Documents 24 - Fundació Carles Pi i Sunyer

1.4. Social o laboral
DOCUMENTS PI I SUNYER
La conciliación desempeña una importante función en los conflictos sociales. Así, en los artículos 63 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, se establece, como la general, la conciliación
administrativa como requisito previo al ejercicio de acciones ante los Tribunales; tentativa de convenio
entre las partes que se reitera una vez iniciado el correspondiente proceso (art. 82.2 del mismo texto
legal).
La conciliación se exige, asimismo, en el proceso de conflictos colectivos (art. 24 del Real Decreto-Ley 17/
77, de 4 de marzo, y 154.1 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril).
2. Mediación (Transacción)
Igual como sucede con la conciliación, la mediación (transacción) forma parte del ordenamiento civil,
penal, contencioso-administrativo y social.
2.1. Civil
La transacción como medio de evitar o poner fin a un pleito viene recogida en los arts. 1809/1819
del Código Civil, así como en el 2011 de la LEC de 1881, cuando se trate de bienes de menores e
incapacitados.
También se contempla, como posibilidad de carácter general, en los arts. 414.2, 415, 428 y 517.2 de la
LEC 2000.
Es de destacar que, en el Parlament de Catalunya, se encuentra para su trámite y, en su caso, aprobación,
un Proyecto de Ley de mediación familiar, que constituye un texto pionero en España sobre esta materia.
2.2. Penal
Es conocido que la LECrim de 1882 autoriza la acumulación en el proceso penal, de la acción civil, para
lograr el reconocimiento de los daños/perjuicios ocasionados a las víctimas del delito.
Esa acumulación, sin embargo, no desnaturaliza al carácter de la acción civil, lo que hace que acerca de
ella se pueda pactar o transigir (art. 1813 del Código Civil), y como se dispone, igualmente, en los arts.
106, 107 y 117 de la Ley procesal penal.
El Código Penal, en su artículo 130.4º, regula el perdón del ofendido, como una causa de extinción de la
responsabilidad penal, cuando así lo prevea la Ley, esto es, en los delitos de descubrimiento/revelación de
secretos, calumnia/injuria y daños por imprudencia (arts. 201.3, 215.3 y 267 del Código Penal).
La incidencia de los acuerdos entre las partes, en los procesos penales, se acrecienta, a consecuencia de
dos directrices legales que han sido objeto de potenciación: el principio de oportunidad y los efectos
favorables para el autor del delito de la reparación a las víctimas.
El principio de oportunidad, que permite decidir acerca de la conveniencia de ejercer o no la acción penal,
ensancha el campo de los acuerdos. Este principio, en el Código Penal de 1995, rige, en los delitos de
chantaje, contra la libertad sexual, societarios, contra el mercado y los consumidores y sobre la propiedad
intelectual e industrial. También en los arts. 18/19 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de
responsabilidad penal de los menores.
En el mismo texto legal, la reparación de las víctimas, que obliga a la adopción de los oportunos acuerdos,
opera a favor del delincuente al ser considerada: como circunstancia atenuante; para favorecer la suspensión
o sustitución de la pena; para la cancelación de antecedentes penales; y como causa de exención/reducción
de penas. Igual ocurre en el art. 19 de la citada Ley de menores, en el que la reparación provoca el
sobreseimiento del expediente.
12