad). Deaquí, la aseveración de que las redes de inclusión generan sus propios mecanismos. La diferenciaestá entonces, en la ejecución cotidiana del individuo (siempre, y sólo posible con otros). Es en estecontexto de incertidumbres y posibilidades, que los jóvenes pobres chilenos de esta última décadahan debido desenvolverse e intentar aminorar los riesgos de una sociedad que los excluye.En términos generales, las culturas juveniles se caracterizan por los siguientes aspectos:Se trata de un fenómeno urbano. De todas las culturas juveniles, la más explícita y evidente es laagrupación territorializada, es decir, las que articulan a grupos de jóvenes adscritos a un segmentoespacial o territorial.Muchas de las expresiones de las culturas juveniles nacen como una reacción a la sociedadindustrial, moderna, burocrática y de control, por tanto, su trasgresión social está más bien ligada acondiciones sociales y procesos culturales.La música, el desarrollo de la corporalidad, el lenguaje subvertido y prácticas societarias deresistencia a las lógicas formales, son aspectos constituyentes de estas nuevas estructurasorganizativas.El estilo de vestir es clave para reconocerse con un estilo u onda cultural.Conquista de espacios y canales de negociación propios.Construcción de un interés colectivo común o plataforma de acción.Solidaridades, sensibilidades hacia el arte y lo cultural.Sentidos de pertenencia e igualdad.La vocería de la organización está entregada a quien posea herramientas y llegada para toma decontactos o beneficios.Los símbolos identitarios están representados en las paredes, en los estilos, en el lenguaje, lacorporalidad, la música, la vestimenta, los gestos, etc.La tribu, el colectivo, la organización, el grupo, no sólo devuelve el protagonismo al joven popular;sino que al mismo tiempo le ofrece la protección que necesita, dado que su papel protagónico no esadmitido por el resto de la sociedad.Abordando esta realidad desde los espacios urbanos de nuestro país, es posible distinguir algunasde las siguientes manifestaciones: La cultura Hip- Hop; Graffiteros, pintores - muralistas populares;Los Breakdance o b.boys y b.girls, exponentes del Break Dance; los skaters; La cultura Punk; LosSkinheads; Los semaforistas (malabaristas de la calle); además de otros multiples ejemplos deCulturas juveniles como: Góticos; Okupas; Otakus; Street balls; Colectivos ecologistas; Movimientode Liberación Animal; Grupos de Rol, Animación y Mangas Japonesas; Tarreros y ComunidadesVirtuales; Batuqueros, Murgas y Circo Teatro Callejero; Grupos de hobby; Videístas; Grupos deiglesia y voluntariado social; Rockeros; tecnos; electrónicos; darkz; trance; grupos de folklore;Grupos de ciclistas; Grupos deportivos; chearleaders; etc.

III. La juventud popularMuchos de los jóvenes que participaron en los grupos de discusión, son habitantes de sectoresmarginales en donde es la ley del más fuerte y de la calle la que impera. Lossentidos de la vida y la muerte están vinculados a las razones de la existencia y la supervivencia. Lamayor parte del tiempo son pragmáticos y críticos para pensar, pero también ese pensamiento lógicose mezcla con emotividad, con una expresión lúdica de la vida que los hace sentir más libres, y esahí donde aparece lo visceral de la ética del instante, ser como se quiere ser, elegir quien quiero ser,en el aquí y en el ahora, en el presente, puesto que el futuro se presenta demasiado fugaz e incierto:Son jóvenes que se identifican con la dimensión de búsquedas de integración e inserción social através de la participación en grupos identitarios y microsociales, como son las culturasjuveniles. El grupo, el colectivo, los pares son el medio de protección y desarrollo frente a unambiente hostil y construido sólo por adultos, donde ellos no han sido nunca llamados a participar.Tanto en las percepciones de la sociedad como en las representaciones que los y las jóvenes tienende sí mismos, se filtra el malestar y la “bronca” hacia medidas, normas y leyes que representanimágenes negativas o estigmas, que circulan en el discurso social respecto de ellos y sus culturas.Resuenan como ecos frases como:“Si la gente piensa que ser joven popular es sinónimo de delincuente, imagínate si soy panki comoyo, no lo pasan , no te aceptan en la sociedad, ... te siguen por todas partes” (joven de 16 años,cultura punk, Villa La Reina)“Eso me importa, el derecho a pensar por nosotros mismos y estar tranquilo con eso de estarperseguío...A estar tranquilo mientras uno hace su vida, que no achiquen calle por pedir unaeducación buena, entretenida po’...no la cagá que te enseñan en todas partes, a puro grito” (joven15 años, graffitero, Peñalolén)Estas opiniones nos llevan a pensar en una generación de jóvenes, que pese a no ser parte de laestructura de oportunidades, posee un potencial muy eficaz para reaccionar a condiciones deexclusión y marginación. Las y los jóvenes han logrado autodotarse en el espacio de interacción conlos más “grandes”, no sólo de estrategias de visibilización y supervivencia en el territorio, sinotambién de espacios de pertenencia y adscripción identitaria.Asimismo, expresan impotencia cuando demuestran con ejemplos concretos la inevitabilidad deldelito en un medio preferentemente excluyente y hostil. Han pronunciado sus concepcionespragmáticas de la vida, su crítica severa hacia el sistema de justicia, las percepciones acerca deldelito y los derechos; la visión acerca de la eficacia de las persecuciones, la condena implacable alabuso policial y las redes de pares como medio de protección. Así, las diversas estrategias paramejorar niveles de inclusión, generan un conjunto de tensiones y dinámicas de participación ennuestra sociedad que es importantísimo valorar a la hora de hablar de las y los jóvenes populares deentre 14 y 17 años.La justiciaLas definiciones que a continuación se enumeran retratan las distintas percepciones de las y losjóvenes participantes de este estudio acerca de la justicia y el sistema de justicia actual. El referentede su evaluación se centró en la contradicción justicia – injusticia, que se desprenden de la propiaexperiencia personal y social, donde se entiende la justicia como “valor”, como “necesidad” y nocomo “un derecho adquirido”.

“es pobre la justicia, más pobre que nosotros (hombre de 16 años)“Justicia es, justicia depende del capital que uno tenga”(hombre de 15 años)Respecto al sistema de justicia actual:“Porque frente a los temas netamente de justicia se siguen viendo los mismos problemasque se veían antes, que la persona que tiene plata puede contratar a un abogado o la persona quetiene plata puede salir o la persona que tiene plata tiene una ventaja frente al que no tiene plata.”(mujer de 16 años)“Quién es el juez de todo esto, quién es el juez de los jóvenes, todos son jueces, en la casa, en lacalle, en la justicia, todo quieren ser jueces de los jóvenes” (hombre de 17 años)La justicia y las implicaciones en la vida cotidiana de las y los jóvenes:La justicia en la vida cotidiana es un tema que se expresa como punto crítico y obstaculizador en lavida de los y las jóvenes entrevistados. La vulneración de derechos y losestigmas sociales son el foco de mayor problemática en el territorio donde viven, y es en la calle, enel barrio, donde encuentran el primer contacto con la justicia, la policía.Un importante grupo de jóvenes entrevistados cree que existe desigualdad en la aplicación de lajusticia a nivel territorial, al hablar del contacto con los operadores del sistema, la policía, se remitendirectamente al abuso policial:“En lo particular que me han tomado detenido, ni te avisan, estás en la esquina haciendo nada yllegan y te paquean sin siquiera preguntarte el nombre” (joven de 15 años).“Yo creo que la policía no trata de relacionarse con nosotros, la policía trata de que nosotros lestengamos respeto, miedo eso nada más.” (hombre de 15 años)“Mira, vamos hacer un ejemplo: los carabineros si ven a una persona como mayor y saben que haymas gente por detrás, como que no se van a ir a meter pa alla, pero si ven parado jóvenes en unaesquina a eso lo paran altiro porque son cabros chicos, se toman mas libertad porque…todossabemos”(hombre de 17 años)IV. Los jóvenes, el delito, la victimización y la discriminación socialEntre los entrevistados existen percepciones negativas sobre el concepto de delito, confiriéndole alconcepto la imagen de algo que “no se debe hacer”. Sin embargo, en la observación práctica quehacen de éste, su noción tiende a flexibilizarse, de acuerdo a las condiciones en que se realiza laacción.Asimismo, las y los jóvenes identifican distintos tipos de delitos, los que se relacionan directamentecon el daño a otras personas y los que tienen un enfoque asistencial, el delito cometidopor necesidad, por condiciones de exclusión y pobreza, así es posible encontrar los siguientesdiscursos o visiones:

“Porque algunos roban por diversión, otros roban por necesidad, y otros roban por jiles y les peganlos pacos. Robar pa tener lujos, no andar pato, invitar a los amigos a comer, pa tener tillas de marca,a divertirse.”(hombre de 15 años)“Yo creo que, si es necesidad, no le veo el delito, porque no hay trabajo, te exigen mucho pa lostrabajos, hay personas que ya han salido de la cárcel, pero tienen sus papelesmanchados, pero cómo esa persona va a surgir, si no puede trabajar, entonces ya, lo rehabilitaron,pero pa que, pa´que se quede en la casa” (mujer de 16 años)Por otra parte, consideran que desde el mundo adulto, sistemáticamente se han idocriminalizando las actividades propias de las y los jóvenes populares, específicamente lasformas/estilos de representación que se relacionan con las expresiones de la cultura callejera:“Hay que recordar que hay distintas clases de delito, no es lo mismo por ejemplo que unoscabros de 14 ó 15 años los pillen pintando una pared y se los lleven preso por eso, que matí aalguien, eso ya son situaciones totalmente distintas” (hombre de 15 años)“La gente no saben todo lo que pasamos y sentimos dentro de este tipo de expresión, cortarselas manos saltando, arrancando, caerse, que te atropellen, les importa una ralla en el muro y no unavida de una persona, nosotros somos artistas no delincuentes” (hombre de 16 años)La victimización juvenilMientras que en nuestros oídos resuenan diariamente cifras y hechosdelictuales en que losprotagonistas son jóvenes “menores de edad”, un importante número de jóvenes son victimas dedelitos y discriminación social.De acuerdo a cifras del Ministerio del Interior (2006), alrededor de un 40% de jóvenes entre 15 y 19años ha sido víctima de un delito, y un 63,4 % de ellos, cree que es probable que lo sea.En una estimación parecida, la Cuarta Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2003) sitúa lavictimización para población de edades de 15 a 29 años en un 35%. Según esta encuesta, el hurtode objetos personales es lo que más afectaba a la población joven, especialmente a las mujeres.No obstante a esta victimización y contradictoriamente con esta información, se identifica a los ylas jóvenes como la población que exhibe niveles de temor similares o significativamente bajos alresto de la población:“¿Por qué dicen que el estado le tiene miedo a las calles? Por el mismo hecho de que no entran enun lugar, de que no entran en un sector pobre, no importa, si tú necesitai seguridad también comotodos”. (mujer de 17 años).“Sí, a nosotros también nos pasa a cada rato, para entrar a mi casa, a mi pasaje yo he pagadopeaje, y ustedes saben que es así o no...el otro día tuve que entregar las zapatillas y no se puederetobar en eso, si no, te pitean”.La discriminación y el estigma social frente a las y los jóvenes insertos en culturas juveniles.Los procesos de modernización y globalización incrementan en las y los jóvenes la necesidad deencontrar elementos para darle sentido a su relación “presente” con el entorno. La identidad no se

construye de una sola vez y se termina en la adultez, sino que es un proceso basado en laexperimentación, en la búsqueda permanente y en la construcción de redes sociales propias.De acuerdo a la información emanada de los grupos focales, las y los jóvenes sienten vivir en unasociedad donde encuentran pocas oportunidades de mostrar esos procesos de búsqueda personaly colectivas, alternativas a las propuestas formales de los adultos. Sienten que la sociedad chilenase ve amenazada por la diferencia, identificando a grupos o colectivos de culturas juveniles, la mayorparte del tiempo, con conductas de riesgo o reconocimiento negativo.“A mi me da pena ver a la gente siempre enojada porque tú hablai de una manera, porque te pintaiel pelo o porque caminai de alguna manera, por eso uno mejor trata de pasarpiola y sale de noche, porque ya no podí estar de día en una plaza, si estamos sentados, piola conlos cabros, llaman a los pacos pa que nos echen al toque, como les da terror” (mujer de 16 años)“Pero no a todos los que se visten raro los discriminan, a los locos esos de kudai andan con piercingy están bakanes, están de moda, entendí mi bella, como se van dando, en cambio a nosotros alcuello” (hombre de 17 años)Según la Quinta Encuesta Nacional de Juventud, casi la mitad de los y las jóvenes (44.1%) seha sentido discriminado alguna vez. Según los jóvenes entrevistados, las condiciones más comunespara sentirse discriminados es en primer lugar, la condición de estudiante; en segundo lugar, laapariencia física; y en tercer lugar la clase social.“Si la gente piensa que ser joven popular es sinónimo de delincuente, imagínate si soy panki comoyo, no lo pasan , no te aceptan en la sociedad, ... te siguen por todas partes” (hombre de 16 años)“No es el tatuaje, no son los piercing, no es el pelo verde, es como te ven, es la clase...buscancualquier excusa para discriminarte” (mujer de 17 años,)La discriminación es un aspecto que las y los jóvenes, los de menor edad sobre todo, vivenconstantemente. No sólo por parte de los adultos o en sus entornos más próximos, sino que la viventambién de parte de los propios pares, los mayores. De ellos se aprehende y adquiere la experiencia,pero también se vive la exclusión de los espacios de decisión:“En la junta de vecinos de acá de la villa si uno es chico no te prestan la sede y ahí tení que buscara uno de los mayores y pedirle que se consiga la sede...pero igual tení que hacerles algún favor”(hombre de 14 años)V. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la responsabilización juvenil popular y losderechos juveniles.“La relativa ausencia de visibilidad de las nuevas formas de expresión juvenil se articula con unaimagen socialmente preocupante e inquietante, del joven problema. El mayor extrañamiento de lajuventud de la esfera pública y la percepción de su menor involucramiento en lo social, contribuyen ala conformación de representaciones amenazantes que estructuran la imagen de los jóvenes en latríada temática de mayor preocupación para la población: delincuencia, adicciones y violencia(INJUV-PNUD, 2003:5) 5757 Véase PNUD, INJUV. 2003. Transformaciones culturales e identidad juvenil en Serie “ Chile: Temas de DesarrolloSustentable”, N º 9, Santiago de Chile.

Dicho enfoque se sustenta en esta iconografía contemporánea, articulada al riesgo como elementoparticular del paradigma de la seguridad, que tiene como contrapartida en la experiencia del riesgoy en la amenaza como figuras omnipresentes en la conversación social actual.El problema fundamental de las imágenes es la valoración que se asigna a lo juvenil popular y queoscilan entre la consideración de estos como víctimas del sistema o bien como jóvenes amenazanteso problemáticos. De hecho, los jóvenes adolescentes chilenos han entrado a la agenda públicaa partir de polos sintomáticos y problemáticos del tema de la delincuencia juvenil y que ha idoprogresivamente construyendo un discurso social generalizador de la juventud popular, asociada aldelito y a la delincuencia juvenil, especialmente desde los medios de comunicación masivos.En efecto, respecto de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los jóvenes entrevistados, sesienten muy poco informados, involucrados y con escasos conocimientos de su funcionamiento.Manifiestan que los adultos no se han puesto en el lugar de los jóvenes al pensar esta ley y sientenque la responsabilidad frente a los delitos juveniles no es sólo de ellos, sino que es compartida portoda la sociedad. También manifiestan estar confundidos frente a la definición etárea de 14 años ycuestionan la efectividad de la persecución penal, puesto que según ellos “las cosas no van acambiar”.“Pero por qué de 14 y no de13 ó no de 15, yo cacho que lo tiraron a la pura suerte, “nos chantaronel dos con esta ley”“No es lo mismo ser de 14 que de 12 y tampoco es lo mismo ser de 14 que de 17, eso está claro yestán todos dentro del saco” (mujer de 17 años).“Es que no es por ti, que vienes a hacer la entrevista, es que ni nos enteramos que hay una ley, nosabemos nada, a nosotros no nos consideraron para hacer la ley” (mujer de 17 años)Tanto en las percepciones de los mayores como de los jóvenes de 14 años, la existencia de una leyno cambia las cosas. La mayoría de los entrevistados cree que la mejor manera de abordar losproblemas es desde la prevención, la educación y por sobre todo, corrigiendo la exclusión:“Sabi qué es la ley? Es el eco del grito de los de arriba” (hombre de 17 años)“Pero da lo mismo, si gastan dos millones en rehabilitar, que gasten un poquito más y que sea paraprevenir, que la sociedad cuide a los niños, todos son responsables si no se cumplen nuestrosderechos”. (mujer 17 años)“Por qué siempre a la rehabilitación y no a la prevención?.” (hombre de 16 años)El temor a las y los jóvenes popularesEs evidente que en los últimos años se ha generado en la opinión pública – principalmente desde laprensa sensacionalista y ciertos sectores políticos-, un temor exacerbado a ser víctima de un hechodelictivo. Se ha vinculado directamente el “incremento de la criminalidad” a la falta de “mano dura conlos menores y a la falta de instrumentos jurídicos de carácter represivos y por ende más violentos.Surge entonces la interrogante por los jóvenes que crecen y se desarrollan en la exclusión y susposibilidades futuras. Si bien es cierto que la pobreza no necesariamente es generadora decriminalidad, el fenómeno de desequilibrio entre lo que el individuo como persona busca y sueña y loque en realidad consigue, unido a la necesidad diaria de supervivencia, se radicaliza aún más en las

Según Rossana Reguillo 58 , para los que no hay opciones, los considerados como desechables, lamuerte se convierte en una experiencia más fuerte que la vida. Agrega que, sin embargo, en relacióncon el sentido de la temporalidad, más allá de las especificidades y diferencias dadas por la situacióny la ubicación social en que se encuentra cada grupo de jóvenes, todos parecen compartir una ideaprecaria del futuro y experimentar la vivencia del tiempo discontinuo, el aquí y el ahora, cobra mássentido que lo que sucederá.“Hermana, uno vive al día, el futuro para nosotros no existe”(hombre de 16 años)“Yo me siento en una caja, como de cartón, como que cuando el Estado, como que quiere abrir esacaja y gasta recursos cuando les conviene, la abre y cuando quiere hablarle una al estado, estásiempre cerrada”(mujer de 17 años)En las culturas juveniles populares actuales, por ejemplo, operan los códigos del carpe diem(aprovecha el momento). La impredecibilidad del futuro, que se ve muy fugaz, a la vez que lasescasas herramientas no alcanzan para insertarse en la estructura predispuesta por los adultos,contribuye a la priorización del presente y dificulta la posibilidad de depositación de la vida en elfuturo adulto (meta de la moratoria). Las diversas tensiones derivadas de las nuevastransformaciones sociales (tecnológicas, económicas y políticas) en contraposición con la lentitudcon que llegan las oportunidades de inclusión social, obligan a acelerar la búsqueda del ser y elsentido de vida, así como el énfasis en lo afectivo y socializador.“Si quieren que empecemos a “aplicarnos” en su mundo, que empiecen por la base, yo no puedoseguir creando sobre una base que es de arena, porque se va hundir, entonces si yo no refuerzo labase, nunca voy a tener un edificio hermoso”.(mujer de 17 años)“No necesito ley, necesito solamente el respeto, me respeto yo y te respeto a ti, no me importa si túeres homosexual, travestí, eres chico o eres gordo, no me importa na, yo te tengo que respetar, esasería una buena manera de tener un buen país, porque así no habrían robos, porque yo estoyrespetando tu espacio sabiendo qué necesitai, toy respetando tu libertad, eso es lo que yo le pediríaa la sociedad, que respete un poquito la libertad, por que se meten tanto en nuestras vidas que nodejan libertad para nosotras, de repente nos critican tanto que nos cierran todas las puertas.”(hombre de 17 años)VI. Los derechos, la defensoría penal pública y las campañas de difusión para jóvenesConceptos de derechoSi bien es cierto que los jóvenes no identifican de manera conceptual el significado literal de lapalabra derecho o derechos, éstos entienden a qué remitirse cuando de ellos se habla. Laidentificación de los factores de protección o de garantía cuando sienten que tienen derechos y elsentimiento de incertidumbre y exclusión cuando sienten y ven que estos se violanpermanentemente en sus espacios:“Me gustaría saber de qué hablan los adultos cuando hablan de los derechos porque uno no puedereclamar en ninguna parte cuando te pegan o no te respetan... si todos te las ven todo el tiempo...solo sabes de derechos cuando te vai a la cana o no?” (hombre de 17 años)“Cuando dicen: “Derecho a la vida”, ¿me están recordando el derecho a permitirme vivir?.”(mujer de 15 años)

“Sabí cuáles son los derecho de los jóvenes son “el derecho a guardar silencio”. A “fumarte uncigarro”.eso no más po”(hombre de 14 años)“Derecho a que tengamos espacios para juntarnos y hacer lo que queremos hacer, lo que nos gustahacer, a informarse de lo que, de lo que piensan hacer con nosotros, como esta ley por ejemplo”(mujer de 17 años)A modo de conclusiónJóvenes pobres: Entre el problema del presente y la promesa del futuroPara comprender los problemas que viven las y los jóvenes populares de hoy es indispensablesituarlos dentro de un análisis del contexto social y las variadas complejidades queviven en sus territorios. Por partida doble se les atribuye hoy laresponsabilidad de la violencia y la inseguridad urbana. Se articulan con la imagen juvenil popular,el riesgo como elemento particular del paradigma de la seguridad ciudadana, que tiene sucontrapartida en la experiencia del riesgo y en la amenaza como preocupación prioritaria del discursosocial actual. De este modo se despliegan un sinnúmero de imágenes valorativas que sitúan al jovenpopular o lo juvenil popular, entre la consideración de víctima del sistema o bien como disruptivo,anómico y vinculado a las conductas problema.De acuerdo a los discursos y las valoraciones juveniles emanadas de los grupos focales,los y las jóvenes sienten vivir en una sociedad donde se encuentran pocasoportunidades de mostrar sus procesos de búsqueda personal y colectiva. Expresan que la sociedadchilena se siente amenazada por la diferencia y los excluye, identificando a grupos o colectivos queson parte de las culturas juveniles con conductas de riesgo o reconocimiento peyorativo. Esterechazo, impulsa a los individuos pobres a vivir situaciones de desintegración radical,fundamentalmente a partir del individuo como actor, que es malabarista y director de escena de supropia biografía, identidad, y convicciones.Los medios de comunicación los han incorporado en su repertorio diario de noticias y la figuraomnipresente frente a la delincuencia es la de un joven de población o marginal, menor de edad ycon rasgos de pandillero. Esta situación no sólo redunda en una importante frustración y crisis deexpectativas de parte de los jóvenes, sino también de la sociedad en general, que ve en estasimágenes, alejarse la promesa de que los jóvenes son el futuro de nuestro país.Ante la exclusión y la premura psicosocial en el cumplimiento de responsabilidades y con ausenciade oportunidades, son los propios jóvenes quienes han desarrollado e identificado estrategias parala supervivencia, el desarrollo individual y el colectivo. Junto a sus pares han construido espacios desocialización que les permite vivenciar la identidad en el día a día y visibilizarse en el anonimatosocial. Sus prácticas identitarias tienen importancia vital en el contacto e intercambio con los otros, através de las cuales no sólo se supera la monotonía, sino que también se compensan afectos y se ledota de sentido a la expresión “cultura juvenil”. Estas prácticas y acciones, desembocan en formasde acción colectiva que podemos observar en muchas poblaciones y calles de nuestro país.En este contexto, resulta importantísimo implementar medidas que fortalezcan y coadyuven no sóloen el cumplimiento de responsabilidades o deberes en tanto individuos, sino también, que se lesreconozca como sujetos parte de esta sociedad, con sueños, anhelos y como protagonistas deldesarrollo de nuestro país. Para ello, debemos partir por visibilizarlos positivamente y noestigmatizarlos con el paradigma de la violencia y el daño social

Referencias BibliográficasDávila León, Oscar. 2003. “La década perdida en política de juventud en Chile; o la década delaprendizaje doloroso?. Hacia una política pública de juventud". En Ultima Década: "PolíticasPúblicas de Juventud en América Latina: Políticas Nacionales". CIDPA, Viña del mar. pp 129-165.Krauskopf, Dina. 2004. " Comprensión de la juventud. El ocaso del concepto de moratoriapsicosocial". En Instituto Mexicano de Juventud: “Ventana Central: Prácticas juveniles”. JOVENES,Revista de Estudios sobre Juventud Edición: año 8, núm. 21. México, DF, pp.26-39.Feixa, Carles. 1998. Citado por Raul Zarzuri. “Notas para una aproximación teórica a nuevasculturas juveniles: las tribus urbana”. Recopilado en .Reguillo, Rossana. 1998. El año 2000, Etica, Política y Estéticas: imaginarios, adscripciones yprácticas juveniles. Caso mexicano. En Humberto Cubides et al. (editores): “Viviendo a toda.Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades”. Santafé de Bogotá: Universidad Central ySiglo del Hombre Editores.PNUD, INJUV. 2003. Transformaciones culturales e identidad juvenil en Serie “ Chile: Temas deDesarrollo Sustentable”, N º 9, Santiago de Chile.

Infancia y Juventud Transgresora de Ley y con Problemas deConducta, en Seis Comunas de la Araucanía, Desde el Año 1979 al2005 59 Amelia Gaete T. 60ResumenRaquel Lara R. 61Este artículo presenta parte de los resultados del Proyecto de Investigación DIUFRO 120209 62 , elcual se orienta a caracterizar los problemas de niños y jóvenes transgresores de ley, con problemasde conducta, en seis comunas de la Araucanía (Cunco, Freire, Melipeuco, Padre Las Casas, Temucoy Vilcún, Temuco). Se analiza la evolución de éste fenómeno social, entre los años 1979 al 2005,mediante estadísticas generales, a fin de observar su dimensión temporal y espacial. Estas cifrasfueron obtenidas de los Libros de Estadísticas del 1º y 2º Juzgado de Letras de Menores de Temuco.Debido a que los problemas delictuales y conductuales de los menores ocurren principalmente enlas ciudades, se analiza el área urbana de Temuco y Padre Las Casas 63 , trabajando las variables deedad, sexo, etnia, tipos y clasificación de delitos y faltas, para los años 1989, 1999, 2002 y 2004, y elstatus socioeconómico, según lugar de ocurrencia de los delitos y faltas, y de residencia de losmenores, para los años 1989, 1999 y 2004. Esta información fue obtenida de los archivos deexpedientes de causas ingresadas a ambos Juzgados de Menores.El análisis e interpretación de los datos se basa en las teorías del Continuo Subcultural de laDelincuencia (D.Cooper, 1990); de la Economía Informal Alternativa e Ilegal (D. Cooper 1990, 2000);y los planteamientos de la Escuela de la Geografía Ecológica de la Delincuencia. A partir de losresultados, se comentan algunos aspectos de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, quese pondría en vigencia a partir de junio del presente año.IntroducciónHoy los medios de comunicación social resaltan el impacto que genera la delincuencia en nuestravida diaria, más aún, si se trata de jóvenes o niños. De ahí la expectativa que ha provocado la nuevaLey de Responsabilidad Penal Juvenil, postergada casi un año, y en vías de implementación. LaAraucanía, identificada como la región más pobre de Chile, no escapa a esta problemática, por ellonuestro interés en estudiar la evolución y dimensión que tiene a nivel regional y comunal el fenómenode los menores transgresores de ley y con problemas de conducta 64 .Se incluyen gráficos de aprehendidos a nivel nacional, y la evolución del índice de aprehendidos pordelitos de mayor connotación social (DMCS) referidos a homicidios, lesiones, violación, robos y hurtoen jóvenes y adultos 65 desde el año 2000 al 2005. El gráfico de aprehensiones da cuenta de cuatrotipo de delitos, siendo el hurto más frecuente, siguen los robos con fuerza / violencia, y lesiones. Elaño 2003 contempla el mayor número de aprehensiones, luego disminuye al 2005. Respecto a losjóvenes, el índice asciende el 2003, y se mantiene en leve baja el 2004 y 2005.59 Forma parte de los resultados del Proyecto DIUFRO 120209 (Gaete, Lara y otros)60 Socióloga y Magíster en Ciencias Sociales, agaete@ufro.cl61 Geógrafa y Magíster en Geografía, rlara@ufro.cl62 “Niveles de Pobreza y Problemas Conductuales-Delictuales Infanto-Juveniles en Temuco y Padre Las Casas Urbano”,(Gaete, Lara y otros).63 Esta comuna se constituyó como tal a mediados del año 1995.64 Se solicitaron los permisos correspondientes a la Corte de Apelaciones de Temuco, con el compromiso de resguardar laidentidad de los menores estudiados65Fundación Paz Ciudadana. Balance 2005. Delincuencia en Chile. Evolución y Desafíos. P.7

160.000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.000029.77833.5629.64019.057Aprehenciones Policiales30.11149.12110.93818.97530.36165.39212.32513.12232.96280.51623.63474.76414.021 11.97116.121 14.1132000 2001 2002 2003 200420.94270.02917.53314.432ROBO CON FUERZA ROBO CON VIOLENCIA HURTO LESIONESFuente: Aprehendidos por Carabineros de Chile. 2005ResultadosEvolución del índice de aprehendidos porDMCS. Jóvenes de 14 a 17 años y adultos.1801601401201008060402002000 2001 2002 2003 2004 2005Indice 100 = 200014 - 17 años 17.14410014 - 17 años adultos2000 2001 2002 2003 2004 200519.276 21.006 22.267 20.497 20.666112 123 130adultos 73.388 87.845 102.459 118.573 101.021 94.527100 120 140 162 138 129Fuente: Sistema Integrado de Estadísticas de Carabineros de Chile(SIEC) y Anuario de Estadísticas Criminales - Fundación Paz Ciudadana120121I. Menores con problemas delictuales y conductuales, en seis comunas de la Araucanía, años1979 al 2005.Los registros constatan niños transgresores de ley desde los 6 años de edad a partir del año 1989.El gráfico 1, presenta la evolución de la problemática de los menores transgresores de ley 66 y conproblemas conductuales 67 entre los años 1979 y 2005.Grafico 1. 11.600 causas de menores con problemas, en seiscomunas de la Araucanía, años 1979-20059008007006005004003002001000Pob. DelictualesPob. Conductuales197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005Los menores inicialmente cometían más faltas que delitos hasta 1987. Entre los años 88 y 89 hayuna fuerte alza de menores con problemas, sobretodo de tipo conductual el año 89, luego bajanambos grupos, siendo aún mayores los casos conductuales, manteniéndose con ciertos altos y bajoshasta el año 1995. Desde el año 1996 se elevan muy fuertemente las cifras de menores conproblemas delictuales, sobre todo a partir del año 2000, y baja el 2005 6866 Han cometido delitos67Cometen faltas y requieren ser tratados por la justicia con ciertas sanciones, evitando que se conviertan en delincuentes,por tener un mayor riesgo de compromiso delictual.68 Este estudio contempla las estadísticas hasta octubre del año 2005, debido a que los Juzgados de Letras de Menoresya no ingresaban causas, siendo éstas derivadas a los nuevos Juzgados de Familia, los cuales no se contemplan en esteProyecto de Investigación

Por otra parte, el mayor número de causas con problemas de conducta corresponde al año 2001(469), y desde ese año sufren notoria baja hasta finalizar el 2005 con 61 casos, con las aclaracionesya señaladas. Las cifras absolutas de los 11.600 registros de causas de menores para los 26 añosestudiados.Cuadro 1: Causas de Menores, en seis comunas de la Araucanía, Años 1979-2005.Años197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005Total%ProblemasDelictuales5264414961565761451422061701911521651381441872962953936175807697108346437.11861.4ProblemasConductuales11813083831198994123981393542131952312121671781471231912023784691476672614.48238.6Total1701941241321801451511841432815603833863833773053223344194865959951.04991677690670411.600100.0Para el periodo comprendido entre los años 1979 y1989, los delitos de robo representan el 45.6%, lesiguen los hurtos con el 35.7%, y en tercer lugar el7.8% de daños a la propiedad. Internamente sevisualiza la evolución de los delitos de robo enascenso desde el año 79, bajan el 87, los hurtosdisminuyen entre los años 1981 y 1985, luegorepuntan. En cambio los daños a la propiedad fuerondisminuyendo. El gráfico 2, ilustra la clasificación dedelitos cometidos por niños y jóvenes entre1979-1989. Se observa que el 90% corresponde adelitos contra la propiedad, siendo muy similares losporcentajes entre delitos contra las personas y contrala moral y sexuales. Se registran mínimasinfracciones de ley de tránsito y alcoholes.Grafico 2. Clasificación según delitos cometidospor 834 menores, seis comunas de La Araucaníaaños 1979 - 89C. lasPersonas5%C.Moral /Sexuales5%Infrac. deley0%C. laPropiedad90%En relación a las faltas cometidas por menores durante el mismo periodo(1979-1989), los datos muestran un total de 1.430 causas de niños y jóvenes con problemasconductuales, clasificados según tipo de faltas, problemática que involucra un mayor número demenores durante el período 1979 a 1989 respecto a los 834 casos involucrados en problemasdelictuales en el mismo período.La vagancia, mendicidad y consumo de drogas, representan lamayor cifra de faltas en relación al abandono de hogar y la ebriedad. La ingesta de alcohol en lavía pública aparece con un porcentaje menor y el desorden en la vía pública, se comienza avislumbrar el año 1984..Con la finalidad de visualizar gráficamente los problemas conductuales de los menores estudiadosentre 1979 y 1989, se confeccionó el gráfico 3

Grafico 3. Clasificación según faltas y situacionesasociadas, cometidas por 1.430 menores, en seiscomunas de La Araucanía, años 1979- 89C. Asoc.Abandono33%C. Asoc.Disciplina0%C. Asoc.Carencia24%C. Asoc.Consumo43%Las conductas asociadas al consumo de drogas y alcohol, representan el 43% de las faltas de losniños y jóvenes registrados en el período señalado. Le siguen las conductasasociadas al abandono con el 33%, referidas a vagancia y abandono del hogar, en tercer lugar lasclasificadas como asociadas a carencias y corresponden al 24% de menores que se dedican a lamendicidad, para suplir problemas de carencias monetarias.El gráfico 4, indica que en el periodo siguiente los delitos contra la propiedad representan el 82%, lessiguen bastante más bajos contra las personas, contra la moral y sexuales, y bajísimo lasinfracciones de ley sobre tráfico de drogas y porte ilegal de armas. En relación al período 1979-89,bajan los delitos contra a propiedad, pero aumentan aquellos denominados contra las personas ycontra la moral y sexuales.Grafico 4. Clasificación según delitoscometidos, por 6.284 menores, en seiscomunas de La Araucanía, años 1990- 2005C. la Moraly Sexuales6%Infrac. deLey1%C. lasPersonas11%C. laPropiedad82%Se ilustra en el gráfico 5, que las conductas asociadas al consumo de drogas o alcohol representanel 43% del total de faltas cometidas en el periodo, le siguen con un 32% las asociadas al abandono,y con porcentajes menores las faltas en torno a disciplina y carencias, con 15% y 10%respectivamente. Al comparar el período anterior, se aprecian porcentajes similares en aquellas faltasasociadas al consumo, ambas con 43%, igualmente las referidas al abandono con 32% en esteperíodo, y 33% entre los años 1979-89. En cambio decrecen porcentualmente las asociadas acarencias.

II. Delitos y faltas, en Temuco y Padre Las Casas urbano, años 1989, 1999, 2002 y 2004.Se presentan los datos porcentuales de las causas de menores con problemas delictuales yconductuales de las ciudades de Temuco y Padre las Casas de los años 1999, 2002 y 2004 69 encuadros separados, para comparar los cambios que se han generado en los distintos añosestudiados.Cuadro 2 : Distribución porcentual de causas de menores con problemas delictuales, años1989, 1999, 2002 y 2004, según:DelitosRoboHurtoLesionesSexualesDaños a la propiedadHomicidioI. Ley de Armas y Drogras 70MasculinoFemeninoDe 6-14 años 71 5- 14 años 72De 15 - 18 añosMás de 18 añosSin dato edadChilenaMapucheSexoEdadEtniaClasificación de delitoContra la propiedadContra las personasContra la moral/sexualInfrac. de Ley%Total198951.930.84.74.27.50.90.091.18.926.269.64.20.092.17.990.25.64.20.0100.0214199952.731.74.83.65.41.80.092.27.820.478.441.20.082.018.089.86.63.60.0100.0244200243.831.210.32.96.82.12.979.720.340.959.10.00.082.417.681.812.42.92.9100.0400200451.932.07.22.75.00.60.684.016.031.567.40.01.182.917.189.07.72.70.6100.0205El delito de robo representa el másalto porcentaje, para el año 1989con un 51.9%. Aumenta el año 1999a 52.7 %, baja al 43.8% ynuevamente repunta al 51.9% quese observaba inicialmente. Loshurtos también representan unacifra alta de delitos en que se haninvolucrado los menoresinfractores de ley. Las cifras semantienen entre el 31 y 32% en loscuatro años analizados. En tercerlugar se visualizan los daños ala propiedad. El año 1989 alzabanel 7.5% y luego fuerondescendiendo hasta el 5.0% elaño 2004. Había más delitossexuales el año 1989 (7.5%), losque han disminuido paulatinamentehasta llegar a 2.7% el año 2004.Según la estructura etaria, losniños cuyas edades fluctúan entre5 y 6 hasta los 14 años,presentaban conductas delictivasdesde temprana edad,especialmente involucrados en hurtos y robos, bajan el año 1999 y suben notoriamente el 2002,disminuyendo al 31.5% el 2004. El grupo más significativo corresponde a jóvenes entre 15 a 18 añoslos que serán considerados imputables a partir de junio del 2007, con la aplicación de la nueva Leyde Responsabilidad Penal Juvenil. Estos presentan porcentajes altos especialmente el año 1999 con78.4%, bajando a 67.4% el año 2004. Los niños y jóvenes del género masculino tienden adelinquir en un porcentaje evidentemente mayor respecto a las del género femenino, aún cuandoellas van incorporándose paulatinamente al mundo delictual.69 Tesis elaborada en el marco del Proyecto DIUFRO 120209, de Cintia Lucero Q. y Juan C. Mignolet N.70 Para el año 2002 Infrac. Ley de Armas y de Drogas, el año 2004 corresponde a Ley de Drogas solamente.71 Para los años 1989 y 1999.72 Para los años 2002 y 2004

Inicialmente la tasa de delincuencia femenina alcanzaba el 8.9% en el año 1989. luego disminuyelevemente al 7.8% el año 1999, y aumenta fuertemente desde el año 2002 al 20.3%, alcanzando eun 16.0% el año 2004.En relación a la etnia, eran más bajas las cifras de mapuche involucrados en problemas delictualesel año 1989 con 7.9%, las cuales suben a más del doble el año 1999 (18%), para luego mantenerseaproximadamente en un 17 % los dos años siguientes estudiados. En la clasificación de delitos, losporcentajes mayores se ubican en aquellos contra la propiedad, bajando el año 1999 y repuntandonuevamente los años 2002 y 2004. Cifras notoriamente más bajas corresponden a los delitos contralas personas, contra la moral y sexuales. Y las infracciones de ley aún son poco significativas.Cuadro 3:Distribución porcentual de causas de menores con problemas conductuales,añosFaltasVaganciaMendicidadConsumo de DrogasEbriedadIngesta alcohol vía públicaabandono hogarMala conductaDesorden vía públicaMasculinoFemeninoSexoEdadDe 6-14 años 73 5- 14 años 74De 15 - 18 añosMás de 18 añosSin dato edadChilenaMapucheEtniaClasificación de faltasAsoc. consumoAsoc. carenciasAsoc. disciplinaAsoc. Abandono%Total198920.226.14.625.221.62.30.00.087.612.443.147.79.20.089.011.051.426.10.022.5100.0218199916.92.65.213.035.014.313.0.0.080.519.532.566.21.30.083.116.953.22.613.031.2100.07720021.78.30.010.05.028.318.328.351.748.350.050.00.00.083.316.715.08.346.730.0100.060200416.70.00.00.00.058.320.84.241.758.516.783.30.00.079.220.80.00.025.075.0100.024El cuadro 3, permite analizarlos problemas conductuales,en los cuatro años de registrosde causas, comparando lascifras porcentuales defaltas en que incurren losmenores. Para el año 1989, losmenores incurrían en lamendicidad, ebriedad, ingestade alcohol y vagancia enporcentajes más o menossimilares. Para el año 1999la situación varía siendo mayorla ingesta de alcohol, seguidode lejos por la vagancia yabandono de hogar. Ademásse incorpora una nueva falta alos registros relacionada conmala conducta. En el año2002, fueron evidentes losdesórdenes en la vía públicacon 28.3% del total al igualque los abandonos de hogar.Para el año 2004 la cifra deniños y jóvenes queabandonan el hogar era de58.3%, seguido de malaconducta y vagancia. Los problemas de conducta eran mayores entre los varones, durante 1989 y1999, y cambia fuertemente al género femenino durante los años 2002 y 2004. Este último añoregistra más casos femeninos respecto a varones. Los niños entre 5 y 6 años de edad hasta los14 fluctúan en la participación de conductas desviadas. El año 1989 era del 43.1%. Baja al 32.5%en 1999, luego se equiparan con el grupo etario de 15 a 18 años el año 2002, para bajar al 16.7% el2004.73 Para los años 1989 y 199974 Para los años 2002 y 2004

La participación delictual de los y las jóvenes pertenecientes a la etnia mapuche sigue siendobastante menor que el resto de la sociedad chilena, presentando aumentos que duplican losporcentajes del año 1989 al año 2004 (11% al 20.8% respectivamente). Durante los años 1989 y1999 las faltas de conductas de los menores asociadas con el consumo de drogas y alcohol eransignificativas, alcanzando sobre el 50% del total de ellas. En esos años les seguían las asociadas acarencias y abandono. A partir del año 2002 surge una nueva clasificación asociada a problemas dedisciplina (mala conducta y desorden en la vía pública), y el año 2004 alcanzan al 75% los menorescon problemas de abandono (vagancia y abandono de hogar).Al trabajar el tema de menores infractores de ley, interesaba indagar la relación de éstasproblemáticas con la pobreza, para lo cual se asociaron las variables status socioeconómico ylugares de residencia de los niños y jóvenes, así como lugares de ocurrencia de los delitos o faltas,aspectos analizados a continuación.III. Status socioeconómico de los lugares de residencia de los menores, y de ocurrencia dedelitos o faltas, Temuco urbano, año 1989; Temuco y Padre Las Casas urbano, años 1999 y2004.Para la determinación del status socioeconómico de los años 1989 y 1999, se utilizó la estratificaciónsocioeconómica elaborada a partir de una encuesta representativa del total de viviendas aplicada elaño 1989, en la ciudad de Temuco (Lara, R., 1996). Para el año 2004, se utilizó una segunda escalade estratificación, construida sobre la base de datos censales de 1992, para Temuco y Padre LasCasas urbano (Lara, R., 2003), siendo la más actual disponible a la fecha.Cuadro 4: Status socioeconómico según lugares de residencia y ocurrencia, por tipo deproblemática, Temuco urbano, año 1989EstatussocioeconómicoLugar de Residencia del MenorProblemasDelictualesProblemasConductualesTotal%Lugar de Ocurrencia del Delito o FaltaProblemasDelictualesProblemasConductualesTotal%AltoMedio altoMedio bajoBajoTotal55269882141740887321822921571614325.121.336.337.3100.072417229214113236913218185641414243242.814.832.69.7100.0El Status Socioeconómico del lugar de residencia de los menores para 1989, indica queel 73.6% de ellos viven en áreas de status medio bajo y bajo; le siguen los de status medio alto, ysólo el 5.1% se ubica en el status alto. Los porcentaje en cambio varían inversamente en cuanto alstatus socioeconómico del lugar de ocurrencia de los delitos o faltas, representando el alto y elmedio alto un 57.6%, es decir, se cometen ilícitos en lugares de mayor riqueza. Sin embargo, un altoporcentaje de delitos o faltas se llevan a cabo en sectores medios- bajos (32.6%) y 9.7% en sectoresde niveles bajos, probablemente perpetrados por niños o jóvenes pandilleros adictos al alcohol ydrogas, quienes recurren a sus propios barrios en búsqueda de especies que hurtar o reducir.Para el año 1999, el status socioeconómico de residencia de los menores esen un 80.4% medio bajo y bajo, evidenciando un aumento respecto al año 1989. Bajan los residentesen áreas de status alto al 2.4%.En cuanto al status socioeconómico de los lugares de ocurrencia de delitos o faltas cometidos por losmenores, en un 57% es alto y medio alto, se incrementan en el status socioeconómico medio bajo a

36.5%, disminuyendo la ocurrencia en el status bajo, en relación al año 1989.Cuadro 5 : Status Socioeconómico según lugares de residencia y ocurrencia, por tipo deproblemática, Temuco y Padre Las Casas Urbano, año 1999.EstatussocioeconómicoAltoMedio altoMedio bajoBajoTotalLugar de Residencia del MenorProblemasDelictuales2299442167ProblemasConductuales413441677Total64213858244%2.417.256.623.8100.0Lugar de Ocurrencia del Delito o FaltaProblemasDelictuales6338606167ProblemasConductuales1622291077Total79608916244%32.424.636.56.5100.0La diferenciación socioeconómica aplicada el año 2004, se estratifica en seis niveles a diferencia dela escala anterior que contenía solo cuatro, permitiendo establecer mayores rangos de pobreza, aúncuando se aprecian cifras sin datos de localización. El cuadro 8, indica que los menores residen enun alto porcentaje en zonas de status medio bajo, bajo y extrema pobreza, correspondientes al 76.1,y especialmente los 124 menores que presentan problemas delictuales.Cuadro 6: Status Socioeconómico según lugares de residencia y ocurrencia, por tipo deproblemática, Temuco y Padre Las Casas Urbano, año 2004 75EstatussocioeconómicoAltoMedio altoMedioMedio bajoBajoExtremapobrezaSin datoTotalLugar de Residencia del MenorProblemasDelictuales415714117717181ProblemasConductuales3004122324Total715718129920205%3.47.33.48.862.94.49.8100.0Lugar de Ocurrencia del Delito o FaltaProblemasDelictuales69591628054181ProblemasConductuales0500201724Total691091630071205%33.74.94.47.814.60.034.6100.0En relación al status socioeconómico de lugares de ocurrencia de delitos y faltas, las cifras indicanmayor porcentaje en el alto (33.7%), el 14.6% ocurre en zonas de status bajo, lo cual permite inferirque ocurren en barrios pobres, perpetrados por niños o jóvenes con adicción a las drogas y/o alcohol,quienes carecerían de valores propios del mundo del hampa, que entre sus códigos establece norobar ni cometer ilícitos en lugares de pobreza. Por otra parte, se desvirtúa un tanto el análisis debidoa la cantidad de causas que no contienen datos referidos al lugar de ocurrencia (34.6%).IV. Interpretación de los resultados a partir de los enfoques teóricos de la geografía ecológicade la delincuencia y la sociología criminológica.Se parte del supuesto que la mayor parte de los menores provienen de espacios segregados ypobres, donde los niños no disponen de lo necesario para crecer saludables y seguros, lo cual loslleva a la vagancia y abandono del hogar. La escasez de recursos los impulsa a la mendicidad yluego continúa la escalada del delito mediante robos y hurtos. A su vez, el consumo de drogas75 Resultados preliminares de una muestra de 205 causas judiciales

estos narcóticos. Estos aspectos, forman parte del análisis teórico de la Escuela de la GeografíaEcológica de la Delincuencia y específicamente del llamado “ciclo de la pobreza y delincuencia” deDavid Herbert (1977).Los resultados obtenidos respecto al status socioeconómico de estos menores, nos permiten aceptarlos supuestos de Herbert y Johnston (1976) de la escuela señalada, donde se plantea que los delitosocurren en áreas de mayor riqueza, y los delincuentes viven en áreas de mayor pobreza,generándose una correlación inversa entre ambas variables. Lo que hemos comprobado en nuestrosestudios para otros años, (Lara, Gaete, Sandoval, 1998-99: 101-102), (Gaete, Lara, Sandoval,2000:92), (Gaete, Lara y Novoa, 2000:502).Temuco y Padre Las Casas son los centros urbanos de mayor concentración poblacional de laAraucanía, lo que los ubica según la socióloga y criminóloga chilena Doris Cooper, en áreas deocurrencia de delitos contra la propiedad, considerados modernos, con tipologías sexualesmasculinas, donde paulatinamente en el tiempo se va incorporando la delincuencia femenina, conuna baja presencia delictual de niños y jóvenes pertenecientes al mundo indígena. Estos aspectosson considerados en la Teoría del Continuo Subcultural de la Delincuencia (D. Cooper, 1990).El entorno societal de economías neoliberales, de alta concentración de riqueza en minorías ymayorías empobrecidas, junto a los problemas derivados de la globalización de las economías,expone a los más desposeídos al desempleo o subempleo. Para suplir las necesidades familiaresvitales, los niños y jóvenes son coaccionados por motivos de sobrevivencia a prácticas ilegales, aobjeto de obtener ingresos en mercados informales ilícitos. Es así como muchos de estos menoresvan formando parte encubierta de la contracultura del hampa delictual del adulto, quienes los utilizanal ser favorecidos por la actual ley chilena, la cual no penalizan a los menores de 16 años,considerando que actúan sin discernimiento.En otros casos surgen las pandillas infanto-juveniles de barrio, que delinquen para emular el statussocioeconómico de jóvenes de clase alta, considerados como grupos de referencia, de modo queroban prendas u objetos de marca, o para la ingesta de alcohol y drogas, en donde hay marcadosrasgos de “desesperanza aprendida”. Estos grupos tienen un alto grado de solidaridad entre ellos, yfuncionan como mecanismos psicológicos de apoyo afectivo, de identidad y protección mutua,expresadas como tribus urbanas de carácter contestatario a la marginalidad socioeconómica. Sonaquellos que presentan mayor grado de violencia, pues actúan en actos delictivos en estado deebriedad o drogados, premunidos con armas, atacando a sus víctimas si no reciben el botínesperado. Los jóvenes entrevistados por Cooper 76señalan que ellos han seguido una carreradelictual desde temprana edad; primero robaron para comer luego, continúan especializándose yhacen del robo un trabajo, con distintos roles laborales: asaltantes, cogoteros, monreros, lanzas,mecheros, cuenteros etc. Estos aspectos forman parte del análisis sociológicos y psicosocial de laTeoría de la Economía Informal Alternativa Ilegal (D. Cooper, 1999, 2001).V. Comentarios en torno a la nueva Ley de Responsabilidad Penal JuvenilLa realidad de niños y jóvenes infractores de ley en seis comunas de la Araucanía, focalizando losdatos a las dos comunas urbanas de mayor concentración poblacional, nos permiten aseverar queésta problemática debe ser tratada con gran rigurosidad y altura de miras, al momento de establecerlas sanciones y aplicar las penas a los menores involucrados.Es muy probable que los programas implementados por SENAME, en las comunas estudiadas,76 Delincuencia y Desviación juvenil, 2005, pp. 172-175.

hayan obtenido resultados efectivos a partir del año 1996, al comenzar a disminuir las cifras demenores con problemas conductuales y en riesgo delictual. Por otro lado, aumentan desde esafecha las conductas delictuales, como se observa en el gráfico 2 del artículo. ¿Qué sucedió con esosmenores?. Es una buena pregunta. Sólo podemos decir que los niños y jóvenes infractores de ley ycon problemas de conducta en su mayoría, se encuentran entre los pobres, al margen del sistemaeconómico, con padres y familias de bajo o ningún nivel educacional, problemas de alcoholismo ydrogadicción, de bajísimos ingresos, cesantes o trabajadores informales, con alta desorganizaciónfamiliar, viviendo en sectores de pobreza e indigencia, datos corroborados a partir del estudio de susexpedientes judiciales.La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, considera a jóvenes entre 14 y un día antes de los 18años de edad, como imputables de delitos, es decir, son responsables de actos cometidos contra lasleyes, debiendo ser sometidos a juicio. A la fecha, se les somete a pruebas de discernimiento a losmayores de 16 años, hasta antes de cumplir los 18 años, de esta forma se determina si son o noresponsables de sus actos, lo que conlleva, en caso de comprobarse tal discernimiento, a la sancióny pena aplicada.La nueva Ley 20.084 contempla dos tipos de sanciones: las privativas y las no privativas de libertad,y penas de hasta 5 años de reclusión para aquellos menores que incurran en delitos graves, en elrango de entre 14 y 15 años de edad, y penas de hasta 10 años en régimen cerrado a jóvenes entre16 y 17 años de edad. Los centros de internación o reclusión cerrados contarán con programas dereinserción social. En el caso de sanciones entre 3 y 5 años se contará con centros de internacióncerrados y semicerrados, con programas de reinserción social y en algunos casos de libertadasistida. Para las sanciones de 541 día a 3 años existirán penas aplicables diferenciadas, ya sea deinternación en régimen cerrado, semicerrado, libertad asistida y arresto de fin de semana. Hastallegar a los rangos de sanción de 1 a 60 días, con penas donde se hará prestaciones de servicios enbeneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multas y amonestaciones.Para implementar el sistema se contará con 17 centros de régimen cerrado a lo largo del país, 3 deellos en la Región Metropolitana, 2 en la I y en la X, 1 en las restantes regiones. Estos centros seránadministrados por SENAME, y custodiados por Gendarmería de Chile. A su vez, se han habilitadootros 17 centros semicerrados en distintas regiones del país. Todo esto, con el objeto de evitar laencarcelación de niños y jóvenes en cárceles de adultos.Pero, nuevamente surge la pregunta, ¿es factible que niños y jóvenes que delinquen por no tenerotra alternativa de vida, al margen del sistema socioeconómico imperante, puedan dejar la actividadilícita y logren reinsertarse en la sociedad, apoyados en una nueva ley, si es que antes no sesoluciona la verdadera raíz del problema?.Al revisar el texto de Cooper 77 , elaborado a partir de las entrevistas a 145 menores recluidos en lasección menores de las Unidades Penales de la Región Metropolitana, Quinta, Octava y NovenaRegión, se aprecian realidades similares a nuestros estudios, obtenidos del análisis de contenido delos expedientes judiciales de menores de Temuco y Padre Las Casas.Los sistemas cerrados, a los cuales se enviaría a los menores que cometan delitos graves, tienencontemplado programas de reinserción social. Es probable que funcionen, siempre que se orienten ala búsqueda de necesidades sentidas de niños y niñas, y sean percibidos como lugares de acogida,donde se preparen para un futuro que los provea de las herramientas necesarias para vivir condignidad, libres de angustias pasadas, donde delinquir forma parte de la azarosa vida cotidiana,expuestos a muy temprana edad, a los peligros que implica el bajo mundo del hampa.77 Op. Cit p. 524-525.

Referencias BibliográficasCooper, M. Doris. 1990. Teoría del Continuo Subcultural de la Delincuencia. Facultad de CienciasSociales. Universidad de Chile. Presentada en el XXII Congreso Mundial de Sociología, ISA. Madrid,España._______2001. Teoría de la Economía Informal Alternativa Ilegal. www.ulare.cl/investigación.cl_______ 2005. Delincuencia y Desviación Juvenil. LOM Ediciones. Santiago, ChileFundación Paz Ciudadana. Balance 2005. Delincuencia en Chile. Evolución y Desafíos.http://www.pazciudadana.cl/diagnosticos.phpGaete, A.; Lara, R. y Sandoval, G. 2000. Menores en Conflicto con la Justicia, enseis comunas de la Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. Aporte a la Geografía Social.Revista Geográfica de Valparaíso Nº 31. Instituto de Geografía. Facultad de Recursos Naturales.Universidad Católica de Valparaíso. Pp. 75-93.Herbert D. T. y Johnston. 1976. Processes, pattern and problems. John wiley & sons. LondonLara, M. Raquel. 1996. Diferenciación Social Intraurbana de la ciudad de Temuco y DelincuenciaInfanto-Juvenil. Tesis para optar al Grado de Magister en Geografía. Facultad de Arquitectura yUrbanismo. Departamento de Geografía. Universidad de Chile.Lara, R.; Gaete, A.; y Sandoval, G. 1989-1999. “Delincuencia Infanto-Juvenil en Temuco y PadreLas Casas urbano, años 1979-1998”. Educación y Humanidades Nº 7-8. Ediciones Universidad deLa Frontera. Temuco. Pp.85-108.Lara, R. y Gaete, A. 2000. Patrones espaciales y sociales de la Delincuencia Infanto-Juvenil en laIX Región, 1979-1998”. Anales 2000. Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. Pp.491-503.Lara, M. Raquel. 2003. “La diferenciación socioespacial de la Ciudad de Temuco, IX región de Chile.Clasificación multivariada desde el ámbito de las zonas censales”. Revista Geográfica de Valparaíso.Instituto de Geografía. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pp.117-138.

Adolescentes Infractores de Ley, Tratamiento en Drogas y Ley deResponsabilidad JuvenilResumenJennifer Conejero S. 78El presente artículo presenta una revisión bibliográfica sobre las y los jóvenes infractores de leydesde el marco del trastorno disocial, la incidencia de las drogas en las actividades delictivas,además de la ley de responsabilidad penal juvenil que contempla como sanción accesoria lainserción del joven infractor en un sistema de rehabilitación de drogas. Se presentan dos alternativasde intervención en el área. Finalmente, se ofrece una discusión respecto a la factibilidad de laimplementación de la reforma legal y los factores involucrados.IntroducciónLa preocupación de los gobiernos de los últimos años así como de diversas Organizaciones sin Finesde Lucro (OSFL), por el tema de las drogas, ha llevado a plantearlo como un problema que abarca avarios sectores de la sociedad. A nivel gubernamental, no sólo es un problema que atañe al Ministeriode Salud, perspectiva que trata el tema desde el punto de vista del consumo y la adicción, sinotambién a instituciones del ámbito de la Justicia y Seguridad Ciudadana. Mientras que en el sectorprivado, esta temática se aborda desde la educación para la prevención, en programas detratamiento y rehabilitación en centros de salud y, en el aporte económico y profesional en OSFL,entre otros.La entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, exige una reflexión sobre losadolescentes con conductas delictivas, la incidencia de las drogas en estas conductas, propuestasde intervención y conocimiento de dicha ley.Marco teóricoLa adolescencia es reconocida en el mundo occidental como una etapa del desarrollo en la cual, lapersonalidad está en proceso de formación, donde se está en transición desde el mundo infantilhacia el mundo de los adultos (Alarcón, 1997). Hoy aún se discute, si esta etapa del desarrollomantiene una evolución constante y predecible desde los años intermedios o si abruptamenteaparecen transformaciones de tal intensidad que inician una fase de crisis, inestabilidad y fragilidademocional (Crockett & Crouter, 1995; Rice, 2000).Numerosas investigaciones entregan evidencia de una mayor vulnerabilidad durante el procesoadolescente para iniciar conductas de riesgo en salud mental y adaptación social tales como:conductas disociales, violencia, consumo de drogas ilícitas y embarazo precoz (Ávila, Jiménez-Gómez & González, 1996; Florenzano, 1998; Organización Mundial de la salud [OMS],1995 citadosen Alarcón P, 2005). Estas manifestaciones son un fenómeno emergente, que amenazan laconvivencia social y disminuye en estos jóvenes las posibilidades de ajustarse psicológica ysocialmente en el futuro.78 Psicóloga Pontificia Universidad Católica. Alumna Programa de Magíster en Psicología Infanto Juvenil Universidad deChile. E-mail: jennifer.conejero@gmail.com79 Psicóloga Universidad de Concepción. Alumna Programa de Magíster en Psicología Infanto Juvenil Universidad de Chile.E-mail: psilorena@yahoo.es79

Actualmente un tema de absoluta contingencia es el significativo aumento en los trastornos deconducta, que se observan, con una aparición más temprana y en manifestaciones de mayorgravedad(Díaz, 2004. Cabe señalar que en la medida que se manifiestan más tempranamente lostrastornos disociales, se observa un peor pronóstico (Almonte, 2003).En EEUU los delitos violentos cometidos por jóvenes aumentaron un 154% en los últimos 10 años(Urra & Clemente, 1997, citado en Alarcón,P., Vinet,E.,& Salvo, S 2005). En tanto, en Chile, se haobservado un aumento de las conductas delictivas en niños y jóvenes de los diferentes sectoressocioeconómicos, viéndose en la actualidad que estas conductas ya no están circunscritas sólo alos sectores de mayor vulnerabilidad.Paz Ciudadana informó que en el país entre los años 1986 y 2002 las aprehensiones de menores de18 años en conductas delictivas crecieron en un 398% y las condenas han aumentado en un 67%,en jóvenes con edades que fluctúan entre los 16 y 18 años. Lo anterior, comparado con las tasas deadultos en el mismo tramo de años, muestra una significativa diferencia al tener un aumento de sóloun 13% (Werth & Sepúlveda, 2003). Esta realidad, es similar a las tendencias en otros países sobredesadaptación social, donde las cifras más altas de incidencia y prevalencia de la conducta delictualse alcanzan durante la adolescencia y adultez temprana, (Garrido, Stangeland & Redondo, 1999;Rutter & Giller, 1985 citado en Alarcón,P., Vinet,E.,& Salvo, S 2005).Una de las descripciones clásicas de los adolescentes infractores de ley ha sido la de Rutter y Giller(1985) quienes dividen al segmento en dos grandes grupos. El primer grupo lo conforman jóvenes,que han sido socializados con los elementos de la subcultura delictual o pandilla, aprendiendo losvalores privativos de esa cultura y realizando delitos aceptados dentro de sus grupos de referencia,sin manifestar graves trastornos psicopatológicos. El otro grupo está integrado por jóvenes que no sehan identificado aún con ningún grupo social. Estos presentan dificultades en las relacionesinterpersonales y manifiestan mayor cantidad de trastornos psicopatológicos.Farrington (1996 citado en Alarcón,P., Vinet,E.,& Salvo, S 2005) reorganiza los procesos y factoresque inciden en el desarrollo de tendencias antisociales en niños y jóvenes de acuerdo a la interacciónde tres dimensiones: a) grado de tendencia antisocial, b) decisión de cometer el delito, y c) inicio,persistencia y el desistir de la conducta delictual. Esta propuesta abre el espacio para reflexionaracerca del impacto de las variables psicológicas en estas tres dimensiones que intervienen en elfenómeno delictivo, y permite cuestionarse acerca de los criterios clínicos con los que cuenta lapsicología clínica y la psiquiatría para explicar o describir el comportamiento delictivo. Desde estasorientaciones los criterios diagnósticos más usados para describir trastornos de conductas graves enla niñez y adolescencia son: el trastorno Negativista Desafiante y el Trastorno Disocial, este último esel que se ha asociado a la conducta delictual, de acuerdo a los criterios utilizados en el DSM IV(American Psychiatric Association [APA], 1997). El trastorno disocial es un patrón de comportamientopersistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros o importantes normassociales adecuadas a la edad del sujeto. Estos comportamientos se dividen en cuatro grupos:comportamiento agresivo que causa daño físico o amenaza con él a otras personas o animales,comportamiento no agresivo, que causa pérdidas o daños a la propiedad, fraudes o robos yviolaciones graves de las normas. Estas conductas deben haber aparecido durante los últimos 12meses y, por lo menos, un comportamiento se habrá mantenido durante los últimos 6 meses. Eltrastorno del comportamiento provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social,académica o laboral, pudiendo presentarse en distintos contextos como el hogar, la escuela o lacomunidad (op. cit.)

65Trastorno disocial y consumo de drogasMás del 60% de los adolescentes con TD presentan algún tipo de abuso o dependencia a alcohol ydrogas. (Kaminer Y., 1999). Phil (1997), propone cuatro explicaciones para la relación entre conductadelictiva y el consumo de drogas, (a) un crimen violento es un camino “fácil” para conseguir la droga;(b) la violencia física puede ser una condición general para resolver las disputas entre quienesdistribuyen las drogas; (c) el uso de sustancias y la conducta iracunda parecen tener causassimilares y, por lo tanto, ambos factores pueden concurrir en determinados sujetos y, (d) ciertassustancias incrementan la probabilidad de presentar conducta violenta, debido a sus característicasquímicas.En Chile, el comportamiento delictivo y abuso de sustancias tendería a co-ocurrir (Paz Ciudadana,2006). En este sentido, se ha afirmado que los factores de riesgo que anteceden al abuso desustancias y al comportamiento delictivo son similares. Del mismo modo, se confirma que ambosfenómenos pueden influirse bidireccionalmente, es decir, el incurrir en comportamiento delictivopuede predisponer al abuso de sustancias o viceversa (Hein, 2003).El alcohol ha sido señalado como el tipo de droga con mayor asociación con la conducta violenta,porte de armas y peleas físicas (Dukarm, Byrd, Auinger, & Weitzman, 1996; DuRant, Krowchuk,Kreiter, Sinal, & Woods, 1999, citado en Barnes, G., Welte, J., Hoffman, J. 2002). Se suma a estoque el consumo de alcohol a temprana edades un factor de riesgo para una adultez con adiccionesalcohólicas y personalidad antisocial (Barnes, G., Welte, J., Hoffman, J. 2002). Según De la PeñaOlivera (2003), al menos el 62% de los criminales violentos consumieron productos etílicos antes dellevar acabo el delito por el que fueron arrestados. Por otra parte, la edad de inicio del consumo dealcohol está relacionada consistentemente con el uso de drogas ilícitas, en muchos casos siendo lapuerta de entrada para este tipo de consumo (Kandel, 1975; Welte & Barnes, 1985, Windle, Barnes,& Welte, 1989 citado en Barnes, G., Welte, J., Hoffman, J. 2002).Los inhalantes y la PBC (pasta base de cocaína) “fomentan las conductas agresivas, de mayordesinhibición y reacciones esperadas por conseguir drogas” (CONACE, 2004), y tienen unaprevalencia similar de un 6,2% en la población de niños y adolescentes entre 8° año básico y 4° añomedio (CONACE, 2006). Al respecto los inhalantes más utilizados en Chile son la parafina, bencina,lacas, aerosoles, colas y pinturas, disolventes y pegamentos (CONACE, 2007), probablementeporque son de fácil acceso para niños y jóvenes de estratos socioeconómicos más desfavorecidos.A nivel biológico tienen efectos devastadores tales como daño renal, hepático y neurológico (op.cit.)y, a nivel psicoafectivo, estos jóvenes tendrían una autoestima notablemente disminuida, ideación eintentos suicidas más frecuentes y niveles de criminalidad más altos que sus pares que no utilizabanestas sustancias (Howard and Jonson 1999, citado en Barnes, G., Welte, J., Hoffman, J. 2002.).Respecto a otras drogas como cocaína y marihuana no se han encontrado evidencias concluyentesde asociación directa entre el consumo y la conducta delictiva.En relación al acercamiento de los jóvenes infractores de ley al mundo de las drogas ilícitas,CONACE (2004) señala que las y los jóvenes infractores de ley tienen contacto con grupos detraficantes, lo que da lugar a relaciones con lo ilícito, “códigos éticos alternativos y resolucióninadecuada de conflictos”.Respecto al consumo, se combinan en gran proporción con alcohol y tabaco. Los altos niveles deansiedad son predictivos del uso de sustancias volátiles y, tienen una alta puntuación en la conductadelictiva, así como de aspiraciones educacionales bajas. Los jóvenes la utilizan en muchos casospara paliar síntomas depresivos y otros problemas de conducta (estos grupos han constatado

66síntomas depresivos en mayor cantidad que sus pares consumidores de otras sustancias), ademáshan dado cuenta que tienen condiciones de vida empobrecidas, ansiedad y depresión (Smart, 1986),quienes ya los consumen reportan sentimientos de soledad, desvalorización y desesperanza sobreel futuro, además de pensamientos suicidas.Género, edad de inicio de consumo, drogas y conductas delictivas.En relación al género, los hombres tienen más prevalencia en la conducta delictiva que las mujeresy consistentemente muestran más consumo de drogas ilícitas. El peak de conductas delictivas se daentre la adolescencia media y la adolescencia tardía y, declina posteriormente al igual que elconsumo de alcohol y drogas (Barnes, G., Welte, J., Hoffman, J. 2002).Dentro de los factores protectores, se encuentra el vivir con ambos padres y en zonas rurales, dondeel consumo de drogas y la delincuencia serían menores. Por otra parte, los varones que en laadolescencia temprana presentan conductas disociales, tenderían a consumir drogas en laadolescencia tardía (op. cit.). En esta misma línea, la mayoría de los hombres y mujeresencarcelados por delitos juveniles reportaron haber tenido un inicio temprano en el consumo dealcohol y drogas ilícitas (Prinz & Kers, 2003), por lo tanto, se podría señalar que quienes comienzana consumir alcohol y drogas a menor edad pertenecen a una población con alto riesgo de desarrollarconductas delictivas y abuso de sustancias.Stice, Myers and Brown (citado en Printz & Kers, 2003) encontraron que el grado de delincuencia fuepredictivo de niveles de consumo problemático de múltiples drogas. La marihuana utilizada antes delos 16 años fue relacionada no sólo con el abuso posterior de otras sustancias, sino también conjóvenes infractores de ley y otros resultados problemáticos. En cuanto a la asociación del tipo desustancia consumida y el delito cometido Farrington & Haekins (1996), señalan que alcohol tiene larelación más fuerte con los crímenes violentos y serios daños a la propiedad, mientras que lamarihuana está implicada en violencia de pandillas.Ley de Responsabilidad Penal JuvenilLa ley de Responsabilidad Penal Juvenil fue promulgada el 28 de noviembre del año 2005. En sucreación se da énfasis a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ésta está inserta enun sistema especializado en materia de Responsabilidad Penal Juvenil, que pone fin al trámite deDiscernimiento. Su objetivo es “mejorar la eficiencia en la persecución del delito, brindar efectivaprotección a las víctimas y garantizar el debido proceso” (Ministerio de Justicia, 2005). Para esto secontempla que en la Fiscalía Nacional, haya una Unidad a cargo de estos jóvenes y la posibilidad delicitar especialistas en la Defensoría Penal. También, cambia la modalidad de sanciones, dando pasoa dos categorías:No privativas de libertad: de administración del Servicio Nacional de Menores y de las InstitucionesColaboradoras de éste. Dentro de éstas se encuentran: Libertad asistida especial; Libertad asistida;Prestación de servicios en beneficio de la comunidad, y Reparación del daño causado, Multa, yAmonestación.Privativas de libertad: de administración de SENAME, con seguridad de Gendarmería, perollevadas a cabo en cárceles excluyendo a imputados adultos. Además, se agregan penas accesorias,tales como la prohibición de conducir vehículos motorizados y, de particular importancia, la obligaciónde tratamiento de rehabilitación de drogas o alcohol, la cual se debe llevar a cabo en organismossupervisados por SENAME y CONACE.

67Tipos de tratamiento para jóvenes infractores de Ley con Consumo de SustanciasPrograma de Libertad Asistida (PLA)Desde los planteamientos de Milan (s/f), la atención de jóvenes por consumo de sustancias tóxicasha sido parte del trabajo que el Programa Libertad Asistida ha realizado desde sus inicios, conadolescentes derivados por Tribunales de Menores al Programa de atención en el medio libre. Loscasos del Programa tienen entre 12 y 18 años de edad, correspondiendo plenamente a su períodoadolescente del desarrollo.Para determinar la prevalencia de consumo de sustancias, se considera el consumo habitualde tóxicos desde 4 ó más veces en el mes, hasta el consumo diario, con o sin intoxicación informadopor el mismo joven, su adulto responsable, los informes técnicos del expediente judicial, y laobservación realizada por el delegado el período inicial de atención del caso. En general,conjuntamente con la presencia del consumo, se define en la conversación con los involucrados quede algún modo este consumo constituye un problema.En el PLA no se habla de “adicción”, sino que de “consumo” de sustancias. Ello, porque en suexperiencia con niños y jóvenes no se ha observado la presencia de los indicadores que definen unaadicción, fundamentalmente, el síndrome de abstinencia, lo que hace pensar que hablar de adicciónpuede ser más apropiado en adultos que en menores de edad, por lo mismo, no se habla de“drogadictos”.El objetivo de PLA es generar procesos de conversación (incluidas aquí las acciones) en los cualesla necesidad de consumo vaya en disminución gradual, junto con la conducta concreta de consumo,en paralelo con un aumento del sentimiento de poder abordar mejor las dificultades de la vidacotidiana, prescindiendo de alterar artificialmente la propia conciencia con sustancias.Se apunta a la idea del consumo responsable pues desde su enfoque técnico se consideran comomuy relevantes las competencias del propio sujeto para hacerse cargo de sí mismo, e ir evaluandolas necesidades y los cambios en su proceso vital. Trabajar con esta visión tiene un impacto positivoen el desarrollo de la conducta responsable, de autocuidado y de cuidado de los demás. Ver lascompetencias del sujeto es una opción técnica con consecuencias en el operar en los procesos derehabilitación de cada caso. De allí la consideración de “consumo regulado o responsable”.Al intervenir se sugiere (Olivan, 2002) tener en consideración que la mayoría de los problemas desalud manifiestan la desestructuración familiar y del entorno psicosocial; un cúmulo deexperiencias de maltratos físicos, sexuales, emocionales y/o prenatales;habiendo estado siempre inserto en un clima de violencia, drogas y/o negligencia parental; ademásde una dieta y hábitos alimentarios incorrectos; y la carencia de una atención sistemática de la salud,debido a un bajo nivel socioeconómico y cultural y/o a una negligencia parental o individual.Por lo tanto el ingreso y permanencia en un centro de rehabilitación puede generar la emergencia deproblemas de salud mental, o acentuar los trastornos psicopatológicos preexistentes. En algunoscasos esto se debe al temor, angustia y/o incertidumbre que les produce su situación jurídica y/o lassingularidades del sistema de funcionamiento del centro. Además, el hecho de vivir en comunidad enuna institución puede facilitar la aparición de problemas de salud física (op. cit.)El objetivo de ingresar a un joven que delinque en estos centros es su reeducación, rehabilitación yreinserción social. Es por esto que mientras el adolescente esté internado se debe cuidar tanto susalud física como mental.

68El cuidado de la salud mental de estos menores debe ser realizado por médicos psiquiatras ypsicólogos especializados en salud mental del adolescente. En su ingreso debiera ser recibido porestos profesionales o si no es posible, la primera evaluación puede ser realizada por un pediatra omédico de atención primaria especialista en salud mental del adolescente y deben incluir: unaevaluación de la salud mental en las primeras 24-72 h del ingreso para detectar la presencia de unsíndrome de abstinencia, enfermedades psiquiátricas agudas o crónicas descompensadas,trastornos emocionales, comportamientos violentos, depresión y riesgo de suicidio, y para evaluar lanecesidad de iniciar y/o continuar tratamientos psicofarmacológicos (op.cit.). Posteriormente sedebe realizar la historia psiquiátrica completa que incluya un examenneuropsiquiátrico, psicológico y psicofarmacológico y una investigación del historial de abuso desustancias. En función de esto, el psiquiatra puede solicitar pruebas complementarias de laboratorioy protocolizar pautas conductuales y socioeducacionales y los tratamientos psicofarmacológicos queproceda.Durante su permanencia en el centro se deben evaluar las habilidades cognoscitivas, detectar lasdiscapacidades para el aprendizaje específico y recibir evaluación y prescripciones psicológicas.Cuando corresponda, se programarán controles psiquiátricos y/o psicológicos periódicos, serealizarán programas de desintoxicación/deshabituación para tabaco, alcohol y drogas, se tomaránmedidas preventivas de suicidio y se analizarán las pautas para modificar la conducta y reducir laagresividad.Terapia Sistémica MultimodalSi bien se han señalado diferentes tipos de estrategias de intervención en adolescentes infractoresde ley que presentan consumo de drogas, uno de los más recomendados en la literatura es el modelode Terapia Multisistémica propuesto por Henggeler (2002). Tiene como base el modelo ecológico deBrofenbrenner, siendo foco de atención los problemas de la familia, los pares, la escuela y las redessociales en torno al adolescente. Se interviene en base a lo pragmático y a lo focalizado e incluyenmodelos de terapia familiar clásicos como los de Haley (estratégico) y Minuchin (estructural),sumado a terapias de tipo cognitivo conductual como Kendall y Braswell (citado en Henggeler, 2002)y farmacológicas. En estas áreas se trabaja fomentando las redes de apoyo y disminuyendo elcontacto con los grupos de ponen al adolescente en riesgo.Es un tratamiento con una duración de 4 a 6 meses, que requiere un profesional que esté disponiblelas 24 horas del día, más un equipo de apoyo multidisciplinario supervisado por un psicólogo opsiquiatra. El terapeuta ayuda a la familia a dar los refuerzos positivos y castigos adecuados, ademásde interceptar las dificultades que tenga la familia para adherir al tratamiento.En estudios longitudinales en base a autorreportes de este tipo de terapia, se ha vistoque se obtienen resultados favorables en la disminución de la conductacriminal, sin embargo no se ha evaluado la relación con el tipo de delitos cometidos. En relación alabuso de sustancias, se ha demostrado una reducción estadísticamente significativa en cuanto alconsumo de marihuana, no así en el de cocaína (op. cit.). En adición a esto, CONACE (2006) planteaque este tipo de tratamiento tiene un impacto social al reducir los encarcelamientos y la separaciónde las y los jóvenes de sus hogares de origen.DiscusiónLos niños y adolescentes en riesgo social, como su nombre lo plantea, son grupos tremendamentevulnerables frente a la delincuencia y al consumo de alcohol y drogas ilícitas, lo cual no sólo conlleva

69un daño para el sujeto que abusa de sustancias y / o delinque, sino que puede dañar a su entornocercano, a su comunidad y a la sociedad, generando un gasto para el país en seguridad social, enrehabilitación y reinserción. Dicho de otro modo, esta temática afecta desde la individualidad – y porende dignidad – de un sujeto hasta aspectos políticos y económicos de un país, razón por la cual esimprescindible evaluar de manera adecuada cómo se llevaran a cabo estos procesos.La implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil pretende no sólo sancionar a losjóvenes que delinquen, sino también darles una oportunidad de rehabilitarse y de insertarse en lasociedad. Sin embargo, surgen interrogantes con respecto a los recursos que se utilizarán los actoressociales involucrados para conseguir este fin. ¿Cuántos interventores sociales estarán disponibleslas 24 horas del día para asistir al joven o cuántos profesionales estarán considerados como apoyo aesta rehabilitación y proceso de reinserción?, son sólo algunas de las preguntas que vienen acolación. Esto, teniendo en cuenta que los modelos de intervención presentados, proponen laparticipación no sólo de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales, sino también depsicopedagogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, quienes en su mayoría no prestan servicioen los recintos de salud pública.En la misma línea, la Reforma Procesal Penal plantea que los centros encargados de larehabilitación del joven infractor estarán a cargo del Servicio Nacional de Menores y del ConsejoNacional de Control de Estupefacientes, pero en el nivel terapéutico, también se plantea que lareinserción debe considerar aspectos educativos y laborales. Entonces la pregunta pasa a ser,¿Quién se hará cargo de esta área? ¿Se incluirá al Ministerio de Educación? ¿Se creará unprograma educativo alternativo?. La pregunta por la educación no es menor si se considera quepara lograr la reinserción social, resulta imprescindible dar educación de calidad para poder accedera mejores oportunidades laborales; en este momento en que el sistema educacional público ysubvencionado es cuestionado y está en proceso de modificaciones, pareciera ser la oportunidadpara evaluarlo también en el contexto de la rehabilitación.Se suma a esto, la pregunta por el tratamiento a nivel familiar y las estrategias alternativas deintervención individual en las situaciones en que el grupo familiar no sea una red de apoyo para larehabilitación del joven o de la joven que delinque.Por otra parte y, a nivel teórico, implementar programas requiere estudiar a la población a interveniren el contexto real en que se trabajará. La revisión de la bibliografía existente muestra un vacío enesta área, razón por la cual son escasos los planes de intervención diseñados especialmente paraellos. Lo mismo sucede con el tema de género, tan en boga en los últimos años, ya que parecierano existir información sobre la conducta delictiva y el consumo de alcohol ydrogas ilícitas diferenciado por sexo, lo cual nuevamente repercute en la intervención que resulta serla misma para ambos sexos, aún cuando resulte ingenuo pensar que los problemas psicosocialesson iguales para hombre y para mujeres.A raíz de la implementación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y a las críticas quese puedan formular sobre los programas propuestos, surge la reflexión en torno a la responsabilidadque compete a todos los que están insertos en la sociedad para fomentar la rehabilitación y lareinserción social de estos jóvenes, una responsabilidad que no se relaciona con el paternalismo,sino con las oportunidades.Dada la complejidad de factores que rodean a un joven infractor de ley que consume alcohol ydrogas ilícitas, la superación del problema no parece ser sólo tarea del gobierno, aún cuando peseen éste una gran responsabilidad para brindar intervenciones adecuadas, sino de todas las personasque conforman la sociedad. Habrá que esperar para evaluar como enfrenta el Estado esta

70problemática y como responde el resto de la sociedad.Referencias BibliográficasAlarcón,P., Vinet,E.,& Salvo, S. 2005. Estilos de personalidad y desadaptación social durante laadolescencia. Psykhe, 14 (1), 3 –16.Almonte C., Montt M.& Correa A. 2003. Psicopatología Infantil y de la adolescencia. Ed.Mediterráneo. Santiago.American Psychiatric Association. 1997. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornosmentales: DSM-IV. Barcelona: Masson.Barnes, G., Welte, J., Hoffman, J. 2002. Relationship of alcohol use to deliquency and illicit druguse in adolescents: gender, age, and racial/ethnic differences. Journal of Drug Issues 32.Consejo Nacional De Control De Estupefacientes, Conace. 2004. Drogas:Tratamiento y rehabilitación de Niños, Niñas Y Adolescentes: Orientaciones Técnicas Para ElTratamiento Y Rehabilitación Del Consumo Problemático De Sustancias En Población De Niños,Niñas Y Adolescentes Desde Una Mirada Comprensiva Evolutiva. Disponible on line: www.conace.clConsejo Nacional De Control De Estupefacientes, Conace.2006. Sexto estudio nacional de drogas en población escolar de Chile, 2005. 8° básico a 4° medio.Disponible en: www.conacedrogas.clConsejo Nacional De Control De Estupefacientes, Conace. 2007. Ficha de Drogas. Inhalables.Disponible en: www.conacedrogas.cl/inicio/todo_fichas.php?id_ficha=29De la Barra, F., Toledo, V., & Rodríguez, J. 2003. Estudio de Salud Mental en dos Cohortes deniños escolares de Santiago Occidente. III: predoctores tempranos de problemas conductuales ycognitivos. Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 41(1), 65-74.De la Peña, F. 2003. Tratamiento Multisistémico en Adolescentes con Trastorno Disocial.Salud Publica de Mexico, 45, 124-131.Díaz, J., De la Peña, F., Súarez, J. & Cruz, L. 2004. Perspectiva actual de la violenciajuvenil. Med Unab, 6(20), 115-124.Hein, A. 2003. Factores de Riesgo y Delincuencia Juvenil: Revisión de la Literatura Nacional eInternacional. Santiago: Paz Ciudadana.Henggeler, S. 2002. Four-year follow-up of multisystemic therapy with substance-abusing andsubstance-dependent juvenile offenders.(Statistical Data Included). Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescent Psychiatry.Kaminer, Y. 1999. Addictive dissorders in Adolescents. Psychiatric Cli North Am 22,275-288.Milan, A (s/a) Metodología de atención en adolescentes con consumo de sustancias.Santiago.

71Ministerio De Justicia. 2005. Congreso Despachó a Ley Proyecto de Responsabilidad Penal Juvenilwww.minjusticia.cl [Extraído: 11/11/2006].Olivan,G. 2002. Adolescentes delincuentes: problemas de salud yrecomendaciones sanitarias para centros de reforma juvenil, An ESp Pediatría 57(4) 345-353.Paz Ciudadana. 2006. Drogas en Chile: diagnóstico y políticas. SantiagoPhil R. 1997. Clinical Correlates and Predictores of violence in patients with substance use disorders.Psychiatric Annals(27), 735-740.Prinz, R. & Kerns, M. 2003. Early Substance Use by Juvenile Offenders. Child Psychiatry andHuman Development, Vol. 33.Servicio Nacional De Menores, Sename. 2006. Responsabilidad juvenil.www.sename.clVan T. Bui, Khanh, Ellickson, Phyllis L., Bell, Robert M. 2000. Cross lagged relationshipsamong adolescent problem drug use, delinquent behavior, and emotional distress. Journal ofDrug Issues 30.Werth, F. & Sepúlveda, M. 2003. Delincuencia juvenil en Chile: Tendencias y desafíos. Documentopresentado en Seminario "Gobierno local y Prevención en Seguridad Ciudadana". Santiago: PazCiudadana.

72Normas de PublicaciónLa revista del Observatorio de Juventud es una publicación trimestral editada por el Instituto Nacionalde la Juventud, INJUV.El objetivo de la revista es la discusión s obre las condiciones, calidad de vida, subjetividad yperspectiva de derecho de los y las jóvenes chilenos, así como la profundización y la difusión de laspolíticas e intervenciones sociales dirigidos a este sujeto social. En términos generales, la revistaanaliza temáticamente algún área, aspecto o dimensión de la vida juvenil que está presente en laagenda pública sobre juventud, proponiendo una lógica de discusión permanente frente al tema. Deeste modo, la publicación plantea desafíos y dilemas de la política pública haciendo hincapié enperspectivas futuras relacionadas con la realidad juvenil.Es una publicación dirigida a académicos, investigadores, servicios públicos, alumnos y público engeneral.Los artículos a publicar deben tener una extensión de 10 páginas como máximo, incluyendoreferencias bibliográficas y resumen en español.Las contribuciones a la revista deben ser escritas a espacio simple, en hoja tamaño carta, en caracteres Times New Roman, tamaño 12. En estos debe consignarse:a) Título del trabajob) Nombre del autorc) Especialidad, institución a que pertenece y correo electrónico en pie de páginad) resumen o abstract1.1 Citas y referencias bibliográficas. Las citas de referencia en el texto y la lista final de referenciasse deben presentar según formato de American Psychological Association (A.P.A.) oVancouver si se quiere:a) Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa se incluye solamente el año de publicacióndel artículo entre paréntesisEjemplo: Habermas (2000) estudió las relaciones entre…b) Cuando el apellido y la fecha de publicación no forman parte de la narrativadel texto, se incluyen entre paréntesis ambos elementos, separados por una coma.Ejemplo: El estudio de las relaciones entre política y lenguaje (Habermas, 2000) abrió una nuevaperspectiva…c) Cuando tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración no se usa paréntesis.Ejemplo: En el 2000 Habermas estudió las relaciones entre Estado y globalización…d) Si hay más de una obra/artículo de un solo autor aparecido el mismo año, se citará con una letrasecuencia seguida al año.Ejemplo: (Habermas, 2000a, Habermas 2000b, etc)Las referencias bibliográficas en lista final deben disponerse en orden alfabético y año de publicación:

73REVISTAS: Apellido de cada autor, nombre o nombres, año de publicación, título de trabajo(entre comillas), nombre de la revista (en itálicas o subrayado), el volumen, página inicial-página finaldel artículo.Ejemplo: Habermas, Jürgen. 2000. “Política y globalización”, en Teoría social 82, pp. 11-21.LIBROS: Apellido de cada autor, nombre o nombres, año de publicación, título del libro (en itálicas osubrayado), edición, volumen, capítulo y/o páginas, ciudad y país donde fue publicado, nombre de laeditorial.Ejemplo: Habermas, Jürgen. 1993. El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus.Todas las citas en el trabajo deben aparecer en la lista final de referencias y todas éstas deben sercitadas en el texto.2. Orden de publicación de trabajos. El orden de publicación de los artículos quedará a criterio deleditor.3. Dirección de los envíos. Los interesados en publicar en esta revista enviarán sus trabajos atleibovitz@injuv.gob.cl.