Revista Pesca Agosto 2014

Respecto de la determinación de los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles
(LMP), consideramos que no se puede plantear para ello
un análisis de impacto regulatorio y económico, pues los
niveles de contaminación que puedan existir con una
actividad económica, están vinculados a la salud y el
ambiente, y no pueden depender de una variable
económica. Es evidente que se pretende con esto que
los ECAs y LMPs no sean exigentes, y que eventualmente
puedan evitar la realización de un proyecto cuando
genera niveles de contaminación que los sobrepasen.
Las medidas que el MEF promueve, también buscan
mantener los contratos de estabilidad tributaria para las
empresas mineras que inicien proyectos o realicen ampliaciones,
hasta por un máximo de 15 años, según los
niveles de inversión y la capacidad de producción. Sin
embargo, la norma plantea que el incremento de la producción
se realice en función de las concesiones, y no
de las Unidades Económicas Administrativas (como figura
en la vigente Ley de Minería), que son la agrupación
de concesiones a un radio de 5 km. Ello implica una mayor
actividad de remoción de tierra en la concesión, y
con ello mayores impactos ambientales, que no tendrán
mecanismos adecuados de prevención y mitigación
(EIA), y una institucionalidad débil para su fiscalización.
El paquete normativo impulsado por el MEF, nos hace
ver la facilidad con que los marcos normativos respecto
a los derechos de las personas, fin supremo del Estado
en la Constitución, se modifican en detrimento de sus
derechos (Criminalización de la protesta social, derechos
de los pueblos indígenas, tributación), mientras las normas
vinculadas con las empresas y la economía no se
cambian. También vemos como se simplifican los plazos
para facilitar las inversiones, pero cuando se trata de
agilizar los plazos para la justicia sobre la afectación de
los derechos de las personas, ahí si hay retraso y demora,
que no es justicia.
Constatamos con ello que son los tratados comerciales y
el poder económico, los que pesan más y pasan por encima
de los convenios internacionales de derechos
humanos y ambientales, y con ello de la propia Constitución.
Por ello reiteramos la necesidad de generar un diálogo
nacional para revisar éstas medidas y considerar los diferentes
puntos de vista que se vienen dando sobre los
serios impactos que podrían generarse para un verdadero
desarrollo a fin de establecer medidas reales y efectivas,
que busquen la paz social en el país, y no la división,
mayores brechas sociales y mayor conflictividad.
Fuente
https://secure.avaaz.org/es/petition/
Ollanta_HumalaPresidente_Rpbca_Luis_CastillaMEF_Fredy_OtarolaCongreso_
No_aprobarrevisar_desregulacion_de_las_mineras_que/?lChLQhb&pv=0
NOTA DE PESCA
Si bien es cierto este artículo se centra en la actividad
minera, no es menos cierto que alcanza
también al sector pesquero, el cual ya viene gozando
de liberalidad en cuanto a controles ambientales.
No existen Límites Máximos Permisibles aprobados
para la industria de Consumo Humano Directo,
la flota pesquera contamina también las bahías
donde fondea sin un apropiado control como
lo exige el MARPOL.
Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te cambian el
programa.
Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) Escritor español.
Revista Pesca Agosto 2014 20