MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE

MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE / DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
10. Relaciones con otras Administraciones
La Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 55 establece los principios a los que han de ajustarse
las relaciones entre la Administración del Estado y de la Comunidad con los entes locales: estos se
basan en el respeto a las competencias de las demás Administraciones, la valoración de la totalidad
de los intereses públicos en el ejercicio de las propias, el intercambio de información sobre la propia
gestión y la cooperación y asistencia activas quelas otras Administraciones pudieran precisar para el
eficaz cumplimiento de sus tareas.
10.1. La colaboración entre Administraciones Públicas
A efectos de facilitar la colaboración permanente entre la Administración del Estado y la Administración
Local la LBRL crea la Comisión Nacional de Administración Local. Esta, presidida por el ministro
de Administraciones Públicas estará compuesta por un número igual de representantes de las
Corporaciones Locales y de la administración del Estado.
Otro mecanismo de colaboración introducido en la LBRL por la Ley de medidas para la modernización
del gobierno local consiste en el impulso por parte de la administración del estado de mecanismos
de colaboración con las Comunidades Autónomas con el fin de crear órganos de cooperación
conjuntos en materia de régimen local, tanto bajo la forma jurídica de Conferencia Sectorial como
de otra naturaleza.
Igualmente dicha Ley prevé la adopción por parte del gobierno de medidas para hacer efectiva la
participación de las Entidades Locales, a través de la asociación de ámbito estatal más representativa,
en la formación de la voluntad nacional en la fase ascendente del proceso de elaboración de todas
aquellas políticas comunitarias que afectan de manera directa a las competencias locales.
10.2. Remisión de información
El artículo 56 de la LBRL establece la obligatoriedad de las Entidades locales de remitir a las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que
reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y
acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las Corporaciones
serán responsables del cumplimiento de este deber.
La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas pueden solicitar ampliación de la
información señalada, que deberá remitirse en el plazo máximo de veinte días hábiles, excepto en el
caso previsto en el artículo67 de la Ley (si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten
gravemente el interés general de España), en el que lo será de cinco días hábiles.
En tales casos se suspende el cómputo de los plazos para requerir la anulación del acto, que se
reanudarán a partir de la recepción de la documentación interesada. (Art. 64LBRL)
10. . Requerimientos e impugnaciones
Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las
respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento
jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto
en el plazo máximo de un mes
.El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará
en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.
La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá impugnar el
acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo señalado para la.
interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción,
contado desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al
de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro
del plazo señalado para ello
La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá también impugnar
directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin necesidad de