Comentario de particulares

su Anexo Único o con documentos similares discriminatorios en perjuicio de
determinados alimentos y bebidas, cuya supervisión en cuanto a la calidad y
tipo se dejara en poder de personas que no reúnen las condiciones técnicas y
profesionales para tal acción, ello representaría en graves violaciones a la
Constitución y al estado de derecho que debe prevalecer en todo tiempo para
todos los gobernados.
PREGUNTA 13.- En respuesta a la pregunta sobre los recursos públicos que
serán necesarios para asegurar el cumplimiento de los Lineamientos, se señala
que hasta que sean aprobados, se podrá emitir el Manual de Operación para
llevar a cabo la Certificación de los centros escolares en donde se expendan
alimentos y bebidas.
Si para la aplicación de los Lineamientos resulta de la mayor importancia el que
se conozca el costo de su operación, tanto en el ámbito federal como local, la
COFEMER no debiera dictaminar favorablemente un programa del que no se
conozca los alcances económicos que representan para la federación o para
los estados y municipios, ya que ello representarán cargas fiscales adicionales
o desviación de recursos aprobados para otros fines.
PREGUNTA 16.- En la acción propuesta por la SEP se establece que el
Anteproyecto establecerá (sic) una lista de alimentos prohibidos y de alimentos
permitidos, lo cual ya ha sucedido ilegítimamente puesto que, con la indebida y
unilateral emisión y difusión de los Lineamientos, los Secretarios de Educación
y de Salud ya han prejuzgado sobre la condición de alimentos y bebidas no
permitidas, inclusive aquí señaladas como “prohibidas”, en el Anexo Único del
que la propia COFEMER no tiene conocimiento, ya que ambas Secretarías lo
difundieron subrepticiamente, en flagrante incumplimiento a la Ley
correspondiente, con lo cual ya causaron graves daños y perjuicios a las
marcas y al prestigio de sus empresas titulares.
V.- CONCLUSIÓN
De ser aprobados los Lineamientos, a pesar de las graves anomalías jurídicas
del proyecto, así como de su Anexo Único o de documento de similares
características que lo sustituyera, por las acciones derivadas de su
implantación, provocarán graves daños a la Industria, quizá aún mayores a los
que ya se generaron por la simple difusión en los medios, con la posible
responsabilidad personal y patrimonial para los emisores del proyecto y para
las instituciones o dependencias de Estado que los difundieron.
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