Laboral - AELE

INVITADO
tener un mínimo de 15 años para varones
y 12 y medio para damas, a fin de
gozar de este derecho.
Esta norma fue derogada por la Primera
Disposición Complementaria del
Decreto Legislativo Nº 817.
A pesar de la claridad de la redacción
de la norma, cosa extraña dentro
de la legislación previsional, el Tribunal
de Servicio Civil interpretó que el período
de formación profesional podía ser
acumulado al período de aportaciones
realizado, con la finalidad de obtener el
derecho a la pensión. Este concepto es
por demás equivocado.
Como corolario de este supuesto,
debemos manifestar que toda incorporación
que se haya realizado con violación
a lo señalado líneas arriba, ha incurrido
en causal de nulidad, por lo que
no resulta válida.
4. NORMAS PROCESALES APLICABLES
En las causas de nulidad de incorporación
se deben tener presente los siguientes
presupuestos procesales;
4.1 El plazo de prescripción de la
Acción Judicial de Nulidad de Incorporación
al Régimen del Decreto Ley Nº
20530, es de diez años, contados a partir
de la fecha en que el acto administrativo
que incorporó a la persona dentro del
citado régimen pensionario, quedó consentida.
Esto quiere decir, no desde el día
siguiente de la notificación realizada con
la Resolución de reconocimiento, sino después
de transcurrido el plazo para interponer
algún recurso impugnatorio en su
contra. Es recién a partir de dicha fecha
que se computan los 10 años a que hace
referencia el art. 4º de la Ley Nº 26835.
En el caso de las pensiones otorgadas
contraviniendo las normas del Dec.
Leg. Nº 763, el plazo de prescripción señalado
en el párrafo precedente no resulta
de aplicación, por lo que, de acuerdo
con el criterio jurisprudencial ya planteado,
coincidente con la posición de defensa
asumida por la Oficina de Normalización
Previsional - ONP, estas acciones,
carecerían de término de prescripción, por
ser nulidades que han operado de pleno
derecho, como lo ha prescrito la Ley.
4.2 El Juzgado ante quien se interpone
la acción es el Previsional, si ésta estuviera
dentro de la Jurisdicción de la Corte
Superior de Lima. En caso contrario, resulta
competente para conocer de la causa, el Juez
Laboral de la Jurisdicción correspondiente,
de acuerdo con lo prescrito por la Segunda
Disposición Final y Complementaria de la
Ley Nº 26960.
4.3 La representación procesal del
Estado en estas causas, recae en la Oficina
de Normalización Previsional -
ONP, la citación a las Entidades Pagadoras
carece de sustento, pues la representación
es clara y determinante. En
todo caso, de citarse a alguna Entidad
del Estado, ésta no podría apersonarse
en calidad de parte. Esta posición ya
ha sido asumida por la Sala Corporativa
Transitoria Especializada en lo Contencioso
Administrativo, segunda instancia
para este tipo de procesos.
4.4 El tipo de proceso en el que se
ventila la presente acción es el sumarísimo,
de acuerdo con las disposiciones contenidas
en el Código Procesal Civil (Art.
7º de la Ley Nº 26835), pudiendo acumularse
en calidad de pretensión accesoria,
la devolución de los montos indebidamente
cobrado. Aquí existen dos puntos
que consideramos pertinente aclarar:
4.4.1 Tal como claramente lo expresa
la Ley, las normas a aplicar son las del
Código Procesal Civil (CPC), no las del
Proceso Laboral. Esta aclaración se realiza,
pues muchos jueces laborales de provincias,
consideran que se aplican dichas
normas. Eso no es factible, pues vician de
nulidad del proceso. Lo mismo sucede en
las causas sobre Impugnación de Resoluciones
Judiciales, donde igualmente son
de aplicación las normas del CPC (artículos
540º y siguientes).
4.4.2 En cuanto a la pretensión accesoria,
aunque la posición del Juzgado Previsional
es contraria a su concesión, consideramos
que ésta debería ser otorgada,
pues debemos recordar que dichos fondos
provienen de un Sistema Previsional
quebrado y, por otro lado, debemos recordar
las normas sobre pago indebido
de buena fe recogidas en los artículos
1271º y1272º del Código Civil.
5. RECOMENDACIONES
En el presente caso, consideramos
pertinente realizar las siguientes recomendaciones,
las mismas que buscan
mejorar el tratamiento que se le da a esta
figura, sea de parte de las Instituciones
del Estado, sea de parte de los Organos
Jurisdiccionales:
5.1 Las Entidades pagadoras, a fin
de hincar las acciones judiciales correspondientes
dentro del plazo de prescripción
establecido por la Ley, deberían
realizar un estudio de sus expedientes administrativos
correspondientes a los trámites
de pensión del Decreto Ley Nº 20530,
a fin de evaluar cuál podría encontrarse
dentro de las causales de nulidad.
5.2 Una vez identificados los referidos
expedientes, remitirlos, a la brevedad
posible, a la ONP, para el inicio de
las acciones judiciales. Debemos recordar
que no existiría una posibilidad de
iniciar otro tipo de acción, en caso que
opere la prescripción.
5.3 La ONP, debería agilizar los trámites
para la presentación de los referidos
expedientes administrativos, reduciendo
los requisitos para presentarlos.
5.4 El Poder Judicial, a fin de cumplir
con el principio de celeridad procesal
y economía, debería evitar notificar
a la Entidad Pagadora, toda vez que el
Estado se encuentra válida y suficientemente
representado con la ONP, dentro
del proceso.
5.5 Asimismo, al momento de fallar,
debería considerar la posibilidad de ordenar
la devolución de lo indebidamente
percibido. Recordemos que algunos
pensionistas del D. Ley Nº 20530, tienen
ingresos muy superiores a cualquier
otro, de cualquiera de los otros Sistemas
Previsionales.
5.6 Finalmente considero que la ONP,
debería planificar una serie de conferencias,
a nivel nacional, que sirva para instruir,
principalmente a miembros del Poder
Judicial y personal de las Entidades
del Estado, en la evaluación y la calificación
de los derechos previsionales. A fin
de hacer más objetivas dichas charlas o
conversatorios, se sugiere la asistencia de
personas representativas de los sindicatos
de pensionistas y/o trabajadores.
Nuestra intención es aclarar el panorama
creado por la dación de las normas
que motivan este tipo de acciones.
Consideramos que hay mucho campo
por avanzar y que éste deberá realizarse
conjuntamente con la jurisprudencia,
la legislación y los aportes, grandes o
pequeños, que puedan darse a través de
nuestra doctrina nacional.
ABRIL 2000 13