julio 2010 - ANUE

Editorial
El respeto de los derechos fundamentales
en una etapa de recesión
En la difícil coyuntura política, económica,
pero sobre todo social y humana en que
hoy estamos es complicado conjugar tres
vectores:
- el respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales de todos,
- el mantener los derechos sociales y económicos
alcanzados por la sociedad del
bienestar,
- conciliar todo ello con una crisis económica
general y global.
La respuesta a la que deberíamos llegar,
apriorísticamente, sería que estas tres realidades
tal vez no pueden ser resueltas a
corto plazo, pero sí que deben ser, necesariamente,
asumidas por toda la sociedad y
no sólo por una parte de la misma. Avanzar
para salir de la trágica situación y buscar caminos
posibles no se puede hacer a través
de una constante lamentación ni de establecer
agravios comparativos a cualquier nivel
como hace tiempo que se está haciendo.
Construir un muro de las lamentaciones no
nos conduce a ninguna parte, por el contrario,
nos paraliza y nos lleva al pesimismo.
La sociedad asiste como actor perjudicado
a debates estériles, poco realistas e inadecuados,
con la realidad del día a día, por parte
de los gobernantes, dirigentes políticos, partidos,
pero también por los llamados agentes
sociales y económicos. Seguramente no todos
ellos son culpables de la crisis o de haber llegado
donde estamos, pero sí que, por acción,
impericia, omisión o por miedo –a la hora de
tomar decisiones– han sido directa o indirectamente
los responsables. En definitiva, se ha
actuado sin la razonable previsión que correspondería
“a un buen padre de familia” en la
gestión de los intereses públicos y comunes
de la sociedad.
Pero debemos advertir, como Asociación
y como ciudadanos, que todas las normas o
cualquier decisión o política que se adopte
a partir de ahora –por muy estrictas, duras y
restrictivas que sean– no deben perder nunca
de vista el valor y principios normativos
esenciales que se fundamentan en el respeto
a los derechos fundamentales y en las
libertades públicas de todos y para todos.
Es el patrimonio más importante y preciado
que hemos alcanzado en nuestro envidiable
y envidiado Estado de derecho.
Hacer una política de contención del gasto
público, de evitar el lujo innecesario, de
no gastar más de lo que tenemos, de llevar a
cabo una arriesgada y no populista política
seria y, evidentemente, de actuar como una
Administración ágil, eficaz, transparente y
competente es lo que requiere y demanda
la sociedad para poder aceptar el sacrificio
personal o familiar que la situación pide.
Y también hemos de advertir y tener mucho
cuidado que buscando el camino de
salida no hacemos pagar los platos rotos a
quien no es culpable y, sobre todo, que no
limitamos los derechos individuales y colectivos
de las personas que más necesitan de
la solidaridad y cooperación, es decir, los
que menos derechos y beneficios han tenido
en el disfrute del Estado del bienestar.
El respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales no es un criterio
coyuntural o un lujo de la sociedad, sino
la base estructural de nuestra democracia,
cuyos límites no son negociables y son irrenunciables
hoy.
En la ANUE todavía creemos en valores
como la confianza, el esfuerzo, la transparencia
y la responsabilidad considerados
como la clave para ir definiendo un nuevo
camino de progreso social y económico. En
definitiva, recuperar los principios y valores
contenidos en el Preámbulo de la Carta de
las Naciones Unidas y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, y que han
orientado la mayoría de normas y constituciones
vigentes.
Nos jugamos mucho y todos podemos salir
perjudicados.
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