DERECHO PENAL AMBIENTAL ECUATORIANO

MANUAL SOBRE DERECHO PENAL
AMBIENTAL ECUATORIANO
que tienen diversos ámbitos de acción, esto hace que la sanción que se impone
en virtud del ejercicio de la acción penal no subsuma la sanción impuesta
a través del derecho administrativo sancionatorio o de las acciones civiles. En
este sentido, Agradano de Llanos sostiene:
¨En efecto, el ordenamiento ambiental no sólo se encarga de
regular pormenorizadamente la tutela y gestión de los subsistemas
ambientales, sino que, en cuanto medidas de cierre de tal
regulación y en prevención de las posibles infracciones a la misma,
establece también un régimen sancionador. De tal modo,
las sanciones administrativas integran junto a las penales, el eje
del estatuto sancionador del derecho ambiental. Sin embargo,
y a pesar de las múltiples conexiones existentes entre el régimen
penal y régimen administrativo sancionador, así como de la
propia prolijidad del derecho ambiental administrativo, se hace
necesaria una delimitación, lo más nítida posible de ambas parcelas
punitivas¨156 .
La doctrina añade:
¨...las tesis clásicas (o del aliud) distinguían entre ilícito penal e
ilícito administrativo, atribuyendo al primero el carácter de lesión
éticamente reprochable de un bien jurídico, mientras que el
segundo sería un acto de desobediencia ético-valorativamente
neutro. Posteriormente, sin embargo, fue consolidándose como
doctrina ampliamente dominante la tesis de la diferenciación
meramente cuantitativa entre ilícito penal e ilícito administrativo,
según la cual lo característico de este último es un menor
contenido de injusto¨157 .
De lo expuesto, podemos concluir que el derecho administrativo regula y
controla determinada actividad sectorial, razón por la cual la sanción de las
conductas se la realiza de manera general para el sector: se sanciona una
conducta que aisladamente no produce ninguna lesión al bien jurídico, pero
siendo acumulativa por diferentes entes del sector constituiría un peligro
para el modelo de gestión.
156 Agradano de Llanos, María Elena. ¨La Protección penal del ambiente. Los delitos ambientales¨.
Lecturas sobre los Derechos del Medio Ambiente. Bogotá, Universidad Externado de
Colombia. 2004. P. 25.
157 Silva Sánchez, Jesús María. La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la Política Criminal
en las sociedades postindustriales (2da. Ed.). Madrid, Civitas, 2001. P. 124.
La doctrina también identifica diferencias de carácter finalista:
¨… la finalidad que persiguen, respectivamente, el Derecho penal
y el administrativo sancionador. El primero persigue proteger
bienes concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad
o peligrosidad concreta y de imputación individual de un
injusto propio. El segundo persigue ordenar, de modo general,
sectores de actividad (reforzar, mediante sanciones, un determinado
modelo de gestión sectorial). Por eso no tiene por qué
seguir criterios de lesividad o peligrosidad concreta…¨. 158
El planteamiento constitucional se refleja en el Código Orgánico Integral Penal
que, sobre la materia, señala:
¨El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos
en la Constitución de la República, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas,
se regirá por los siguientes principios: 9. Prohibición de doble
juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni penada
más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por
la jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La
aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de
los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción
penal no constituye vulneración a este principio¨159 .
El Código Orgánico Integral Penal establece expresamente que se puede
imponer sanciones administrativas, civiles y penales, coexistiendo indistintamente
cada una de ellas, sin que esto constituya una vulneración al principio
non bis in ídem, esto en razón de que cada materia tiene su propia configuración
de las infracciones y principios procesales distintos.
1.0.2. El principio de legalidad: normas penales en blanco.
El principio de legalidad es la piedra angular del derecho penal. De allí que la
doctrina señala:
¨La ley penal tiene una función decisiva en la garantía de la libertad.
Esa función suele expresarse en la máxima nullum crimen,
158 Ibídem. P. 125
159 Código Orgánico Integral Penal. Artículo 5.
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