MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE

MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE / DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
1. Objetivos: Aumentar la transparencia y la participación efectiva de los ciudadanos en los
procesos de decisión sobre ordenación y gestión del suelo.
Asegurar los requisitos mínimos de un desarrollo urbano sostenible en base a unos principios
de sostenibilidad y a una evaluación ambiental previa.
Garantizar la disponibilidad de suelo para la vivienda protegida necesaria, exigiendo un
porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso.
Conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando
las prácticas de reclasificación y retención especulativa.
Facilitar las políticas urbanas en la línea de los anteriores objetivos.
2. Novedades
Establece por primera vez un estatuto mínimo de ciudadanía: no sólo mediante la enunciación
de ciertos principios y derechos, sino también mediante reglas generales garantizadoras de la
participación efectiva y la transparencia del sector:
Obliga a someter a información pública y exige publicar todos los instrumentos de ordenación
y gestión, incluidos los convenios urbanísticos.
Exige un resumen ejecutivo de los planes, en el que se diga con sencillez y claridad dónde y
en qué cambian la ordenación del suelo, para que los ciudadanos puedan saber en qué les
afecta. [Los planes suelen ocupar varias cajas de información técnica muy compleja, por lo
que esta medida persigue que la participación pueda ser realmente efectiva].
Se crea un Sistema de Información Urbana, con información sobre suelo y urbanismo en todo
el territorio nacional, gestionado por la Administración del Estado y que se hará público.
Se refuerza en diversos aspectos el papel de los Registros de la Propiedad para que acceda
a ellos y, por tanto, pueda ser de público conocimiento la información urbanística relevante,
protegiendo a los terceros de buena fe.
. Por un nuevo modelo de ciudad
Enuncia los principios básicos de movilidad, accesibilidad universal, eficiencia energética,
garantía de suministro de agua, prevención de accidentes graves y limitación de sus
consecuencias nocivas para la salud o el medio ambiente.
Establece, como criterio general de utilización de suelo, que se destine a la urbanización el
que sea necesario e idóneo para ello, y se preserve de la urbanización y se conserven los
valores naturales del resto.
Refuerza la regulación básica de la evaluación ambiental de los planes urbanísticos y se
establece el deber de justificar la sostenibilidad económica de los nuevos desarrollos
urbanísticos y de hacer un seguimiento de ellos.
Fomenta la optimización de los tejidos urbanos existentes (mediante técnicas como la
regulación de la posible superposición de usos para facilitar operaciones tales como las
de soterramiento de infraestructuras, que “cosen” el tejido urbano, o la regulación de las
actuaciones de dotación).
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