REVISTA_PESCA_MAYO_2019

Por otra parte, la Ley le encarga al P.E.N. (Art. 11º) la
instrumentación de un subsidio operativo a ser aplicado
por un período de treinta y seis (36) meses a los buques
construidos en el país, equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del impuesto al combustible consumido por
cada buque y, en aquellos casos que además procesen
en tierra sus capturas, el subsidio alcanzará al cien por
ciento (100%) del combustible consumido por éstos.
Según el experto Fabian Lugarini, «sí en el primer año
de vigencia de la ley se construyesen 15 buques fresqueros
de menos de 15 metros de eslora y 5 buques fresqueros
de +/- 40 metros de eslora, y los mismos operaran
300 días al año, el subsidio a recibir ascendería a 4
millones de dólares. Si desde el segundo al quinto año
de vigencia de la ley se construyeran 60 buques fresqueros
de menos de 15 metros de eslora y 20 buques fresqueros
de +/- 40 metros de eslora, el subsidio total a
recibir sería de unos U$S 48 millones. Sin embargo, entre
impuestos sobre insumos, mano de obra y ganancias
de los astilleros el Estado Nacional recaudaría U$S 13
millones por año, totalizando U$S 65 millones a lo largo
de cinco años. Es decir, un ingreso neto para el fisco de
U$S 17 millones y la creación de 400 puestos de trabajo
directos y 800 indirectos. Por otra parte, los 95 buques
tangoneros-congeladores de la flota pesquera argentina
con esloras de entre 30 y 54 metros tienen una antigüedad
promedio de 32 años y, deberían, según la ley, ser
reemplazados en un plazo de cinco años. Teniendo en
cuenta los cuatro astilleros con capacidad actualmente
disponible para construir este tipo de buques, la capacidad
proyectada de construcción asciende a cuatro buques
por año. Se estima que la demanda de este tipo de
buques estimularía la ampliación de la capacidad y diversificación
de producción en los astilleros locales, facilitado
por las líneas de financiamiento previstas en la ley.
Considerando que los buques tangoneros-congeladores
no procesan en tierra sus capturas, estos recibirían un
subsidio equivalente a solo el 50% del impuesto al combustible
consumido. Por lo tanto, si en el primer año de
vigencia de la ley se construyeran 4 buques tangoneroscongeladores,
el subsidio a recibir ascendería a U$S 0,8
millones, de tal manera, que, proyectando que en los
cuatro años subsiguientes se construyeran otros 16 buques,
el subsidio total resultante ascendería a U$S 10
millones. Sin embargo, entre impuestos sobre insumos,
mano de obra y ganancias de los astilleros, el Estado
Nacional recaudaría U$S 11 millones por año, totalizando
U$S 55 millones en cinco años, resultando un ingreso
neto para el fisco de U$S 45 millones y, creando 350
puestos de trabajo directos y 700 indirectos».
El Estado debería recordar, que la pesca, desde hace 20
años, exporta por mayor cantidad de dólares que las carnes
vacunas y, a todos los mercados más exigentes del
mundo, a los que no llegan estas carnes. También, que
los países pesqueros que pescan a distancia y, depredan
nuestros mares, destinan miles de millones de dólares
anualmente para subsidiar el total del combustible y liberar
de impuestos a sus barcos.
Por cierto, la ley busca terminar (Art. 7º) con la chatarra
que ocupa los puertos e impide las operaciones de la
flota pesquera; obliga a efectuar las reparaciones en los
Astilleros Nacionales (Art. 13º) y agrega al Consejo Federal
Pesquero un representante de la Industria Naval
Pesquera (Art. 14º).
Amén de ello, el Estado debe optimizar sus recursos y
efectuar la reinversión y reconversión necesaria de los
Astilleros Río Santiago y Tandanor para que puedan
acompañar la oferta privada y, en especial, aquella demanda
de barcos de gran porte, que nuestro país necesita
para avanzar en la captura en las especies migratorias
y asociadas por fuera de las 200 millas en la Alta Mar.
El Congreso, es el ámbito de la discusión y el consenso.
Es posible entonces, que alguna cuestión del proyecto de
ley pueda ser mejorada con el aporte del conjunto de los
destinatarios de esta iniciativa: empresarios, industriales
pesqueros y navales y, el personal embarcado y de las
industrias.
Quienes no entiendan la necesidad de conciliar
entre los intereses, la seguridad de los tripulantes
y un desarrollo equilibrado de la Nación, no estarán
a la altura de acompañar un proceso de crecimiento,
especialmente destinado a ocupar y aprovechar
en forma sustentable los recursos del
Atlántico Sudoccidental Argentino y, desarrollar,
todos y cada uno de los pueblos del litoral marítimo
nacional.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de
Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el
Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24
libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
23 de marzo de 2019
Revista Pesca mayo 2019 56