Transcripción del Taller de Quejas - Ecologistas en Acción

La Directiva 2003/35/CE, una de las modificaciones principales que realiza, mediante su
artículo 10 bis es la posibilidad de presentación de un recurso al que tiene acceso cualquier
persona que demuestre tener un interés suficiente, o que sostenga el menoscabo de un derecho.
Posteriormente además la directiva, en una interpretación amplia del convenio de Aarhus,
estipula que cualquier ONG con interés en el MA está de base legitimada para interponer este
recurso. Este recurso está dirigido a impugnar la legalidad en cuanto al fondo o al procedimiento
de las decisiones, acciones u omisiones en el ámbito de aplicación de la Directiva, es decir,
cualquier ONG que considere que el procedimiento de EIA ha tenido irregularidades tanto en el
fondo como en las formas, tiene derecho a interponer este recurso, que además debe ser un
procedimiento justo, equitativo, rápido y no excesivamente oneroso. Este es un recurso en el
ámbito nacional, por lo que es una iniciativa que debe ser previa (filtro) a recurrir a las
autoridades comunitarias. La directiva no excluye la posibilidad de un recurso administrativo
previo que puedan recibir las autoridades nacionales, ni tampoco excluye la posibilidad de que
las autoridades nacionales elijan agotar la vía administrativa antes de acudir a este tipo de
recursos.
Comparación del procedimiento de EIA establecido en la Directiva 85/337 y el
procedimiento de evaluación establecido en el art. 6.3 de la Directiva Hábitats
La Directiva Hábitats establece que cualquier plan o proyecto que sin tener relación directa con
la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los
citados lugares, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta sus objetivos de conservación.
La directiva 85/337 es una directiva eminentemente procedimental, lo que significa que
establece una serie de garantías para conseguir los objetivos de participación del público y de
conocimiento de las posibles afecciones de forma previa a la decisión sobre la autorización de
un proyecto, pero el resultado de la evaluación no tiene porque modificar la decisión, es decir,
es perfectamente posible que la evaluación reconozca que la realización del proyecto tenga
afecciones al MA y sin embargo el proyecto se lleve adelante, sin que ello implique una
violación de la Directiva, ya que no solo el Medio Ambiente es lo tenido en cuenta a la hora de
decidir sobre proyectos, sino que también se consideran otros factores como el progreso
económico, la necesidad de infraestructuras, etc. Cada estado es libre para organizar sus
recursos de la manera que más le convenga, y en el caso de que no haya espacios natura 2000,
no existe ningún condicionante previo.
Sobre la conveniencia de utilizar el procedimiento reglado de EIA de la directiva 85/337 para
las evaluaciones del artículo 6.3 de la directiva Hábitats, la propia exposición de motivos de la
directiva 97/11 establece que “el criterio de localización relativo a las áreas de protección
especial de la Directiva de Aves o de Hábitats no implica necesariamente que los proyectos
situados en esas áreas tengan que ser automáticamente sometidos a una evaluación con arreglo a
la presente Directiva”, sin embargo la Comisión considera, y así lo estableció en la guía
interpretativa del artículo 6.3, que es recomendable y muy aconsejable utilizar dicho
procedimiento para las evaluaciones del artículo 6.3 de la directiva Hábitats ya que este artículo
no establece ningún tipo de procedimiento, y simplemente habla de una evaluación apropiada.
Directiva 2001/42/CE
Esta es la directiva de Evaluación Estratégica de Planes y Programas, aplicable desde el 21 de
julio de 2004. Los objetivos de esta directiva son muy similares a los de la directiva 85/337,
aunque en lugar de aplicarse a proyectos concretos se aplica a planes y programas que tienen un
alcance mucho más general que proyectos concretos. Estos objetivos son:
- Asegurar que las consecuencias ambientales de determinados planes y programas sean
identificadas y evaluadas durante su preparación y antes de su adopción.
- Permitir al público y las autoridades ambientales expresar su opinión.
- Asegurar que los resultados de la evaluación sean tomados en cuenta en el procedimiento de
planificación.
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