Transcripción del Taller de Quejas - Ecologistas en Acción

uena parte de sus normas: crea derechos e impone obligaciones sin necesidad de ninguna
intervención previa por parte de los Estados.
Este derecho tiene primacía en supuestos de colisión con el derecho interno, sea cual sea este,
incluyendo la constitución.
Control del cumplimiento del Derecho Comunitario
Este control se hace a través de determinados instrumentos como las reuniones y contactos
oficiales con las administraciones afectadas, donde se hacen recomendaciones y se sugieren
medidas para solucionar o prevenir posibles irregularidades.
Después de estos contactos, la Comisión puede tomar la decisión de abrir un procedimientos por
incumplimiento, que es válido para todo tipo de infracciones y para lo cual la Comisión dispone
de discrecionalidad absoluta. Las tres categorías fundamentales por las cuales puede decidir
abrir este procedimiento son la no comunicación (no incorporación o incorporación tardía de las
directivas al derecho interno), incorrecta transposición (la incorporación al derecho interno
ocurre pero de forma incompleta o deficiente) y la mala aplicación de las directivas.
Procedimiento por incumplimiento
Este procedimiento se recoge en el Art. 226 del Tratado y dispone de una fase pre-contenciosa,
que delimita el objeto del litigio, y que posibilita la contradicción (posibilita al EM a
argumentar su posición y preparar la defensa). Durante esta fase se puede evitar la demanda
(mediante el acercamiento del EM al problema) y permite la eliminación del incumplimiento.
Existen unas reuniones”paquete” en las que existe un intercambio fluido de información que
permite alcanzar soluciones negociadas. Es importante señalar que en todo este proceso se
produce un acercamiento positivo del EM al problema. En esta fase pre-contenciosa, a menudo
iniciada por una queja, el procedimiento comienza con el envío de una carta de emplazamiento,
lo que constituye el primer requerimiento de la Comisión al EM, seguido del dictamen
motivado, donde se conmina ya al Estado infractor a poner fin a la infracción. Después vendría
una fase contenciosa en la que la Comisión puede presentar un recurso por incumplimiento y se
inicia un procedimiento ante el TJCE que podrá emitir una sentencia declarativa.
Si existe sentencia, el EM está obligado a cumplirla. La Comisión puede pedir informes de las
medidas tomadas por el EM para la ejecución. Si sospecha o considera que no se ha ejecutado
satisfactoriamente la sentencia, tras un nuevo procedimiento (solicitud de información, carta de
emplazamiento, dictamen motivado), puede presentar nuevo recurso ante el TJCE, que podrá
emitir nueva sentencia, esta vez si con consecuencias económicas (multa coercitiva y/o cantidad
a tanto alzado).
Función del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) en el proceso
Toda comunicación oficial con la COMISIÓN se hace a través de la SEUE/REPER (la
Secretaría de Estado para la Unión Europea y la Representación Permanente en Bruselas)
El MAEC no tiene una competencia sustantiva en materia medioambiental para definir las
medidas a adoptar; en este sentido, ni propone, ni entra en el trasfondo de los temas, sino que
sirve para coordinar a las distintas administraciones públicas españolas en relación a la
respuesta que va a dar a la Comisión, insistiendo en el sentido de que esa respuesta se haga en
tiempo hábil, que se respeten los plazos, que sean congruentes y unitarias, y jurídicamente
adecuadas a lo que se está solicitando.
Esta función de coordinación que hace el MAEC pretende por tanto:
• resolver controversias entre las distintas administraciones públicas intervinientes Esto
es importante al existir amplia distribución competencial en la materia, por tratarse de
un Estado tan descentralizado como el español.
• velar por la coherencia en la tramitación formal del procedimiento en sus distintas fases,
pre-contenciosa y contenciosa. La coherencia es muy importante porque el expediente,
desde la primera solicitud preliminar de información por parte de la Comisión, es visto
por el MAEC como pre-contencioso que podría derivar a contencioso, y las respuestas
del Estado español pueden eventualmente comprometer la Defensa Jurídica ante el
TJCE; si se llegara a esta situación el caso ya solo se circunscribe a dos partes, la
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