MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE

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MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE / DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA reglamentariamente establecido. Las licencias urbanísticas se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, salvo que afecten al dominio público o suelos patrimoniales. El otorgamiento o la denegación de las licencias urbanísticas deberán ser adecuadamente motivadas, indicando las normas que los justifiquen. En particular el Ayuntamiento, en ejercicio de su potestad de defensa de los bienes públicos, denegará las licencias urbanísticas cuyo otorgamiento produzca la ocupación ilegal del dominio público. Además de lo dispuesto en materia de competencia y procedimiento por la legislación de régimen local, las licencias urbanísticas se otorgarán conforme a las siguientes reglas: Las solicitudes se acompañarán de la documentación necesaria para valorarlas, que se determinará reglamentariamente. Los servicios jurídicos y técnicos municipales, o en su defecto de la Diputación Provincial, emitirán informe sobre la conformidad de la solicitud a la legislación y al planeamiento aplicables. Cuando sean preceptivos informes de otras Administraciones públicas, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para que resuelvan en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual los informes se entenderán favorables y las autorizaciones concedidas, salvo cuando la legislación del Estado establezca un procedimiento diferente. Cuando sean preceptivas autorizaciones de otras Administraciones públicas, el interesado deberá acompañarla junto a la solicitud de licencia ante el Ayuntamiento, o acreditar haberla obtenido por silencio administrativo. Cuando además de licencia urbanística se requiera autorización ambiental de conformidad con la Ley ésta deberá preceder siempre a la licencia. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para otorgar licencias parciales, que deberán exigir que las fases autorizadas resulten técnica y funcionalmente autónomas. Cuando la licencia urbanística imponga condiciones especiales que hayan de cumplirse en la finca a la que afectan, podrán hacerse constar en el Registro de la Propiedad. Corresponden al Municipio las siguientes competencias de protección de la legalidad urbanística en su término municipal: 2 • La inspección urbanística. • La adopción de medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. • La imposición de sanciones a las infracciones urbanísticas. Cuando el Ayuntamiento no ejerza dichas competencias, las mismas corresponderán a la Comunidad Autónoma. La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá competencias de protección de la legalidad urbanística en cuanto afecte a intereses supramunicipales, en especial en cuanto a las parcelaciones urbanísticas y demás usos del suelo rústico prohibidos o sujetos a autorización. Cuando se esté ejecutando algún acto que requiera licencia urbanística, sin que haya sido otorgada dicha licencia o en su caso una orden de ejecución, o bien sin respetar las condiciones de la licencia u orden, el Ayuntamiento dispondrá: • La paralización de los actos en ejecución, con carácter inmediatamente ejecutivo. • La incoación de procedimiento sancionador de la infracción urbanística y de restauración de la legalidad. La actividad urbanística pública corresponde a los municipios, sin perjuicio de las competencias que estuvieran expresamente atribuidas a otras Administraciones públicas en la legislación vigente. Corresponde a las diputaciones provinciales, además de las atribuidas expresamente en la legislación
MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE / DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA autonómica, en especial la emisión de los informes técnicos y jurídicos correspondientes a los procedimientos de otorgamientos de licencias así como la asistencia y la cooperación técnica, jurídica y económica con los municipios, al objeto de facilitar el adecuado ejercicio de sus competencias.
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