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Lamentablemente, la evaluación posterior resulta bastante más compleja, en razón de que en loscuatro años transcurridos entre 1998 y la presentación del Proyecto de Ley en agosto de 2002, yluego en los tres años de tramitación de esta iniciativa hasta que fue promulgada y publicada a finesdel 2005, una serie de transformaciones afectaron el modelo original, al punto de hacerloirreconocible. Dichas transformaciones, efectuadas en el explosivo contexto del neoliberalismoeconómico, mezclado con un populismo punitivo, no sólo afectaron el objetivo de adecuarse la CDN,incorporando con cada vez mayor peso específico el de “asumir una activa acción contra el delito”, através de “la adecuada sanción de cada uno de los ilícitos que afecten a nuestra tranquilidad” 38 .Además de redundar en una mayor dureza del sistema, estas transformaciones lograron en definitivarealizar una operación sumamente compleja, por la cual el impulso reformador emanado del discursode los “derechos humanos de la infancia” sirve de respaldo legitimador de una modernización delsistema penal que cambia muchas cosas, sin cuestionar nunca los rasgos esenciales de laintervención punitiva, para cumplir con la obligación de estructurar lo que formalmente es un “nuevosistema”, pero calcado a imagen y semejanza del derecho penal de adultos 39 .Llegados a este punto del análisis, una breve mirada crítica a las formas que hasta ahora hanrevestido en Chile las respuestas institucionales a la llamada “delincuencia juvenil” o de menores deedad, nos permite apreciar que éstas han sufrido ya antes muchas variaciones o “rupturas”, porsobre un continuo de control y disciplinamiento social, superponiendo formas nuevas a otras previasque permanecen 40 .Esta perspectiva histórica nos permite situar adecuadamente la Ley 20.084 y el nuevo sistema deRPA, dentro del continuo de formas en que el sistema de control social se expresa y adaptaen relación a sus destinatarios niños y adolescentes. En esta perspectiva, la relación entre “penas” e“infancia” ni siquiera es una novedad de esta Ley, que más bien viene a reorganizarla.Lo central que debiera ser dilucidado entonces, es si el régimen que la Ley 20.084 crea es unsistema de derecho penal de adolescentes, o si más bien se trata de una versión renovada delmodelo de “derecho penal atenuado”, es decir, aplicación del derecho penal de adultos, pero conciertas salvedades 41 . Hasta ahora, tan sólo podemos abordar este problema con base en el texto dela Ley. Asumimos, sin embargo, que será más bien la forma en que en concreto este texto seaplique, y los cambios que en definitiva sufran los procesos de criminalización (abierta y encubierta)de los menores de edad, los elementos que permitirán un juicio más acabado 42 ..38 Como el Mensaje se preocupa de señalar expresamente.39 Un proceso así podría ser visto como la expresión puntual de una tendencia propia del sistema penal capitalista que, comodestaca Pavarini (2002), se ha construido en base a una doble necesidad: criticar formas previas de penalidad, atendiendo ala vez a las nuevas necesidades del control social. Para el análisis de las transformaciones que operan en el capitalismoactual, “postfordista”, se recomienda acudir al excelente trabajo de De Giorgi (2006).40 Sincrónicamente este proceso se ha manifestado como una evolución desde el reconocimiento legal del castigo en manosdel padre de familia y la aplicación a cierta cantidad de niños de un derecho penal atenuado, a la intromisión del Estado através de un poder disciplinario específico mediante el derecho tutelar de menores. Sin embargo, al observar dichas formassucesivas de control social de las personas menores de edad en Chile, nos encontramos con que en vez de haberseproducido un desplazamiento total de unas por otras, lo que ha ocurrido es que el sistema de control se ha desplegadosimultáneamente a través de todas ellas, llegando así en diversas formas y grados de intensidad a distintos segmentos de lainfancia y adolescencia, de una manera que recuerda lo que en el contexto francés Donzelot (1990) ha denominado como“complejo tutelar”, y que en nuestro caso abarcaría desde el poder punitivo doméstico (que subsiste en el actual artículo 234del Código Civil como derecho del padre a la “corrección” de los hijos, “cuidando que ello no menoscabe su salud ni sudesarrollo personal”) hasta los casos en que los adolescentes declarados con discernimiento son juzgados a efectos penalesderechamente como adultos, pasando por las facultades de intervención tutelar-represiva que han subsistido pese a lasmodificaciones que se han a La Ley de Menores, y que se entregan hoy en día a los Tribunales de familia, sin edad mínima.41El que usemos la expresión “derecho penal atenuado” no nos impide estar alertas frente a posibilidades de que en algunoscasos los niños puedan ser sometidos a formas de criminalización que los dejen incluso en peor pie en comparación a losadultos.42 En el análisis de la Ley, seguimos de cerca lo señalado en el Informe Alternativo presentado al Comité de Derechos delNiño por Corporación Opción y la Organización Mundial Contra la Tortura, disponible en www.omct.org y www.opcion.cl