¿QUE DEMOCRACIA

convirtiera en un fuerte elemento de lucha para la comunidad
LGBTI y para las personas travestis, transgénero e intersex: Que
aparecieran un género y un nombre no correspondidos con la
realidad sexual y social, les dejaba por fuera de cualquier opción
laboral, educativa y económica. No poder alquilar, no poder
cruzar una frontera, no poder solicitar un préstamo o abrir una
cuenta de ahorros, no poder ir a la secundaria o a la universidad,
no poder aportar para una jubilación o un plan de salud. Las
personas trans estaban en un lugar peor que la invisibilidad,
porque no sólo no eran reconocidas como ciudadanos y
ciudadanas, sino que eran (aún lo son en muchos países)
perseguidas por la policía, golpeadas por vecinos, explotadas
por proxenetas y excluidas de cualquier política pública. Sin
embargo, leyes como la Ley de Identidad de Género significaron
un nuevo nacimiento; que el DNI contenga el nombre (cómo me
llaman) y el género (cómo me siento) autopercibido, ha tenido
un impacto fundamental en la construcción de lo ciudadano.
Ellas y ellos hoy se entienden como sujetos políticos, reclaman
al Estado las medidas necesarias para abandonar la marginación
y exigen a sus conciudadanos la inclusión social que les fue
sistemáticamente rechazada.
Y más allá de la ley, el trabajo colectivo. Se aprecia claramente en
Argentina, en donde el movimiento travesti logró organizarse
y tener cooperativas de trabajo (La Nadia Echazú) y colegio
secundario (El Mocha Celis). Allí donde el estado no llega, la
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