Políticas de fomento de la vivienda de alquiler en Europa - Garraioak

La política de fomento de la vivienda de alquiler en Europa
6. La vivienda social en el Reino Unido
oportunidades alternativas de vivienda en todo el país. El
programa se dirige a personas residentes en Londres.
La duración ilimitada del alquiler depende en gran medida del tipo de
contrato de arrendamiento firmado. En el Reino Unido, los propietarios de
vivienda de alquiler privado normalmente alquilan su propiedad a precio
de mercado y su derecho a aumentar la renta depende del tipo de
arrendamiento.
Existen diferentes tipos de contrato de arrendamiento y unos ofrecen a los
inquilinos más derechos y más seguridad que otros:
– Assured Shorthold Tenancy (AST): es uno de los más comunes
en el sector privado de alquiler. Hace referencia a la gran
mayoría de los contratos de alquiler realizados desde el
28/02/1997.
– Assured Tenancy: Este tipo de contrato de arrendamiento
suele ser emitido por una autoridad pública o desde una
asociación de vivienda. Este tipo de contratos ofrecen cierta
seguridad en la permanencia mientras no se rompan los
términos del contrato.
– Contratos regulados (o "protegidos"): Son los contratos más
habituales antes del 15/02/1989. Este tipo de arrendamiento
ofrece la mayor protección contra los aumentos de alquiler
o el desalojo.
d) Participación de los inquilinos
En el Reino Unido, la consulta a los beneficiarios de vivienda se ha
convertido en una condición sine qua non para la implantación de
proyectos de reconstrucción urbana a gran escala, en demoliciones y en
regeneración urbana y económica.
Esta participación va más allá de la mera información cuando ya todo se
ha negociado entre las empresas de vivienda y las autoridades locales. Es
una participación de los ciudadanos desde el inicio del proyecto que
posteriormente se presenta a las Asociaciones de Vivienda y a las
autoridades locales. Incluso una participación que influye en cómo
asegurar la financiación del proyecto.
En Birmingham por ejemplo, se sacó a concurso público un proyecto de
renovación urbana. Los aspirantes al proyecto tenían dos años de plazo
para formar a los arrendatarios y lograr su participación. El proyecto
escogido había invertido varios millones de euros en conseguir involucrar
a los habitantes en el proyecto antes de que éste comenzara.
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