Transcripción del Taller de Quejas - Ecologistas en Acción

tener en cuenta que España ingresó en la Comunidad Económica Europea en 1986). Sin
embargo contrasta con el dato de que el número de cuestiones prejudiciales planteadas por
órganos jurisdiccionales españoles ante el TJCE, en función del artículo 234 en el mismo
periodo es cero. Es impresionante que cuatro países que son beneficiarios de fondos
estructurales europeos (España, Portugal, Grecia, e Irlanda) no hayan planteado o pedido una
interpretación del derecho comunitario al TJCE; existe una clara correlación entre la madurez de
los jueces y esta situación. Por el contrario Italia está a la cabeza de esta lista, reflejando que los
jueces italianos están plenamente implicados en el desarrollo y en la discusión democrática,
económica, y política de su país. El segundo país que más cuestiones prejudiciales ha planteado
es Países Bajos; esto es debido a que el 65% de su PIB procede de la exportación, la actividad
económica está muy volcada al exterior, por lo tanto es un país interesado en una interpretación
común del derecho comunitario.
Volviendo a los 21 casos en que ha habido sentencias del TJCE contra España, las causas fueron
principalmente ausencia de transposición de la legislación, ausencia de puesta en marcha de
programas, o ausencia de designación de zonas naturales vulnerables (caso de las marismas de
Santoña). En algunos casos España asumió su error, y en otras ocasiones pretendió alegar que
las Comunidades Autónomas no habían cumplido sus obligaciones. Este es un argumento
político, no jurídico, ya que el Estado miembro es responsable de todo su territorio ante la
Comisión europea, con lo cual esta defensa no le ha servido nunca a España. Un cuarto tipo de
sentencias contra España son las que se han referido a la mala aplicación del derecho
comunitario. Excepto en la condena por incumplimiento de la Directiva de Aguas de Baño, en la
que España alegó como defensa (aunque no le sirvió de nada) la existencia de sequía., en el
resto de casos no ha alegado ninguna defensa. Es decir, España siempre que ha sido llevada ante
el TJCE ha sido condenada, nunca España ha podido defenderse.
Conclusiones de la situación en España
Ausencia de política central de control.
No hay una política nacional en España de control de la política medioambiental europea. Es
cierto que gran parte de las competencias en materia de medioambiente están en las
Comunidades autónomas; por tanto estas son responsables de trasponer y aplicar la legislación
ambiental europea, pero ¿quién controla a estas Comunidades? No hay una administración o un
órgano central que se encargue de esta labor de velar por la correcta aplicación de la legislación
europea. Esta es una carencia, muy seria desde el punto de vista europeo, común a la mayoría de
EM con fuerte poder del nivel regional (Alemania, Bélgica, Italia, Austria, España...). Este
problema que el gobierno central prefiere ignorar; no existe posibilidad de presentar quejas por
parte de individuos ante el gobierno central. Parece que el defensor del pueblo español piense
que el pueblo puede vivir sin el medio ambiente (sin embargo claramente la biosfera “puede
vivir” sin los seres humanos, pero los seres humanos no pueden vivir sin la biosfera.) Esta
situación podría ser diferente si el defensor del pueblo español fuera una figura que sirviera y se
utilizara para quejas medioambientales.
Artículo 226 insuficiente.
El artículo 226 del Tratado es insuficiente para proteger el Medio Ambiente. La Comisión
Europea puede desarrollar este control de la aplicación, pero no puede sustituir al Estado
miembro en su obligación de aplicar la legislación.
Las quejas representan un porcentaje pequeño de las infracciones
Las quejas introducidas a nivel comunitario son un pequeño % de la situación medioambiental
en España y por encima de esto, la mayoría no llegan al TJCE. Ha habido casos flagrantes que
no han llegado al TJCE como la presa de Itoiz, los parque eólicos en Fuerteventura o Tarifa, el
parque de Doñana, los residuos de lindano en el País Vasco, la ampliación de Barajas, Bahía de
Portman,...) En todos estos casos el tribunal no ha tenido oportunidad de pronunciarse,... sería
útil al menos un mayor pronunciamiento de los tribunales españoles en este sentido. El sistema
de quejas soluciona un porcentaje muy pequeño de las infracciones, con lo cual, a largo plazo, la
solución debe encontrarse en España, no en Bruselas.
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