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Néstor Guerrero S
Programáticas definían como “políticas sociales y de salud física y mental
dirigidas específicamente a las personas afectadas por la represión
política” 30 .
A partir de estas definiciones programáticas elaboradas por comisiones
conformadas por varios de los principales cuadros dirigentes
de los organismos de defensa y promoción de derechos humanos,
asume el primer gobierno democrático en 1990, liderado por Patricio
Aylwin. Algunos de esos dirigentes serán convocados a desempeñar
funciones desde el interior del gobierno, otros en cambio permanecerán
ejerciendo el activismo social, jurídico y/o académico desde fuera
del Estado, periféricamente, aunque a veces serán convocados temporalmente
a desempeñar funciones públicas. En ese sentido, las propias
bases programáticas habían previsto establecer relaciones de cooperación
con las organizaciones de la sociedad civil para operar en el
campo de derechos humanos desde el Estado, en el sentido de que tales
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo “serán
reconocidas como entidades coadyuvantes del Estado en el desarrollo
de esta política”. Tanto el trabajo en instancias gubernamentales de los
agentes, de modo permanente o temporal, como la implementación de
las propias políticas, sus sentidos y significados, supusieron tensiones
importantes (Basombrio, 2005; Lira, 2005) 31 . La sección siguiente repasa
las principales políticas del ciclo 1990-2010, aunque no profundiza
en ellas, sino más bien identifica los espacios institucionales en que se
produjeron esas políticas y los agentes allí posicionados.
POLÍTICAS DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS EN CHILE (1990-
2010). ESPACIOS INSTITUCIONALES Y AGENTES ELITARIOS
Las políticas públicas de memoria y derechos humanos constituyen
una de las estrategias que los Estados y gobiernos democráticos activan
para hacer frente a un pasado conflictivo. En Chile esta estrategia
encontraba ya sus lineamientos en la elaboración de las bases programáticas
en derechos humanos por parte de la Concertación, que contó
con la contribución de las experiencias, saberes y valores de agentes
comprometidos con la defensa de derechos humanos en dictadura.
30 Para el detalle de las Bases Programáticas Político-Institucionales de la Concertación
Democrática, ver: Bases Programáticas Político-Institucionales, Capítulo Derechos Humanos.
Concertación de Partidos por la Democracia. Diario La Época 1989.
31 En clave evaluativa, una agente clave del campo de derechos humanos en Chile ha
señalado respecto a la contribución de activistas en la función pública que “me parece,
sin embargo, que no bastaba con el “traslado” de las personas de las ONG al Estado, así
como tampoco de su bagaje teórico y experiencial. Se requería “trasladar” al Estado la
capacidad de gestión de las políticas que las ONG habían sido capaces de formular e
implementar en condiciones muy adversas” (Lira, 2005:266).
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