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programas de reinserción social de calidad corren el riesgo de transformarlos en verdaderascondenas privativas de libertad que no tan sólo no irrogarían ningún beneficio para el infractor, sinoque además acarrearían los lamentables efectos criminógenos que las penas de encierro conllevan.3º Regla general en materia de sanciones. En el artículo 26 de la ley se señala que la medida deprivación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso. Sin embargo, se ha criticado elque ésta que parece ser la regla general no es tan cierta. Ocurre que cada vez que un adolescentecomete un hecho de tal gravedad que revista el carácter de crimen, se hará acreedor de la medidade Internación ya sea en régimen cerrado o semicerrado. Sin embargo, la ley no faculta al juez paraaplicar una medida menos gravosa si la conducta realizada (una vez rebajada en un grado delmínimo señalado en la ley) sea la correspondiente a un crimen. Dicho de otra forma, tratándose depenas de crimen, por regla general, se le aplicará una pena restrictiva de libertad sin posibilidad deuna medida sancionatoria alternativa de menor entidad, razón por la cual cobra gran importancia elque los regímenes de internación posean programas de reinserción social de calidad.4º Respecto a la internación provisoria. Se encuentra reglamentada en el artículo 32° de la ley deRPA. Se ha criticado pues podrían existir problemas de interpretación respecto de la frase“imputación de crímenes”. Es decir, respecto a aquellos delitos que tengan pena asignada en elCódigo Penal mayor a 5 años y un día de privación de libertad.La ley establece expresamente en su artículo 21° que “Para efectos de la presente ley, seentenderá que la pena asignada al delito cometido por un adolescente es la inferior en un grado almínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente”. En este sentido y teniendopresente dicha norma, cuando hablemos de crímenes respecto a los adolescentes hay que atendera este criterio y en atención a la rebaja que por ley se establece, determinar posteriormente siestamos frente a un crimen o ante un simple delito y ver si es o no procedente la internaciónprovisoria. Desde el punto de vista del deber – a nuestro juicio- ésta es la posición correcta.Sin embargo, quienes se manifiestan en contra de esta interpretación sostienen que ciertos delitosque pueden ser considerados de relevancia, no quedan comprendidos dentro de este espectro ocatálogo de crímenes y de esta manera, no procedería respecto a ellos la internación provisoria delmenor, quedando éstos en libertad durante el período de investigación, con los consecuencialesriesgos no tan sólo para el adolescente sino que para la comunidad toda.5º. Periodo de investigación. Otra crítica que se ha formulado es la relativa al período de duraciónde la investigación que sería de seis meses. El fundamento para señalar esto lo encontramos en quela nueva normativa no se ajustaría al parámetro internacional. La idea inicial siempre estuvo centradaen establecer un proceso de fácil terminación. Es decir, el proceso partía del supuesto que la etapade investigación era excepcional y que una vez concedida otorgaba cierto plazo breve al fiscal parallevarla a cabo. Sin embargo, la nueva ley- finalmente- en su artículo 38 resolvió que el plazo de lainvestigación podrá ser hasta por un período de seis meses, pudiendo incluso ampliarse hasta pordos meses más. Ahora bien, si a esto le agregamos el período de realización del Juicio Oral, pareceun exceso desde el punto de vista de las garantías individuales para los adolescentes imputados quedurante este periodo podrían incluso estar privados de libertad.Conclusión finalA nuestro juicio, si bien la nueva normativa adolece de algunas deficiencias o imprecisiones, sinlugar a dudas no sólo constituye un avance legislativo respecto del existente en nuestra legislaciónantes de la entrada en vigencia de la ley Nº 20084, sino que a la luz de las características analizadaspodemos concluir que nuestra legislación sí ajustó la normativa a los parámetros y directrices