AbogadosPrestigiados

Néstor Guerrero S
consolidaba las contradicciones y conflictos y que, en cierta forma, reintroducían
y hacían evidentes las tensiones históricas” (Lira, 2005:464,
465). Por ello, la memoria del Estado como estrategia política de las elites
buscó enfatizar en la figura de víctimas y culpables, despolitizando
y descontextualizando el conflicto en pos de la estabilidad democrática.
De allí que sea posible reconocer dos verdades: “una factual y otra
moral, la verdad de las narraciones que cuentan lo que ocurrió y la de
las narraciones que intentan explicar por qué y a causa de quién, que
suponen un juicio crítico y ético sobre los hechos” (Ignatieff, 1999, en
Beristain, 2005:63). Los agentes chilenos del campo de los derechos
humanos habría que diferenciarlos de acuerdo a estos dos discursos:
mientras los agentes que se profesionalizaron en política enfatizarían
la verdad factual (pues hay en juego un valor mayor: la estabilidad político-institucional
o gobernabilidad), los agentes-activistas con “inmersiones”
temporales en el Estado enfatizarían el juicio ético-político de
los hechos (pues tendrían menos “compromisos” con dicha estabilidad,
lo que en realidad podría suponer mayor libertad frente a un discurso
hegemónico gubernamental).
En relación a la cuestión de la justicia, ésta se prescribe como
una condición que los gobiernos democráticos deben asumir luego
de los procesos de transición para afrontar la revisión del pasado. La
justicia “cumpliría un rol público fundamental ante el vacío ético y
político que se produjo cuando la autoridad era la responsable de los
crímenes y los justificaba en nombre del bien común” (Lira, 2010:25).
De acuerdo a este imperativo, la justicia ha mostrado tener efectos
contra la desmemoria y se reconoce que su ausencia puede impedir
la reconstitución democrática (Beristain, 2005; Fernández, 2010). En
Chile se reconoce una instancia gubernamental especialmente diseñada
para la función de justicia interna: el Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior, pero varios abogados-activistas
prosiguen trabajando con causas pendientes desde fuera del Estado.
La tarea no es sencilla. En un primer momento “ha habido diferentes
tipos de legislaciones orientadas a impedir la función de la justicia en
la investigación de las violaciones de derechos humanos [manifestadas
en] leyes de amnistía [que] han supuesto un serio obstáculo para
la lucha contra la impunidad y la reconstrucción de un sentido de
justicia para los problemas del presente” (Beristain, 2005: 61) y que
hacen efectivo el olvido político y jurídico (Lira, 2010). En un segundo
momento, no obstante, “las demandas de justicia y los resultados
de los procesos judiciales, especialmente las sentencias en casos de
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, han modificado la modalidad
histórica de impunidad como fundamento de la convivencia
política” (ibíd.:13).
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