MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE

MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE / DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
.4. Administración de los bienes. Prerrogativas de las Entidades Locales
Los artículos 37 y siguientes del Reglamento de Bienes regulan la administración de los bienes de las
entidades locales.
Por su parte, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas en sus artículos 41 y siguientes
regulan las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos; y el Reglamento
de Bienes, en sus artículos 44 y siguientes profundiza en las mismas prerrogativas para las entidades
locales con respecto de sus bienes.
Estas son las siguientes:
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• La potestad de investigación.
• La potestad de deslinde.
• La potestad de recuperación de oficio.
• La potestad de desahucio administrativo.
La potestad de investigación implica la capacidad de investigar la situación de los bienes y derechos
que se presumiblemente formen parte de su patrimonio. Esta acción investigadora se podrá iniciar de
oficio o por denuncia de particular. Recibida denuncia o comunicación se realizará un estudio previo
y, si se acordase la iniciación del expediente se publicará en el Boletín Oficial de la provincia. Tras
un periodo de alegaciones y presentación de pruebas, regulado en el Reglamento de Bienes, previo
informe del secretario, la corporación adoptará la resolución que proceda.
La potestad de deslinde consiste en la realización de las operaciones técnicas de comprobación y en
su caso de rectificación para delimitar la finca de que se trate y declarar provisionalmente la posesión
de hecho sobre la misma.
El expediente de deslinde se iniciará mediante acuerdo que se tomará previo examen de una memoria
que justificará el deslinde, describirá las fincas afectadas y hará referencia a los títulos de propiedad,
datos registrales y situaciones posesorias.
Iniciado el deslinde se notificará el acuerdo a los dueños de las fincas colindantes y a titulares de
derechos sobre las mismas y se publicará en el Boletín Oficial de la provincia. Tras un periodo de
alegaciones y pruebas se iniciará el deslinde, fijándose por un técnico los linderos de la finca y
extendiéndose el acta correspondiente. El acuerdo de deslinde es ejecutivo y puede impugnarse en
vía contencioso administrativa. Una vez firme se procederá al amojonamiento.
La potestad de recuperación de oficio consiste en la posibilidad de recobrar por si la posesión
indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio. Si los bienes tienen la condición
de demaniales, se podrá ejercitar en cualquier tiempo. Con respecto a los bienes y derechos
patrimoniales el plazo para recobrarlos por este procedimiento será de un año, a contar del día
siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo habrá que
recurrir ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Puede iniciarse de oficio o por denuncia. Requiere de acuerdo previo de la corporación en el que
se acreditará la posesión salvo que se trate de usurpaciones recientes y habilita a las Corporaciones
Locales para utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos, sin perjuicio de que si
los hechos usurpatorios tienen apariencia de delito se pongan en conocimiento de la autoridad
judicial.
La potestad de desahucio administrativo consiste en recuperar en vía administrativa la posesión
de sus bienes, incluso con la facultad de desalojar a los ocupantes de bienes de dominio público o
comunales de las entidades locales cuando el derecho que tuvieran a ocuparlo en virtud de contrato,
concesión o cualquier otro título se hubiera extinguido. Su procedimiento está recogido en los
artículos 120 y siguientes del Reglamento de Bienes.