REVISTA_PESCA_MAYO_2019

tina, donde el promedio es de 40 años y, debieran los
ingenieros habilitados, evaluar y certificar la ampliación
de la vida útil en función de las adecuaciones y puesta
en valor de aquellas embarcaciones que llegan a determinada
edad.
La prolongada emergencia de este sector de la economía
nacional se inicia con el Decreto 440/71, ya que el mismo
eximía a los armadores pesqueros argentinos del pago
de aranceles para la importación de buques, incluyendo
buques usados que tuvieran al menos 10 años de vida
útil y, aunque este decreto imponía a los armadores
que importaran barcos la obligación de encargar en astilleros
nacionales la construcción de un equivalente al
50% del tonelaje de los buques importados, casi ninguno
de los beneficiarios de este decreto cumplió con ese requisito.
No hubo reinversión en las buenas épocas, se desactivaron
y desinvirtieron los Astilleros Nacionales con capacidad
de construir buques de gran porte y, desde hace
décadas, que no hay ninguna política nacional de fomento
para la construcción y financiación naval y la industria
pesquera, fundadora y consolidadora de pueblos y de
generación de empleo.
En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 145
del 25/2/19), por primera vez, un gobierno y los
actores reconocen que «la flota pesquera de la
Argentina tiene una antigüedad promedio muy
elevada, en relación a los mejores estándares internacionales,
ya que más del 50% de la misma
tiene una antigüedad superior a los 40 años». Es
un avance, pero el resto de este DNU es un verdadero
retroceso que pondría en riesgo la sustentabilidad de las
especies, favorecerá a unos pocos en perjuicio de todos
los industriales pesqueros que basan su desarrollo y el
sostén de sus operarios en la existencia cierta de la biomasa
pesquera; hipoteca un recurso que no les es propio
sino del Estado y, además, prorroga por 20 años el
inicio de esta renovación, sin resolver la cuestión de fondo.
Un día se produjo un naufragio, luego otro y finalmente
dio a luz este DNU, de una pobrísima calidad, carente de
toda razonabilidad, un mamarracho (que no merece ser
tomado en serio), que confronta a un proyecto de ley de
“Promoción de la Industria Naval Pesquera” (S-2131/18,
27/6/18) presentado hace 8 meses en el Senado, avalado
por 12 Senadores, para dar respuesta a todos los sectores,
sin desatender al reclamo de los familiares de los
hoy fallecidos o desaparecidos, pero, también de aquellos,
que día a día se hacen a la mar.
El proyecto que se ventila en la Comisión de Infraestructura
y Transportes del Senado, espera cumplir
con casi todas las expectativas y, dependerá,
en gran medida que, aprobado, interpretando la
necesidad, el P.E.N. no vete como ocurrió en la
Ley de Marina Mercante y Flota Fluvial, aspectos
centrales del proyecto de ley.
En la Ley el objeto (Art. 1º) es incentivar la construcción
en Astilleros Nacionales Públicos o Privados y exige que
los reemplazos sean a buques nuevos (Art. 4º) que no
impliquen un incremento del esfuerzo pesquero, salvo
que haya excedentes (Art. 5º), contrario a lo que habilita
el DNU 145/19, en perjuicio a la sustentabilidad y al conjunto
de las empresas pesqueras.
Prevé remplazar y desguazar (Art. 6º) los buques de más
de 40 años de antigüedad en el término de tres años y,
de cinco (5) años, los que superan los 35 años. Y en el
caso que los Astilleros locales no puedan atender toda la
demanda, habilita la transferencia a buques nuevos importados.
Si el armador pesquero, además, poseyera buques
de pesca en construcción en astilleros nacionales
admite la importación de buques de hasta cinco (5) años
de antigüedad (Art. 8º).
La Ley entiende (Art. 10°) que si no se instrumentan una
serie de beneficios, subsidios y fondos de financiación
será imposible llevar adelante la renovación de la flota
pesquera, en los tiempos que la necesidad lo requiere.
Por ello, le indica a la Autoridad de Aplicación la fijación
de prioridades en el otorgamiento de cuotas de captura,
a aquellos armadores con mayor integración de su flota
por buques de pesca construidos en el país; le encomienda
al Poder Ejecutivo (Art. 12º) la asignación económica
específica en el marco de los fondos fiduciarios
constituidos y administrados por el P.E.N., así como líneas
de financiamiento y sistemas de garantías específicas
para el sector, destinadas a renovar la flota pesquera
argentina en un esquema de quince (15) buques el primer
año, treinta (30) buques en el segundo año y sesenta
(60) buques en el tercer año, para luego estabilizarse
en función de la vida media útil de la flota pesquera argentina.
Revista Pesca mayo 2019 55