julio 2010 - ANUE

Naciones Unidas edito-
El examen periódico universal sobre
España en materia de derechos humanos
Xavier Pons Rafols. Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona.
Una de las grandes novedades que incorporó
la creación del Consejo de Derechos Humanos
(CDH) realizada mediante la resolución
60/251, de la Asamblea General de 15 de marzo
de 2006 1 , fue el establecimiento de un nuevo
mecanismo de examen periódico universal (en
adelante EPU) 2 sobre el cumplimiento por parte
de cada Estado de sus obligaciones y compromisos
en materia de derechos humanos. Este
nuevo mecanismo de EPU debía basarse en información
objetiva y fidedigna y debía garantizar
la universalidad del examen y la igualdad
de trato respecto de todos los estados. Aunque
todo el proceso que condujo a la creación del
CDH en sustitución de la anterior Comisión de
Derechos Humanos –uno de los más relevantes
resultados institucionales de la Cumbre Mundial
2005– giró entorno a la necesidad de recuperar
la credibilidad del sistema de las Naciones
Unidas de derechos humanos, lo cierto es que
no se había planteado, ni en las propuestas del
secretario general ni en el Documento final de
la Cumbre, un mecanismo de este tenor; por
lo que resulta más relevante todavía la voluntad
que se expresaba con el establecimiento
del EPU de avanzar hacia una universalidad en
materia de derechos humanos, que permitiera
hacer frente tanto a su politización como a las
propias limitaciones de los mecanismos hasta
entonces existentes, ya fueran éstos convencionales
o extraconvencionales.
Al año siguiente de su creación, el mismo
CDH adoptó su resolución 5/1, de 18 de junio
de 2007, de construcción institucional del Consejo,
en la que, entre otros aspectos, se establecieron
las modalidades del nuevo mecanismo
de EPU 3 . Aunque ya fue objeto de un comentario
en esta misma Revista 4 , debe subrayarse
brevemente que nos hallamos ante un mecanismo
intergubernamental, es decir, conducido
por los estados 5 ; así, son los mismos estados
miembros del CDH los que integran el Grupo
de Trabajo que procede al examen “interactivo”
del Estado que es sometido al examen. El
examen se basa en tres documentos de base:
de un lado, el informe nacional presentada por
el propio Estado examinado; de otro lado, un
informe-compilación preparado por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos con toda la información
relacionada con el Estado examinado
y contenida en los informes de los órganos de
tratados, los procedimientos especiales y otros
documentos oficiales de las Naciones Unidas;
finalmente, un tercer informe-resumen, preparado
también por la Oficina del Alto Comisionado,
con toda la información creíble y
fidedigna adicional que proporcionen otros
interlocutores pertinentes, principalmente organizaciones
no gubernamentales, sobre la
situación de los derechos humanos en el país
objeto de examen.
Aunque estemos en un primer ciclo de examen,
ya existen muchas voces que reclaman revisar
las modalidades de funcionamiento del EPU
Una troika de tres estados elegidos por el
mismo Consejo facilita el examen, ordena las
preguntas que se planteen y dirige el diálogo
interactivo que todos los estados que lo deseen
–ya sean estados miembros del Consejo o estados
observadores ante el Consejo– mantienen
con el Estado objeto de examen durante
la sesión de escasamente tres horas dedicada
a cada Estado. A mi juicio, este elemento interactivo
y de cooperación con el Estado examinado
es altamente relevante y se plasma,
asimismo, en la parte final del EPU constituida
por las conclusiones y/o recomendaciones del
examen. Atendiendo, en consecuencia, a que
el Estado objeto de examen ha de involucrarse
plenamente en el resultado del examen, en
los informes finales –con recomendaciones que
son tanto de carácter general como de carácter
muy específico– se distinguen claramente las
recomendaciones que cuentan con su apoyo
de aquellas que no lo tienen. Se ha puesto así
de manifiesto la tranquilidad con la que estados
poco proclives al respeto y promoción de
los derechos humanos pasan el EPU, limitándose
simplemente a listar todas las recomendaciones
que no comparten y, por tanto, las recomendaciones
sobre las que no piensan adoptar
ninguna medida, aunque éstas pudieran responder
a lo que de ellos exigen sus obligaciones
internacionales. En este sentido, y de cara
al futuro, habrá que ver si en un segundo ciclo
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