Transcripción del Taller de Quejas - Ecologistas en Acción

más dificultades. Pero no hemos de olvidar que la reciente normativa comunitaria está a nuestro
favor, especialmente a partir del Convenio sobre "acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente",
Convenio de Aarhus, ampliamente conocido por mis amigos de Ecologistas en Acción, que
reconoce de forma generalizada la legitimación para las ONG de medio ambiente en los
aspectos que a éste atañen. Y de la que se han hecho eco las siguientes Directivas:
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Cuyos Considerandos 15 y 18 afirman:
(15)
A fin de contribuir a dotar de mayor transparencia el proceso decisorio y a fin de
garantizar que la información presentada para la evaluación sea exhaustiva y
fidedigna, es necesario establecer que las autoridades competentes en la cuestión
medioambiental de que se trate y el público sean consultados durante la evaluación de
los planes y programas y, además, deben fijarse unos plazos adecuados con tiempo
suficiente para las consultas, incluida la expresión de opiniones.
(18)
Los Estados miembros garantizarán que, cuando se adopte un plan o programa, las
autoridades competentes y el público estén informados y tengan acceso a la
información pertinente.
- Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa
al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva
90/313/CEE del Consejo.
Que, en sus Considerandos 1 y 11 señala como motivos que han impulsado la Directiva,
reconocer un mayor acceso del público a la información medioambiental y la difusión de tal
información, porque ello contribuye:
+ a una mayor concienciación en materia de medio ambiente;
+ a una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales y, en
definitiva,
+ a la mejora del medio ambiente.
- Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la
que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se
refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y
96/61/CE del Consejo.
Que reitera estas afirmaciones en los Considerandos 3 y 4. Al subrayar que:
- La participación real del público en la adopción de las decisiones sobre medio ambiente:
+ le permite expresar opiniones e inquietudes;
+ las autoridades decisorias las pueden tener en cuenta;
+ se favorece la responsabilidad y la transparencia del proceso decisorio;
+ se contribuye a la toma de conciencia por parte de los ciudadanos sobre los problemas
medioambientales; y
+ se da respaldo público a las decisiones adoptadas.
(4)
Por consiguiente, debe fomentarse la participación pública, incluida la de
asociaciones, organizaciones y grupos y, en particular, la de organizaciones no
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