AbogadosPrestigiados

Néstor Guerrero S
tra de los opositores con el objeto de lograr el control sobre el poder
del Estado” (Dezalay y Garth, 2002: 31). Según ello, estar fuera del
Estado forzaba a los actores a enfrentarse a dos situaciones interrelacionadas:
ejercer incidencia pública desde las organizaciones de la
sociedad civil, la academia y el mundo religioso; y, debido a ello, su
posterior participación y contribución en el Estado, ahora bajo un
régimen democrático, supuso tensiones y un alto nivel de circulación
entre distintas esferas de la vida pública, cuando no “pasos fugaces”
o “intromisiones” en el Estado.
La incidencia pública extra-estatal se expresó principal, aunque
no exclusivamente, en el activismo social ejercido desde las organizaciones
de la sociedad civil y las iglesias. Se fundaron entonces una
gran cantidad de organizaciones de defensa y promoción de derechos
humanos, un verdadero movimiento por los derechos humanos en Chile
(Orellana & Quay, 1991). De acuerdo a la literatura sistematizada, se
identifica una veintena de organizaciones cuya fundación adscribe al
ciclo 1973-1990. En su conjunto, representan la “fábrica” del capital
moral y legitimidad política de los agentes, para operar luego en la
democracia recuperada. Un antecedente fundamental para rastrear el
origen y consolidación de estos organismos es la alianza primigenia
que se dio entre políticos y abogados de oposición con la Iglesia Católica
inmediatamente producido el golpe de Estado, escenario en que
la Democracia Cristiana jugó un importante rol, apelando probablemente
al rol social de la Iglesia en un contexto altamente politizado en
América Latina. Por ejemplo, “una iniciativa que circuló en contra de
la toma militar del poder en 1973[…] sólo obtuvo el respaldo de doce
firmas, entre ellas las de Jaime Castillo, Francisco Cumplido y Eugenio
Velasco” (Dezalay y Garth, 2002: 228); ellos desempeñarán papeles clave
tanto en la defensa y promoción de derechos humanos en dictadura,
como en la elaboración de bases programáticas y posterior diseño y
ejecución de políticas pública en el campo de derechos humanos, en la
democracia recuperada.
La primera organización de defensa de los derechos humanos es
el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI) 9 , fundada
por religiosos comprometidos. Formalmente adscrito a la Iglesia Católica,
en realidad estuvo conformado por representantes de varias iglesias.
Al Comité concurren religiosos, abogados y asistentes sociales dispuestos
a otorgar asistencia a las primeras víctimas del régimen autoritario,
“entonces esté comité lo que respalda es la defensa legal, y los abogados
que se habían agrupados en términos amistosos o de contactos son los
que se movilizan y se instalan, y después terminan siendo financiados
9 Decreto Arzobispal Nº 158-73, del 9 de octubre de 1973.
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