DERECHO PENAL AMBIENTAL ECUATORIANO

MANUAL SOBRE DERECHO PENAL
AMBIENTAL ECUATORIANO
¨Art. 1.- Para el caso de delitos contra el medio ambiente, contemplados
en el Libro Segundo, Título V, Capitulo X-A, del Código
Penal, serán competentes los Jueces y Tribunales de Garantías
Penales de la sección territorial donde se cometió la infracción,
conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal,
excepto en los casos de fuero, en los que se actuará de acuerdo a
la ley adjetiva penal y el Código Orgánico de la Función Judicial.
Art. 2.- Los procesos que se hayan iniciado por delitos contra el
medio ambiente y que se encuentren en conocimiento de los
Presidentes o de las Salas de Garantías Penales de las Cortes
Provinciales de Justicia, pasarán a conocimiento de los jueces
o tribunales de garantías penales, según corresponda, a fin de
que sean éstos los que continúen con la sustanciación y resolución.
De haber varios tribunales o juzgados, la competencia se
radicará por sorteo. Las causas continuarán sustanciándose en
el punto en que hubieren quedado, sin que en ningún caso este
cambio sea motivo para declarar nulidad procesal alguna¨.
2.2. LA ACCION PENAL.
2.2.1. Ejercicio de la acción penal
El ejercicio de la acción penal de carácter público corresponde a la Fiscalía
General del Estado, es decir, el Fiscal General del Estado actuará en todos los
procesos penales a través de sus delegados, esto es, fiscales provinciales y de
primer nivel.
2.2.2. Extinción de la acción penal e imprescriptibilidad
El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador señala:
¨Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad
y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público
la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas,
la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los
espacios naturales degradados¨.
Complementariamente, el artículo 396 ibídem, dispone:
¨Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas
que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista
certidumbre de daño.
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u
omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad
por daños ambientales es objetiva. Todo daño al
ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará
también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas
e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada
uno de los actores de los procesos de producción, distribución,
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de
mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un
sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales
para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles¨.
Aunque la prescripción de la acción sea la pauta general en materia penal,
estas reglas constitucionales establecen elementos suficientes para justificar
la imprescriptibilidad en materia ambiental, tomando en cuenta que el cuidado
y protección de la naturaleza no solamente conlleva la protección de la
población actual sino también a la protección de derechos de futuras generaciones
(equidad intergeneracional) a fin de garantizar su desarrollo y buen
vivir. Este aspecto tiene relación sólida con la protección de los derechos
humanos entre los que se encuentra la protección del ambiente. El origen
de este criterio tiene su fundamento en los principios mismos del derecho
ambiental, especialmente en el principio de prevención.
Desde una perspectiva de derecho penal, el principio de prevención del derecho
ambiental tiene que ver con la conducta que debe observar cualquier persona
natural y/o jurídica respecto del daño doloso o culposo; el incumplimiento
de una conducta de evitación podría desencadenar un acto antijurídico.
Analizado el principio de prevención, ya no carece de lógica la norma constitucional
sobre la imprescriptibilidad en materia ambiental; como tampoco
viola el estado de inocencia del responsable de la conducta, que se mantiene
hasta que se establece la responsabilidad de conformidad con el debido
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