MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE

MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE / DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
disponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestión del personal.
• Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo con el presupuesto
aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión
de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, la separación del servicio de los
funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la LBRL con respecto a los funcionarios
con habilitación de carácter nacional, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y las demás
decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano.
• El nombramiento y el cese de los titulares de los órganos directivos de la Administración
municipal.
• El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia.
Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos.
• Ejercer la potestad sancionadora salvo que por Ley esté atribuida a otro órgano.
Las demás que le correspondan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. La concesión de
licencias, las competencias en materia de contrataciones y concesiones administrativas, el desarrollo
de la gestión económica y la autorización de gastos así como las funciones en materia de personal (a
excepción de la aprobación de la relación de puestos de trabajo, de las retribuciones del personal, de la
oferta de empleo público, de la determinación del número y del régimen del personal eventual y de la
separación del servicio de los funcionarios) así como el ejercicio de la potestad sancionadora, podrán
ser delegadas en los tenientes de alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno Local, en los
demás concejales, en los Coordinadores Generales, Directores Generales o en órganos similares.
.4. Otras especialidades organizativas
De entre las especialidades organizativas previstas por la Ley para los Municipios de Gran Población,
destacan las siguientes:
Los ayuntamientos deberán crear Distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos
de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de
los asuntos municipales, siendo competente para ello el Pleno de la Corporación. La Presidencia del
Distrito corresponderá a un concejal.
La Ley prevé la existencia de un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al alcalde,
Junta de Gobierno Local y órganos directivos. El titular de la Asesoría Jurídica será nombrado y
separado por la Junta de Gobierno Local entre funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos
para los que se exija título superior debiendo ser además licenciados en derecho.
La LBRL (art 130) delimita los órganos superiores y directivos municipales. Así, considera órganos
superiores al alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local y órganos directivos a los
Coordinadores Generales de cada área, Directores Generales y similares, así como a los titulares de
distintos órganos. El mismo artículo determina los requisitos para los nombramientos de los titulares
de estos órganos directivos.
En los municipios de gran población existirá, además, un Consejo Social de la Ciudad, integrado
por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más
representativas que informará y elaborará estudios y propuestas en materia de desarrollo económico
local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.
Existirán órganos de gestión económico-financiera y presupuestaria que serán determinados por
el reglamento orgánico municipal.
Podrá existir un Órgano de Gestión Tributaria responsable de ejercer como propias las competencias
que a la Administración Tributaria local le atribuye la legislación tributaria. Existirá una Intervención
General municipal, responsable del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria.
Existirá igualmente un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.