REVISTA PESCA SETIEMBRE 2017

EL CIRCULO PESQUERO, LOS
PAGOS DE LA ANCHOVETA Y
EL DECENIO DE LAS
CUOTAS DE PESCA
Durante la segunda semana de agosto, el sector pesquero
ha tenido una atención poco usual por parte de
los medios, los cuales usualmente no le dedican mucho
espacio.
Ojo Público publicó un artículo sobre la concentración
del círculo pesquero en el Perú, que fue de alguna manera
respondido por la Presidenta de la Sociedad Nacional
de Pesquería con el artículo “pagamos un precio
bastante razonable por extraer anchoveta”. Ambas notas,
de Ojo Público.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental publicó un
artículo sobre la Historia y balance de cómo se ha manejado
la pesca de anchoveta en el Perú.
Este último, entre otras cosas, trae a la memoria el proyecto
de ley de creación de la Superintendencia Nacional
de Pesca y Acuicultura (Sunapes) que fue presentado
al Congreso por el gobierno anterior; pero que nunca
fue aprobado.
En las siguientes páginas se puede apreciar los tres documentos
con algunos comentarios.
Más allá del tema anchoveta, la designación del ex viceministro
de Pesquería, Alfonso Miranda como vicepresidente
de la CIAT, prestigia al Perú, aunque según algunos
los empresarios privados no deberían ser funcionarios
públicos (¿internacionales también?)y viceversa, lo
que es una afirmación incorrecta.
El Ministro de la Producción anunció que se está estudiando
la restitución de incentivos tributarios a la acuicultura.
El tema está vigente en Perú desde el año 2000
que se definió el desarrollo de la acuicultura como como
un objetivo importante. Se promulgó una ley de promoción
con incentivos y el Plan Nacional de Desarrollo
Acuícola para el período 2009 – 2021. Pero al no haber
tenido mayores éxitos y haberse cambiado la ley en el
gobierno anterior, parece que hay un problema con el
diagnóstico, o con las medidas y acciones estratégicos
porque la realidad es que no se consiguen los objetivos
esperados.
Al acercarse el año 2018 se generan inquietudes en relación
al DL 1084, que fue promulgado en 2008 y que
indebidamente se le conoce como la ley de “cuotas de
pesca de anchoveta”. Técnicamente lo que hizo la norma
es otorgar límites máximos de captura por embarcación.
Estas varían anualmente en función a la cuota de
captura anual, la cual es repartida entre las embarcaciones
con permiso de pesca para anchoveta, de acuerdo a
los procedimientos que establece la propia norma. No
asigna derechos de propiedad, simplemente mejora la
normatividad relativa a la extracción.
La primera disposición final congeló por diez años el
monto a pagar por derechos de pesca de anchoveta, o
sea hasta el 2018 si se interpreta debidamente la norma.
No hay, por otro lado una claridad expresa en
cuanto a la duración de esta repartición de límites de
captura por embarcación. Algunos interpretan que la
norma cesa su vigencia a los diez años y otros dicen
que ello está en función a las fechas los convenios de
estabilidad que se fueron estableciendo.
La norma dictada incluye la creación de un aporte social
de las plantas procesadoras, de US$1.95 por TM de pescado
descargado que, se estimaba rendiría US$140 millones
en 10 años, para construir un fondo que permitiese
dar un beneficio a quienes se quedaron sin pensión.
Se venía recaudando a través de un fideicomiso en el
Scotiabank, el mismo que fue transferido al Fondo Consolidado
de Reservas Previsionales (FCR) por mandato
de la Ley N° 30003, que establece que este aporte so-
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