REVISTA PESCA MAYO 2021

plazo.
La Pesquería en el Perú es una actividad que no puede ser
promocionada en el sentido de incrementar el esfuerzo pesquero.
Mientras no se conozca el número preciso de embarcaciones
pesqueras artesanales y de pescadores artesanales,
que permita cuantificar la capacidad de extracción existente y
mientras no se conozca el estado de las biomasas de las principales
especies, es irresponsable impulsar mayor actividad
extractiva.
Mientras no se conozca los límites máximos de extracción de
todos los recursos pesqueros susceptibles de ser extraídos por
la pesca artesanal e industrial, es irresponsable estimular mayores
inversiones en la fase extractiva.
El censo de pescadores tiene que actualizarse y conjugarse
con la investigación científica de los recursos artesanales. Esta
última es una tarea pendiente e impone limitaciones al ordenamiento
pesquero. Los límites máximos de extracción no podrán
ser precisados en tanto el Instituto del Mar del Perú no
haga una investigación adecuada que permita proveer este
dato científico al ente regulador que es el Ministerio de la Producción.
Este escenario impone aplicar una política precautoria.
Las necesidades alimenticias del país demandan una política
promotora de la comercialización de productos pesqueros en
el mercado nacional y no para la exportación.
Las necesidades de empleo demandan una política de promoción
del mismo en base al crecimiento de la demanda interna
de pescado. Una demanda creciente permite la generación de
empleo y de empresas que a la vez proporcionan proteína a la
población más necesitada. La medición del consumo en Lima,
en el sector A no es el índice que debe marcar el estado del
consumo de pescado per cápita, sino el consumo en el interior
del país. Sin embargo nada de esto será posible mientras no
se establezcan cuotas anuales de extracción científicamente
determinadas por el ente científico.
“Los recursos marinos son un recurso natural público, no un
recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos
debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que
la pesca contribuya lo máximo posible al interés público".
Los recursos pesqueros no aumentan en función de la demanda.
Por lo tanto se debe legislar en función del recurso pesquero.
La pesca tiene que tener límites y vedas biológicamente
determinados e impuestos, más allá de consideraciones socioeconómicas
o intereses empresariales. El recurso pesquero no
aumenta en función de la demanda ni de los intereses sociales.
Se requiere de un modelo que priorice el consumo del mercado
interno, en especial de las poblaciones vulnerables. Esto
implica inversiones en infraestructura, en educación al consumidor,
en la creación de mercados y sobre todo en capacitación,
tecnología e innovación para poder transformar los recursos
pesqueros en presentaciones que puedan ser fácilmente
transportadas, manipuladas y almacenadas.
La propuesta fundamental que engloba toda la problemática
sectorial y que le permitiría encontrar un camino hacia el desarrollo
sostenible, garantizando la seguridad alimentaria del
país, es que el diseño de una Política de Estado tenga como
objetivo fundamental al ciudadano.
La diversificación de la producción debe ocurrir en función al
desarrollo del productor y del consumidor que requiere y acepta
cambios en la presentación de productos, precios y accesibilidad.
Es necesario:
Crear el Ministerio de Pesca y Acuicultura en base al
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.
Crear la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura
(Sunapes) para asumir la función de fiscalización y
sanción que hoy recae en el Ministerio de la Producción,
garantizando así la independencia y tecnicismo de esta
función.
Nuevo ROF del IMARPE y recomposición de su Consejo
Directivo.
Crear el Instituto Tecnológico Pesquero en reemplazo del
CITE Pesquero Callao.
Proponer una nueva Ley General de Pesca.
Elaborar la Política Nacional de Pesca y la Política Nacional
de Acuicultura.
UNA POLÍTICA NACIONAL PARA LA PESCA Y LA ACUI-
CULTURA
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
define a las políticas públicas nacionales como “diseños que
sustentan la acción pública” y que, en un Estado unitario y
descentralizado, permiten integrar y dar coherencia a todo su
accionar con el propósito de servir mejor al ciudadano.
Bajo ese concepto, las políticas nacionales:
Se enmarcan en Políticas de Estado y responden a un programa
de gobierno.
Cuentan con objetivos claros que manifiestan las prioridades
del país.
Identifican problemas de la agenda pública que deben priorizarse
tomando en cuenta las necesidades o demandas ciudadanas.
Se reflejan en los objetivos establecidos en los Planes Sectoriales,
en los Planes de Desarrollo Concertado y en los Planes
Estratégicos y Operativos de todas y cada una las entidades
del sector público en los tres niveles de gobierno.
Revista Pesca Suplemento mayo 2021 8