REVISTA PESCA SETIEMBRE 2016

El ordenamiento pesquero es regulado por reglamentos de ordenamiento pesquero (ROP), en los cuales se definen
períodos de veda, temporadas de pesca, tallas mínimas de captura, zonas prohibidas o de reserva, artes, aparejos,
métodos y sistemas de pesca, entre otros.
Únicamente se han dado ROPs para el jurel, la caballa, la merluza, el atún, el calamar gigante o pota y para el bacalao
de profundidad. La anchoveta no cuenta con un ROP propiamente dicho.
Para las especies que no cuentan con un ROP específico, su extracción es regulada por las normas generales contenidas
en el Reglamento de la Ley General de Pesca, sus modificatorias y normas complementarias.
Los reglamentos de ordenamiento pesquero se aplican a cada pesquería. En cada reglamento se consideran, entre
otros, los objetivos del ordenamiento y, según sea el caso, el régimen de acceso, la capacidad total de flota y procesamiento,
las temporadas de pesca, la captura total permisible, los artes, aparejos y sistemas de pesca, las tallas mínimas,
las zonas prohibidas, el requerimiento de investigación y las acciones de control y vigilancia.
El régimen de acceso a la actividad pesquera extractiva está constituido por las autorizaciones de incremento de flota
y los permisos de pesca, que se otorgan de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento respectivo y al grado de explotación
del recurso que se trate. El régimen de acceso a la actividad acuícola está constituido por las autorizaciones y
concesiones. Tratándose de las actividades de procesamiento pesquero el acceso se otorga mediante autorizaciones
de instalación y licencias de operación.
En el año 2008, se promulgó la Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCP), Ley Nª1084, que
establece un esquema de asignación de derechos individuales sobre la anchoveta, que apunta a racionalizar el esfuerzo
pesquero, con el fin de lograr un manejo sostenible del recurso, que contribuya a reducir los problemas en el
sector. La ley incluye la creación de un Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (FONCOPES) que
está encargado de administrar los recursos de los Programas de Beneficios Voluntarios del sector, así como un Programa
de Jubilación Adelantada, para pescadores a partir de los 50 años de edad.
Existen además otras normas específicas para la actividad como el Reglamento de Inspecciones y el Procedimiento
de Sanciones, las Normas Sanitarias y las ambientales. Otros regímenes que la afectan son la Ley de Promoción de la
Inversión en la Amazonía y la Ley de Áreas Naturales Protegidas
En diciembre de 2007 se aprobaron varias normas. Entre estas se encuentra la Ley 29158, Orgánica del Poder Ejecutivo
(LOPE), que modifica el panorama de la institucionalidad pública.
Esta ley transforma a los “Organismos Públicos Descentralizados” (OPD) en “Organismos Públicos”, ya sean
“Ejecutores o Especializados” (OPE) con competencias mucho más limitadas en la nueva LOPE.
En la nueva LOPE los OPD ya no existen y son transformadas en OPE, de los que se permiten dos tipos: Organismos
Públicos Ejecutores y Organismos Técnicos Especializados. Los OPE ya no pueden ser autónomos: tienen que ser
adscritos a un Ministerio y su organigrama interno, su presupuesto, su política institucional y financiera tienen que
ser aprobados por el Ministro de su sector. Ya no pueden tener rango ministerial y se sobreentiende que tampoco ya
no podrían incidir transversalmente en todos los sectores del Estado.
Revista Pesca Setiembre 2016 69