exilio-colombiano-huellas-del-conflicto-armado

Exilio colombiano
Huellas del conflicto armado más allá de las fronteras
porque las iniciativas habían sido acordadas por medio de una Comisión
Bilateral. Sin embargo, con el paso del tiempo se empezó
a conocer que estas acciones violaban los principios del derecho
internacional humanitario y el principio de no devolución. De hecho,
miembros de la Pastoral de Movilidad Humana de Panamá
aseveran que tuvieron que llevar algunos casos al Sistema Interamericano
de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares
y evitar que fueran deportados a Colombia 260 .
Ellos fueron repatriándose poco a poco, algunos iban solos
por la trocha y se regresaban. Hubo como tres procesos de deportación,
no procesos, pero sí eventos. El proceso de Punuza del
año 2003 creo que fue el más sonado, cuando agarraron a una
comunidad bajo engaño, las montaron en los helicópteros y las
pusieron en Colombia. Ese fue como el caso más sonado, pero
hubo varios. Después de ese caso, nosotros encabezamos la solicitud
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que
le dieran medidas cautelares a todas las comunidades receptoras,
tanto panameños como colombianos (CNMH, Pastoral de Movilidad
Humana Panamá, entrevista, Ciudad de Panamá, 2017).
Las estrategias para ejecutar estos procesos de deportaciones, o
retornos inducidos, no contaron con el acompañamiento de organismos
internacionales como el Acnur y, en la mayoría de los casos,
se hicieron de manera coercitiva contra la población colombiana 261 .
Según lo documentaron organizaciones defensoras de derechos
260 A partir de los hechos que ocurrieron el 18, 19 y el 20 de abril de 2003,
la CIDH (2003) otorgó medidas cautelares a Enrique Medrano, Juan Berrío y las
menores de edad Sandy Juliet Martínez Copete, Yoinis Gutiérrez Mena, Sandra
Gutiérrez Mena y Yesenia Berrío Mena.
261 Así lo reconoció un informe conjunto de las defensorías del pueblo de
Colombia y Panamá. En sus conclusiones sobre estos casos recomendó “revisar
los procedimientos de repatriación voluntaria a la luz del Derecho Internacional
de los Refugiados y, en general, del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Para todos los casos de repatriación voluntaria, que deben realizarse
en condiciones de dignidad y seguridad, deberá garantizarse la coordinación con
Acnur y el Gobierno colombiano” (Defensoría del Pueblo Colombia y Defensoría
del Pueblo Panamá, 2003, páginas 17-18).
180