Documents 24 - Fundació Carles Pi i Sunyer

DOCUMENTS PI I SUNYER
II. Las vías alternativas en el Libro Blanco de la Justicia, en el Informe sobre la Justicia en Cataluña
de la Fundació Carles Pi i Sunyer y en el libro Del modo de arreglar la Justicia editado por el
Tribunal Supremo en el otoño de 2000
El Consejo General del Poder Judicial, en 1997, realizó una radiografía sobre el estado de la Administración
de Justicia en España. Entre sus omisiones se encuentra un análisis del coste económico del proceso, así
como de las vías complementarias/alternativas para la solución de la litigiosidad.
Únicamente en su capítulo I, dedicado al acceso a la Justicia, se hace una breve indicación a la tendencia
a potenciar la intervención del abogado en las actividades de mediación, transacción y arbitraje con el
objetivo de disminuir el número de asuntos que acceden a los Juzgados/Tribunales.
Diferente actitud es la mantenida en el Informe Pi i Sunyer sobre la Justicia en Cataluña, de 1998, al
dedicar una de sus partes –concretamente la sexta, compuesta de dos capítulos– a las vías alternativas.
En el capítulo I se comenta la propuesta del Anteproyecto de Ley sobre organización y funcionamiento de
la Justicia municipal de paz en las ciudades. Es de notar que las líneas generales de esta propuesta han
sido recogidas en el Proyecto de Carta Municipal de Barcelona aprobado por el Ayuntamiento de esta
ciudad.
En el Capítulo II, bajo la rúbrica “Los mecanismos de colaboración y sustitución de la justicia ordinaria”,
se hace una exposición del fenómeno de las formas alternativas de resolución de disputas, de sus beneficios
e inconvenientes, clases, y sistemas alternativos, en los EE.UU., Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Reino Unido, España y Cataluña.
En la misma línea, el Tribunal Supremo, en el mencionado libro, hace un detallado desarrollo de las
medidas de evitación del proceso en las vías civil, penal, contenciosa y laboral. Encabeza esa exposición
recomendando la intervención mediadora, en general, de los Juzgados/Tribunales, en estos términos: «Se
establecerá en todo tipo de procesos, en la medida en que lo permita su respectiva naturaleza y con
independencia de los trámites previos de evitación del proceso que procedan, la preceptiva intervención
del Juzgado o Tribunal para instar a las partes a alcanzar acuerdos que una vez incorporados al proceso
pongan fin al mismo y eviten nuevas controversias judiciales sobre la misma cuestión».
La nueva redacción del artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial añade al mismo un segundo
inciso con la siguiente redacción: «Corresponde igualmente a los Jueces y Tribunales instar de las partes
a que lleguen a un acuerdo que evite el proceso o, en su caso, que ponga fin al mismo».
Seguidamente se examina la aplicación de esas medidas en cada uno de los procesos:
Proceso civil: Arbitraje. Se deberán adoptar medidas que faciliten el recurso al arbitraje, y doten de mayor
ejecutividad a la designación de árbitros por las partes, evitando la necesaria formalización judicial del
mismo y limitando las causas de nulidad del laudo arbitral.
Conciliación previa: Se establecerá la conciliación previa en los procesos en los que pueda ser eficaz esa
figura, como requisito de trámite dirigido a evitar el proceso, sin perjuicio de la posible transacción
judicial ulterior.
Mediación en procesos de familia: Se crearán equipos disciplinares o multidisciplinares, que colaborarán
con los Juzgados de Familia, y cuya actuación irá dirigida a conciliar los posibles intereses contrapuestos
en este ámbito.
Proceso penal: Se procurará evitar la incoación o, en su caso, se procurará la finalización del proceso
penal cuando se haya producido la reparación inmediata y total del daño causado a particulares e intereses
públicos en supuestos de infracciones menos graves sin violencia o intimidación ni grave peligro para la
vida e integridad de las personas, previa propuesta del Ministerio Fiscal ratificada de conformidad por los
representantes de los intereses afectados.
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