julio 2010 - ANUE

Derechos Humanos
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no era candidato, obtuvo un voto). Todo lo
cual constituye una evidencia clara del carácter
político de esta elección al Consejo de
Derechos Humanos y de las necesarias negociaciones
diplomáticas de carácter previo
para consensuar las candidaturas necesarias
para cada grupo regional y para asegurarse
el número de votos necesario.
Pero hay otro elemento que, a mi juicio,
merece un análisis más detallado y que tiene
que ver con una dimensión más de fondo, que
no estrictamente formal o procedimental. Se
trata de que, atendiendo a la falta de credibilidad
del sistema de derechos humanos de las
Naciones Unidas –y al mismo hecho que tenían
puestos en la antigua Comisión de Derechos
Humanos algunos estados poco respetuosos
con los derechos humanos– se quiso establecer
al crear el Consejo de Derechos Humanos
una doble previsión en el apartado 8 de la resolución
60/251. Por un lado, se estableció que
la Asamblea General, por una mayoría de dos
tercios de los miembros presentes y votantes,
puede suspender de su condición de miembro
del Consejo de Derechos Humanos a todo Estado
miembro que cometa violaciones graves
y sistemáticas de los derechos humanos; previsión
que, hasta el momento, no ha sido puesta
en marcha. De otro lado, se dispuso un cierto
filtro previo a la elección que se concretó en
disponer que, en el momento de la elección
de los miembros del Consejo, la Asamblea General
deberá tener en cuenta la contribución
de los diferentes estados candidatos a la promoción
y protección de los derechos humanos
y las promesas y los compromisos voluntarios
que sobre ello hayan formulado.
No se puede decir que estos elementos hayan
provocado una sustancial mejora de la
calidad, en términos de derechos humanos,
de los estados elegidos miembros del Consejo
de Derechos Humanos (actualmente forman
parte del Consejo, por ejemplo, Cuba, China,
Arabia Saudita o Kirguizistán y, como decimos,
en ningún caso se ha activado el mecanismo
de suspensión), pero, al menos, y aunque se
trata de una votación política y negociada diplomáticamente,
sí que se obliga a los estados
candidatos a presentar su candidatura y a exponer
su trayectoria y compromisos en el ámbito
de los derechos humanos de una manera
pública y por escrito. España así lo hizo (junto
a la mayoría de los demás candidatos, salvo
Qatar y Uganda que, pese a ello, también
fueron elegidos) y el Documento A/64/704
recoge extensamente la contribución espa-
ñola y los compromisos que en esta esfera el
Gobierno español formula ante la comunidad
internacional. En este documento se subrayaba,
de un lado, la contribución de España
en el ámbito internacional en esta esfera y la
cooperación con los mecanismos del sistema
de derechos humanos de las Naciones Unidas,
así como, de otro lado, la actuación en clave
interna y, en este sentido, se destacaba la
aprobación por parte del Gobierno español,
en diciembre de 2008, del Plan de Derechos
Humanos, respecto del que, como es sabido,
las organizaciones no gubernamentales pretenden
hacer un seguimiento constante.
España debe mejorar algunos mecanismos,
reforzar la efectividad de otros y, en especial,
intensificar la labor de sensibilización, educación
y formación en derechos humanos
Cabe decir, finalmente, que la controversia
presente en el momento de su creación y la
dinámica que está llevando a cabo el Consejo
de Derechos Humanos en estos cuatro años de
existencia –así como renovadas consideraciones
de politización de los derechos humanos– suscitan,
en general, más sombras que luces hasta
el momento –aunque ahora no sea la ocasión
para entrar en ello–. No obstante, el reconocimiento
del compromiso de España con los derechos
humanos que significa la elección como
miembro del Consejo de Derechos Humanos
debe considerarse positivamente. También
debe considerarse positivamente el esfuerzo
hecho en paralelo respecto del examen periódico
universal. Pero si esto ya es bastante, lo
que también resulta claro es que sigue siendo
aún insuficiente, tanto en el plano internacional
como en el plano interno. Así, hay aún
demasiadas persones en demasiadas partes del
mundo para quienes los derechos humanos siguen
siendo un objetivo difícil de conseguir o,
tan sólo, una esperanza de un mundo mejor.
En nuestro país es también seguro que, en
clave interna y como se deriva de los mismos
resultados del examen periódico universal, deben
mejorarse algunos mecanismos, reforzarse
la efectividad de otros y, de manera especial,
hacerse una más intensa labor de sensibilización,
educación y formación en materia de derechos
humanos. Tarea que entidades como la
Asociación para las Naciones Unidas continúan
haciendo, pero que necesita, sin duda, mayor
compromiso y apoyo institucional.
1) Vid. R.A Alija Fernández, “¿Fénix o mito? El nuevo Consejo
de Derechos Humanos”, Revista de la Asociación para
las Naciones Unidas, nº 32, abril 2006, pp. 3-6.
2) Documento A/59/565, de 2 de diciembre de 2004.
3) Documento A/59/2005, de 21 de marzo de 2001.