Transcripción del Taller de Quejas - Ecologistas en Acción

Las directivas de EIA disponen de tres medios para alcanzar los objetivos de la EIA (que son
principalmente conocer los efectos del proyecto y permitir la participación pública):
- Facilitar a las autoridades competentes información adecuada que les permita decidir
sobre un determinado proyecto con pleno conocimiento de sus posibles impactos
significativos sobre el medio ambiente
- Informaciones y consultas a una serie de autoridades competentes y al público
- Un procedimiento de evaluación reglado, establecido en la directiva 85/337
Marco jurídico
- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, modificada por la Directiva
97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación estratégica de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente. (Aplicable desde el 21 de julio de 2004). Esta directiva se adoptó porque
con la aplicación de la anterior en ocasiones se había visto que los proyectos formaban parte
de programas y una vez que el proyecto estaba ya adoptado dentro de estos planes, la
evaluación no podía permitir la adopción de modificaciones suficientes para prevenir
afecciones mayores al MA, porque en muchas ocasiones los proyectos se adoptaban en
virtud de planes que habían sido adoptados previamente, y lógicamente es recomendable
hacer una planificación de afecciones, para asegurar que los proyectos sean ejecutados de
una forma coherente a nivel nacional.
- Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por
la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. (Plazo de transposición: 25 de junio de
2005). Esta directiva traspone las disposiciones del Convenio de Aarhus en materia de
información pública, participación del público y acceso a la justicia.
Directiva 85/337/CEE
Principales obligaciones
La obligación básica la establece el artículo 2.1, que dice los Estados miembros deben adoptar
las medidas necesarias para que, antes de conceder la autorización, los proyectos que puedan
tener efectos significativos en el medio ambiente en virtud de su naturaleza, dimensiones o
localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con
respecto a sus efectos.
La evaluación debe identificar, describir y evaluar los efectos directos y los efectos indirectos
que puede tener el proyecto sobre el MA. La directiva entiende el MA en un sentido muy
amplio, porque a menudo tendemos a identificar el MA con la naturaleza, pero la directiva
considera que bajo esta acepción hay que considerar el ser humano, la fauna y la flora, el suelo,
el agua, el aire, el clima y el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la
interacción entre todos estos factores (este último punto no estaba recogido en la transposición
española pero que posteriormente fue corregido).
Proyectos evaluables
¿Que proyectos deben ser sometidos a evaluación? El artículo 2.1 habla de cualquier proyecto
que pueda tener efecto sobre el MA, pero el artículo 4.1 especifica, que aquellos proyectos
descritos en el anexo I deben someterse obligatoriamente a EIA, luego en esos casos no hay
lugar a interpretaciones. En relación con otros proyectos reconocidos en el anexo II establece
una obligación para los EEMM que es la de determinar, bien caso por caso (screening), o bien
estableciendo una serie de umbrales o criterios o un enfoque combinado de los dos, cuales de
ellos deben ser sometidos a un procedimiento de EIA. Para esto los EEMM deben tener en
cuenta los criterios establecidos en el anexo III. Además en el artículo 4 se dice que los EEMM
velarán porque el público pueda tener acceso a las resoluciones de las autoridades competentes
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