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Oferta Cinematográfica Delegacional 2001-2010

La presente investigación evalúa la aplicación de las políticas públicas en materia cultural dentro de los territorios delegacionales del Distrito Federal, a partir de la exploración de su oferta cinematográfica brindada en los recintos y espacios públicos a su cargo, durante los años 2007 – 2010. Nuestro objetivo general fue conocer la lógica y estrategias que ponen en práctica las delegaciones para extender y diversificar su oferta cinematográfica a partir de sus políticas culturales y tras reconocer las ventajas y los retos de su territorio. Para lograrlo, nuestras herramientas de análisis se basaron en los distintos modelos de políticas culturales, generados principalmente por García Canclini (1987) y, la teoría de los campos, desarrollado por Bourdieu (2000). Ello posibilitó la mayor comprensión del campo cinematográfico en México, sus distintos agentes involucrados y las estrategias de subversión o dominación que realizan dentro del mismo. Distinguimos dos sistemas interrelacionados, el privado y el estatal, con concepciones distintas en cuanto al cine, ya sea como mercancía o como derecho y bien público de la población; concepción esta última, matizada en cada nivel de gobierno. Exponemos pues sus consecuencias dentro de los presupuestos y programas culturales a nivel D.F. y delegacional, reconociendo el papel que éstos tienen dentro del campo, sus estrategias de colaboración entre los distintos niveles públicos y privado, así como la participación con la sociedad civil organizada principalmente con aquellos “otros exhibidores” como son los cine-clubes. Finalmente hicimos un análisis estadístico y territorial de la oferta cinematográfica de 14 delegaciones que nos proporcionaron los lugares y títulos exhibidos, con lo cual generamos una base de datos que nos permitió conocer, en los hechos, el nivel de diversidad de producciones y el apoyo al cine mexicano como consecuencia de una lógica estatal de dicho nivel de gobierno.

La presente investigación evalúa la aplicación de las políticas públicas en materia cultural dentro de los territorios delegacionales del Distrito Federal, a partir de la exploración de su oferta cinematográfica brindada en los recintos y espacios públicos a su cargo, durante los años 2007 – 2010. Nuestro objetivo general fue conocer la lógica y estrategias que ponen en práctica las delegaciones para extender y diversificar su oferta cinematográfica a partir de sus políticas culturales y tras reconocer las ventajas y los retos de su territorio. Para lograrlo, nuestras herramientas de análisis se basaron en los distintos modelos de políticas culturales, generados principalmente por García Canclini (1987) y, la teoría de los campos, desarrollado por Bourdieu (2000). Ello posibilitó la mayor comprensión del campo cinematográfico en México, sus distintos agentes involucrados y las estrategias de subversión o dominación que realizan dentro del mismo. Distinguimos dos sistemas interrelacionados, el privado y el estatal, con concepciones distintas en cuanto al cine, ya sea como mercancía o como derecho y bien público de la población; concepción esta última, matizada en cada nivel de gobierno. Exponemos pues sus consecuencias dentro de los presupuestos y programas culturales a nivel D.F. y delegacional, reconociendo el papel que éstos tienen dentro del campo, sus estrategias de colaboración entre los distintos niveles públicos y privado, así como la participación con la sociedad civil organizada principalmente con aquellos “otros exhibidores” como son los cine-clubes. Finalmente hicimos un análisis estadístico y territorial de la oferta cinematográfica de 14 delegaciones que nos proporcionaron los lugares y títulos exhibidos, con lo cual generamos una base de datos que nos permitió conocer, en los hechos, el nivel de diversidad de producciones y el apoyo al cine mexicano como consecuencia de una lógica estatal de dicho nivel de gobierno.

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Capítulo 2. El campo cinematográfico en México<br />

La participación delegacional en la dinámica de la oferta cinematográfica de la ciudad de México, <strong>2001</strong>–<strong>2010</strong>.<br />

películas sólo se realizaría para filmes AA 1 y documentales, en laboratorios mexicanos y con actores y<br />

directores radicados en nuestro país. Obliga al gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y la<br />

Secretaría de Educación Pública, ejecutar una política de impulso a la industria cinematográfica a través de<br />

una serie de estímulos económicos e incentivos fiscales, creando el Fideicomiso de Inversión y Estímulos para<br />

el Cine Mexicano (FIDECINE). En cuanto a los retrocesos, la Ley dejó sin castigo lo referente al cumplimiento<br />

del tiempo de pantalla y; no reguló la transmisión de películas en la televisión, dejando dicha facultad a lo<br />

indicado por la Ley Federal de Radio y Televisión quien remite estos tipos de casos a la Ley de<br />

Cinematografía. A pesar de ello, uno de los grandes avances fue el reconocimiento a la industria por su<br />

importancia como vehículo de expresión artístico y educativo y; en consecuencia, la concepción de cada<br />

película como obra cultural y, a la producción cinematográfica como de interés social, dejando de considerar<br />

al cine como vehículo exclusivamente mercantil. (Ugalde, 2000)<br />

La legislación ha sido el primer punto de partida de la cadena de valor que produce las cintas para su<br />

consumo, al enmarcar los derechos y obligaciones de todo el campo cinematográfico. En este sentido, el<br />

papel del Estado mexicano se pensaría como fundamental para una óptima convivencia entre los agentes<br />

involucrados; sin embargo, como hemos visto, las legislaciones han fluctuado entre reglamentos de moral a<br />

ordenanzas que cobijan en buena medida a monopolios. Podemos resumir que los actores en pugna se<br />

diferencian en general por la concepción que cada uno asume del cine, ya sea una mercancía o una expresión<br />

cultural de cada creador. Por un lado, productores y distribuidores, con capital extranjero o con gran cercanía<br />

a éste, pugnan por mejores condiciones de exhibición dentro de un contexto de monopolio hollywoodense;<br />

mientras, los creadores nacionales persisten en el intento por favorecer la producción mexicana,<br />

hermanándose con el discurso de la Excepción cultural. La actual legislación parece haber favorecido, con<br />

algunas carencias, a esta última postura sin ser para ellos suficiente, por lo que las luchas subsisten entre los<br />

contendientes. No obstante, también es un marco legal que está permitiendo un apoyo creciente al cine<br />

mexicano a través del IMCINE, un actor clave a favor de su exhibición a nivel nacional, estatal y, para nuestro<br />

caso de estudio, delegacional.<br />

1 En su Artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía, las películas son clasificadas de la siguiente manera:<br />

I.- "AA": Películas para todo público que tengan además atractivo infantil y sean comprensibles para niños menores de siete años de edad.<br />

II.- "A": Películas para todo público.<br />

III.- "B": Películas para adolescentes de doce años en adelante.<br />

IV.- "C": Películas para adultos de dieciocho años en adelante.<br />

V.- "D": Películas para adultos, con sexo explícito, lenguaje procaz, o alto grado de violencia.<br />

Se adiciona la clasificación B-15: películas para adolescentes de quince años en adelante, a partir de la reforma a dicho Artículo en sesión<br />

ordinaria del 26 de abril del 2011.<br />

35 Adriana Urbina Islas

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