MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE

MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE / DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
No podrán tener un plazo de vigencia superior cuatro años prorrogables por otros dos. (Art. 279 Ley
30/2007).
Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (Art 11 Ley 0/200 ):
Aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo
determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de
financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la
financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento
de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general,
comprensa alguna de entre diversas prestaciones que se indican( construcción, gestión integral,
fabricación de bienes y prestación de servicios que incorporen tecnología avanzada, y otras prestación
de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés
general que le haya sido encomendado).
Son contratos especiales los de objeto distinto a los anteriormente expresados pero que tengan
naturaleza administrativa especial o resultar vinculados al giro o tráfico específico de la administración
contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la especifica
competencia de aquella, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos
privados, o por declararlo así una Ley. (art 19, 1,b) Ley 30/2007).
Contratos Privados:
En los contratos privados nos encontramos con un doble ámbito normativo. Por una parte las
relaciones derivadas del contrato se rigen por el ordenamiento jurídico privado, pero por otra el
procedimiento de selección del contratista y la adopción de los correspondientes acuerdos se rigen
por el derecho administrativo.
Tendrán esta consideración los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector
público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas, así como los celebrados por una
Administración Pública que tengan por objeto servicios financieros, la creación artística y literaria o
servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas
y bases de datos, así como cualesquiera otros contratos distintos de los contemplados entre los
administrativos, salvo los considerados excluidos de la Ley de contratos.
. . Elementos de los contratos
Los contratos administrativos, incluidos los especiales, se regirán en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y sus disposiciones de
desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y en su
defecto, las normas de derecho privado
Los contratos privados, se regirán en todo caso en cuanto a su preparación y adjudicación, en
defecto de normas especificas, por la Ley 30/2007 y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho
privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y
extinción, por las normas de derecho privado.
Requisitos de los contratos: Los contratos de las Administraciones públicas se ajustarán a los
principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones establecidas en la presente Ley, y, en
todo caso, a los de igualdad y no discriminación.
Sujetos de los contratos: El primero de ellos es la Corporación Local correspondiente; debiéndose
de distinguir que órgano es el competente para suscribir el correspondiente contrato.
A saber, es competencia del alcalde siempre que el precio de los mismos no supere el 10% de los
recursos ordinarios del Ayuntamiento, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años y siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el
porcentaje indicado, competencia que se extiende a la adquisición de bienes y derechos cuando su
valor no supere el 10% mencionado. En caso contrario, la competencia recae en el Pleno Corporativo
del Ayuntamiento respectivo.( Disposición adicional segunda, 1 de la Ley 30/2007.)