DERECHO PENAL AMBIENTAL ECUATORIANO

MANUAL SOBRE DERECHO PENAL
AMBIENTAL ECUATORIANO
a) Pericias.
b) Documentos.
c) Testigos.
En caso de conflictos entre instituciones administrativas o judiciales, específicamente
competentes para la persecución penal con respecto al destino de
las evidencias; con el objeto de salvaguardar elementos de convicción que
más tarde se convertirán en prueba, en la etapa de juicio es recomendable
realizar pericias inmediatas que logren determinar existencia, ubicación determinación,
utilidad, valor, entre otras características, que permitan documentar
ciertos hechos.
De esta manera se dejará a salvo la facultad y el derecho de diferentes entes
del Estado, de ejecutar sanciones y reclamaciones conforme a mandatos
constitucionales.
1.5. Medidas cautelares y medidas de protección
En materia penal, las medidas cautelares tienes dos objetivos: el primero que
tiene que ver con la vinculación de la persona procesada con el proceso penal;
y, el segundo, para garantizar el pago por indemnización de daños y perjuicios
ocasionados.
Conforme se adelantó en el segundo capítulo, en materia ambiental el objetivo
de la medida cautelar y de protección se sustenta en los principios de
evitación y tiene por objeto la suspensión del cometimiento del ilícito que,
en la mayoría de los casos, suele constituir incluso un delito continuado.
El Código Orgánico Integral Penal, en el Capítulo V, trata de las medidas cautelares
en general y refiere a que el objeto de aquellas es entre otros la protección
a la víctima. Las reglas del artículo 520 de dicho Código será necesario
observarlas para su aplicación.
Ahora bien, el artículo 551 ibídem establece la posibilidad de solicitar medidas
cautelares destinadas a inmovilizar bienes, entre las que se incluye la
inhabilitación o la destrucción de maquinaria pesada, que por su naturaleza
cause daño ambiental o sea de difícil movilidad.
En cuanto a las medidas de protección, el artículo 558 numeral 10 del Código
Orgánico Integral Penal dispone la suspensión inmediata de la actividad contaminante
o que se encuentra afectando al ambiente cuando existe riesgo de
daño para las personas, ecosistemas, animales o la naturaleza.
3. PROCEDIMIENTOS
Si bien se considera al delito ambiental un delito que afecta al Estado consideramos
que esto no implicaría la aplicación de algunos principios de materia
penal en general como es el caso del principio de oportunidad que no
constituye sino la facultad del operador de justicia, en especial del fiscal, de
iniciar o no una causa penal; de desistir una causa ya iniciada bajo algunos
parámetros que en lo referente a la materia podría considerarse entre ellos la
reparación integral del daño, dado que no es de interés en el caso la privación
de libertad de una persona natural, la suspensión de actividad temporal
o definitiva de una persona jurídica o la indemnización por el daño causado,
sino más bien el respeto, el mantenimiento y el desarrollo de los ciclos evolutivos
naturales. Para considerarse la reparación integral, podrían observarse
algunos parámetros como el acuerdo entre la víctima, el acusado, la Fiscalía y
el órgano administrativo ambiental competente.
Este acuerdo debe contener parámetros que serán comprobables progresivamente
en forma cualitativa y cuantitativa, dentro de un proceso penal
bajo la supervisión de un juez de garantías y so pena de continuar el proceso
penal en cualquiera de sus formas en iniciar el proceso civil penal o administrativo
que derivara del incumplimiento del convenio. Esto bajo supervisión
fiscal con apoyo de pericias, inspecciones y reconocimientos técnicos de la
entidad gubernamental competente.
El articulo 69 ibídem prevé la inmediata destrucción o inmovilización de maquinaria
utilizada para el cometimiento de la infracción. Al efecto debemos
analizar la norma en su contexto y esta se encuentra bajo las disposiciones
del capítulo segundo, CLASIFICACIÓN DE LA PENA, es decir, que la aplicación
de la misma se hará efectiva únicamente en el estado de una sentencia.
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