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En el nuevo modelo, dicha gravedad se determina de acuerdo a las penas aplicables en las normaspenales de adultos, determinándose primero la cantidad abstracta de pena aplicable, para en base aello determinar el tipo específico de pena a aplicar en definitiva (es decir, primero se sabe el “cuanto”,y después el “de qué”). Tan sólo después de eso se considerarán cuestiones centrales que en elsistema original debían guiar fundadamente la decisión judicial, y que en el sistema de la Ley no sóloresultan redundantes sino que sirven tan sólo para determinar la sanción aplicable dentro de lasopciones restringidas a que conducen las reglas de los artículos 21, 22 y 23.Se discute si es que la rebaja de un grado contemplada en el artículo 21 es la pena abstracta oconcreta, y en virtud de ello, no resulta claro si cuando la Ley se refiere a “crímenes” y “penas decrimen” debemos entender que se trata de lo que para adultos es tal, o a ese rango, pero una vezaplicada la rebaja pertinente. En concreto, el problema tiene importantes implicancias, como porejemplo a efectos de la procedencia de la medida cautelar de internación provisoria, que de acuerdoal artículo 32 es aplicable sólo frente a la imputación de crímenes. Así, no se sabe si lo que seentiende como crimen para un adulto (desde los cinco años y un día) debe seguir siendoconsiderado crimen una vez rebajada esa pena al grado que va entre los tresaños y un día y cinco años (es decir, la Regla 2 del artículo 23), o, por el contrario, debe entenderseque aplicado el artículo 21 el hecho imputado deja de ser crimen y por lo t anto pasa a ser inaplicabledicha medida cautelar. Considerando que de acuerdo a esta Ley la internación provisoria puede durarlo que dure el juicio (y la fase de investigación, de acuerdo al artículo 38, puede durar hasta seismeses, prorrogables por otros dos),resulta evidente que el problema es de la más alta relevancia,pues de la manera en que se interpretela Ley, dependerá en definitiva si los niveles de privación delibertad son contenidos, reducidos, o, por el contrario, incrementados.La misma discusión sobre la rebaja de un grado contemplada en el artículo 21, tiene efectos tancruciales como la determinación del tipo de causas que conocerá el nuevo sistema, puesto que talcomo algunos “crímenes” se convierten en “simples delitos” por aplicación de dicha norma, muchos“simples delitos” pasan a ser “faltas”, y como ya se ha señalado, sólo las faltas expresamenteseñaladas en el artículo 1 entran a este sistema, y el resto son de competencia de la facultadsancionadora de los Tribunales de Familia 49 ..La excesiva e innecesaria complejidad del sistema descrito, unida a otros factores tales como elhecho de que esta Ley no cuenta con un catálogo infraccional propio, sino que se remite a lasdefiniciones de otros cuerpos legales, y que debe ser leída en estas y otras materias conjuntamentecon varios otros cuerpos legales (CP, CPP y leyes penales especiales), se dificulta extremadamenteque este texto legal sea comprensible para la ciudadanía en general, y en particular para los niños yadolescentes, a quienes está llamada a regir, con lo cual cualquier pretensión “educativa” se vetorpedeada por los propios términos de unas reglas del juego definidas por el mundo adulto demanera tan poco clara.Cerrando el título referido a las penas, el artículo 25 permite la “imposición conjunta de más de unapena” (“siempre que la naturaleza de éstas permita su cumplimiento simultáneo”). El artículo 26señala, repitiendo en esto el artículo 37 b) de la CDN, que “la privación de libertad se utilizará comomedida de último recurso”, y agrega que “en ningún caso se podrá imponer una pena privativa delibertad si un adulto condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de dichanaturaleza”.49 Estos problemas han sido señalados por el Comité de Expertos creado para supervisar la aplicación de la Ley de RPA ensu Primer Informe.