Razones para cerrar la Central Nuclear de Cofrentes - Greenpeace

9 ¿Quién pagará los
daños en caso de que se
produjera un accidente
nuclear en Cofrentes?
Básicamente lo pagarán los ciudadanos, dado que el Proyecto de Ley sobre
responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales
radiactivos (elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
y que está en tramitación en el Parlamento) establece un régimen de
responsabilidad civil muy limitada en cuantía (1.200 millones de euros, M€,
frente a los más de 250.000 M€ que ha costado el accidente de Chérnobil)
y en el tiempo para hacer frente a los daños reclamados, y contempla que el
sistema eléctrico pueda suplir al mercado privado de las entidades de seguros,
dada la negativa de éstas a cubrir los riesgos, aún de cuantía limitada, de las
empresas propietarias de centrales nucleares en caso de accidente.
En realidad, en contra de lo que el Gobierno pretende hacer creer, este su
Proyecto de Ley no tiene como objetivo proteger a las víctimas, sino proteger
a las empresas eléctricas, limitando las indemnizaciones a las que éstas
tendrían que hacer frente en caso de accidente nuclear.
Greenpeace y la Plataforma Tanquem Cofrents critican el trato de favor que
el Gobierno pretende dar a la energía nuclear con este Proyecto de Ley y
reclaman que la Ley instaure un régimen de responsabilidad civil por daños
nucleares donde el explotador de las instalaciones asuma de forma ilimitada la
cuantía de las reclamaciones y en el tiempo para reclamar daños.
Las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables de establecer
las garantías necesarias y si no pueden conseguirlas de las empresas de
seguros, tendrán que asumirlo inmovilizando fondos propios por un valor igual
o superior a la responsabilidad atribuida, tal como hacen, por ejemplo, las
centrales nucleares alemanas.
Los elementos más criticables del proyecto de Ley son:
- limitación a tan sólo 1.200 M€ la responsabilidad máxima de un explotador
de una instalación nuclear caso de accidente
- limitación a 10 años para reclamación de daños al medio ambiente y a las
cosas y de 30 para los daños a personas
- rebajar a 80 M€ la responsabilidad en caso de accidente nuclear en un
transporte nuclear (por ejemplo al cementerio nuclear centralizado, ATC, que
promueve el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
- Subsidiar a las compañías eléctricas a través del sistema eléctrico para
proporcionarles la garantía financiera que no les prestan las compañías de
seguros.
En efecto, el Gobierno reconoce en dicho Proyecto de Ley que las compañías
de seguros no quieren cubrir los riesgos, incluso limitados en su cuantía a tan
sólo 1.200 millones de euros, de las empresas con centrales nucleares en caso
de accidente nuclear.
Al respecto, en su Exposición de Motivos, dice literalmente: “Sin embargo,
durante la tramitación de la presente Ley se ha
constatado la dificultad de que el mercado de
entidades de seguros que opera en el territorio
nacional cubra la totalidad de la garantía
requerida, así como ofrecer a los explotadores,
en el momento presente, aseguramiento para
algunos de los daños contemplados dentro de
la definición de daño nuclear, en particular de
los medioambientales y de los personales que
se reclamen después de transcurridos 10 años
después de la fecha del accidente”.
Ante esa situación, el Gobierno pretende
ofrecer a las compañías nucleares “métodos
de aseguramiento alternativos al mercado de
entidades de seguros”, y establece en dicho
Proyecto de Ley la posibilidad de utilización de un
mecanismo en el sistema eléctrico para subsidiar
de forma encubierta la ausencia de interés del
mercado de seguros en realizar pólizas al sector
nuclear para cubrir su obligación legal de hacer
frente a los daños nucleares.
Así en el Artículo 12.3) dice: “el sistema eléctrico
podrá garantizar a los explotadores [de las
instalaciones nucleares] garantía de los riesgos por
daños nucleares no asegurables por las entidades
de seguros. Corresponde al Gobierno, a propuesta
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
el desarrollo de las disposiciones necesarias para
el establecimiento de dicha garantía, así como la
determinación de las primas que los explotadores
deberán abonar por la prestación de la misma”.
El Gobierno hace así un nuevo favor a la industria
nuclear, utilizando de forma reprochable, y con
perjuicio para los ciudadanos, un mecanismo en el
sistema eléctrico, para trasladar a los consumidores
los costes que la industria atómica no quiere
asumir, en una demostración irrefutable de que
la energía nuclear no puede subsistir sin recibir
continuos y generosos subsidios estatales.
Dado que, como demostró la catástrofe de
Chernóbil, el elevadísimo coste económico (sin
olvidar nunca además el coste social, de salud
pública y medioambiental) que puede llegar a tener
un accidente nuclear, el Gobierno debería retirar
este Proyecto de Ley y optar por establecer un
régimen que establezca la responsabilidad ilimitada
por los daños causados por accidentes nucleares,
tal como el que ya se encuentra en vigor en
Alemania y otros países.
Resulta incongruente que en la Ley de
Responsabilidad Medioambiental aprobada en la
legislatura pasada (pero que excluye las actividades
nucleares) se consagre la responsabilidad ilimitada
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Razones para cerrar la Central Nuclear de Cofrentes