Transcripción del Taller de Quejas - Ecologistas en Acción

Con respecto al número de quejas que se han archivado relativas a procedimientos de
evaluación de impacto ambiental, pues tampoco tengo exactamente los datos pero
aproximadamente el sector de impacto representa el 20% de las quejas en España en el área de
medio ambiente. Las razones de su archivo son fundamentalmente porque como expliqué antes,
la directiva es de carácter eminentemente procedimental, por lo que en el caso de que se
demuestre que el procedimiento ha sido respetado por las autoridades españolas, la Comisión
generalmente cierra el asunto. La Comisión no tienen los medios tampoco para comprobar si las
evaluaciones que se han realizado han sido correctas en sus diversos puntos, solo puede
cerciorarse de que todos los puntos han sido respetados escrupulosamente, pero entrar a si el
impacto sobre tal especie o sobre tal hábitat ha sido evaluado correctamente obviamente escapa
a la capacidad de la Comisión. Hay que recordar además que la Comisión tiene la carga de la
prueba ante el TJCE por lo que tiene que disponer de todos los elementos probatorios que
asegurarse de que va ganar el caso, ya que de lo contrario se sentaría un precedente que iría en
contra de la Dirección General de Medio Ambiente. Hay un porcentaje pequeño de casos en los
que hay errores procedimentales pero que afortunadamente durante el transcurso del
procedimiento de infracción son solucionados por las autoridades del EM. Sin embargo la
mayoría se archivan por falta de elementos probatorios como digo, y esa es la razón de que de
un elevado número de quejas sobre este tema, solo una fracción muy pequeña llegue al TJCE.
No es una directiva que permita muchas intervenciones porque insisto que es de carácter
procedimental.
En relación a los fondos europeos, como ya se ha comentado esta mañana, cuando se recibe una
queja, la DG de Medio Ambiente asocia de oficio a todas las Direcciones Generales que están
implicadas. Si es un proyecto de agricultura y tiene implicados fondos agrarios, se asocia a la
DG AGRI, si tiene una financiación europea y la DG de Medio Ambiente lo sabe, asocia de
oficio a la DG de Política Regional, y antes de tomar cualquier decisión sobre el asunto en
cuestión, las DG implicadas serán consultadas previamente para que puedan expresar su
opinión. La paralización de fondos no se hace automáticamente cuando se recibe una queja, sino
únicamente cuando se constata la infracción, porque obviamente la DG prefiere también
escuchar primero las alegaciones del EM antes de aferrarse únicamente a lo que afirma el
denunciante.
Belén López Precioso (BLP):
Respecto a las preguntas que se me han dirigido:
En relación al significado de interés público de primer orden, esto se va Concretando en una
sentencia sobre ZEPAs, de las primeras en esta materia, que es la sentencia de LEYBUTCH
(Asunto C-57/89), que es una de las cosas que luego dio lugar a la redacción del 6.3 y el 6.4 de
la Directiva Hábitats. Hay luego algunas otras sentencias que mencionan el tema del interés
público, pero creo que no tienen que ver con medio ambiente, y no tengo aquí la información
por lo que no la puedo mostrar. La Comisión en su manual dice que el interés tiene que ser
público por lo que cualquier proyecto cuyo interés solo redunde en empresas o personas
particulares no entra en esta definición. También dice que para que el interés público sea de
primer orden tiene que ser un interés a largo plazo. El Manual dice que: “resulta lógico
considerar que las razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de
índole social y económica, se refieren a situaciones en las que los planes o proyectos
demuestren ser indispensables en:
1) en el marco de medidas o políticas destinadas a proteger valores fundamentales en la vida de
los ciudadanos ( seguridad, salud, medio ambiente), 2) en el marco de políticas fundamentales
para el estado de la sociedad, 3) en el marco de la realización de actividades de naturaleza
económica o social para cumplir obligaciones específicas de servicio público
Aquí los Estados miembros tendrán que acreditar que el interés es público de primer orden.
ALC:
Hay una caso también publicado en el DOCE, relativo a una autovía en Alemania, donde la
Comisión se pronuncia y dice que es de primer orden, y lo justifica en que la Alemania Oriental
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